Al mismo tiempo, denunciaron hostigamiento por parte de las autoridades, pues los amenazan con no pagarles sus quincenas si no firman su aceptación de despido sin indemnización. Aseguran que con ello el Ayuntamiento está violando sus derechos humanos al echarlos a la calle sin pagarles ninguna prestación laboral, a pesar de que muchos llevan hasta 20 años de servicio.
"Llegamos a nuestro pase de lista y nos encontramos que no nos han depositado nuestra quincena, y ésa es nuestra inconformidad; ya pasamos con los altos mandos, nos ponen a personal administrativo el cual nos pide que le demos la atención porque ellos tienen documentación de que vamos a ser dados de baja, pero quieren que le firmemos documentos porque no se nos ha depositado nuestra quincena; pero ellos quieren que al mismo tiempo les firmemos el documento del proceso del que estamos siendo dados de baja", señalaron.
Dijeron que lo que están haciendo las autoridades de todos los niveles, es desmoralizar a los policías, al aplicarles el examen de control de confianza, un mecanismo que cuenta con muchas irregularidades, pues es aplicado por psicólogos y poligrafistas nuevos, sin experiencia. "Con estos mecanismos ya nadie quiere ser policía, porque se persigue más al policía que al delincuente", afirman.
Agregan que no es el mismo rendimiento de un policía que lleva muchos años de servicio que uno que acaba de entrar, por lo que exigen un plan de retiro o reubicación, para no dejar desamparadas a sus familias.
"Nos hacen examen con psicólogos que se dicen ser licenciados aprendices; se les solicitan las pruebas de audio y video y no los quieren mostrar. Se le pidió al secretario porque él dice que sí se están mostrando los audios y videos y no nos puede garantizar eso. No es confiable el examen. Si es necesario poner de cabeza esto, lo vamos a hacer; no se vale que estén violando nuestros derechos después de varios años de servicio", indicaron.
Los policías dieron a conocer que iniciarán diversas acciones para exigir la destitución del secretario municipal de Seguridad Pública, Alfredo Marín Cabrera, a quien acusan de no intervenir para evitar estas arbitrariedades. Al mismo tiempo, pidieron al gobierno del estado una revisión de los exámenes de control de confianza, pues sólo están sirviendo para dejar desprotegida a la sociedad, además de un programa de reubicación o de retiro conforme a la ley.
Los elementos policiacos convocaron a la totalidad de elementos despedidos (alrededor de 80) para iniciar un movimiento tendiente a defender sus derechos. Para ello pidieron la intervención de los diputados locales para frenar la violación a sus derechos, además de que interpondrán diversos recursos legales, apoyados por algunos abogados.
