Al respecto, más de un centenar de productores agrícolas se manifestaron frente al edificio de la Ciudad Judicial, donde se programó una audiencia para reclamar el pago del dinero a su ex representante, quien acudió, pero evitó la acción judicial, al exhibir un amparo en su favor.
Ahí, el asesor del ejido de Ayala, Amadeo Guevara Franco, informó que se acordó con el director de Gestión e Indemnizaciones de la CFE, Alberto Neri Toledo, la suspensión de los trabajos, hasta en tanto no se tenga una asamblea en la que se avale la ratificación, rectificación o anulación de la cesión del terreno, así como el hecho de que el depósito de la indemnización se haga llegar al ejido y no a una persona física, como ocurrió.
Señaló que el padrón está integrado por 676 ejidatarios, de los cuales, 64 dieron su visto bueno y algunos de ellos no sabían siquiera lo que firmaban, además de que 12 de ese grupo no reúnen los requisitos para ser considerados parte del núcleo campesino.
Guevara Franco sostuvo que sobre la petición para que se suspendieran las obras en el ejido “nos dio todo su apoyo la presidenta municipal, Francisca Callejas Castro”.
Señaló que al representante de la CFE, Alberto Neri Toledo, se le hizo ver que “debió haber convocatoria conforme a la ley; si somos 676 ejidatarios, a la primera fueron 16 ejidatarios, en la segunda llegan 64; de ésos, 12 no son ejidatarios. Entonces ahí está la ilegalidad de la convocatoria, porque además de esos 12, cuatro son ajenos y los otros ocho son posesionarios y del resto de los firmantes que son ejidatarios; estamparon su firma, pero fue de lista de asistencia a una reunión extraordinaria”.
En total se habían cedido a la CFE 36 mil 700.83 metros cuadrados de terreno.
