Fue el triunfo de la demanda laboral que el supuesto extrabajador del ejido Armando Martínez Morales obtuvo contra el ejido de Cuautla por despido injustificado y en la cual exige el pago de 334 mil 808 pesos lo que convocó a una asamblea informativa para dar a conocer el caso con número de expediente 01/486/2009, radicado en la JE2LCYA. Lo anterior tomó por sorpresa a los ejidatarios, puesto que este asunto no les había sido notificado y tampoco fue respondido legalmente por sus representantes ejidales.
El caso en Conciliación y Arbitraje está perdido porque no presentaron defensa alguna. Aseguraron los ejidatarios que Martínez Morales “ni siquiera ha sido trabajador del ejido” y que “es un vividor”, según palabras textuales. Abogado de profesión, Martínez Morales fue “contratado” por el anterior presidente del comisariado Ismael Rodríguez y al salir éste, demandó al ejido por la razón antes mencionada. Se rumora además que han visto convivir al demandante con Josafat Torres Morales, presidente actual de este órgano ejidal, en lo que concluyeron los asistentes a la reunión que éstos “tienen un arreglo por debajo del agua en cuanto al pago que exigen al ejido”.
En dicha reunión, Josafat Torres Morales dejó en claro su incapacidad ante el cargo que ostenta como presidente del comisariado, ya que nunca habló al frente de los cerca de 200 ejidatarios que asistieron, sino que por el contrario, tomó asiento entre ellos y emprendió la huida de la misma cuando los ánimos subieron de tono al salir a flote todas las quejas y anomalías que han detectado en cuanto a la administración y actitud del secretario, Marcos Hernández Vázquez; el presidente, Torres Morales, y Antonio Rivera Casarrubias, responsable de la Comisión de Vigilancia.
Entre muchas otras quejas están el desvío de recursos, la voluntad de Rivera Casarrubias, alias “La Coca”, de no regresar la casa ejidal ubicada en el asoleadero –que se busca para establecer ahí las oficinas ejidales– y la asignación de un salario de mil 500 pesos semanales más gasolina –Torres Morales gasta hasta tres mil pesos por semana sólo en combustible¬–, asignaciones presupuestarias que no fueron aprobadas por asamblea. Además, el presidente y secretario tienen control de dos cuentas bancarias de la cuales no han dado informe.
El embargo se podría realizar en un plazo de seis meses en los bienes que se cuenten dentro de lo que se considere propiedad embargable. El caso será analizado y buscarán asesoramiento para tomar las medidas pertinentes.
Este encuentro fue convocado por el tesorero Jesús Chávez Ramírez, quien fue el único miembro del comisariado reconocido por los ejidatarios. Chávez Ramírez llegó acompañado de un abogado especialista en la materia con la finalidad de responder dudas que los asistentes pudieran destacar en cuanto a la demanda y evaluar las acciones a seguir. Por su parte, los ejidatarios señalaron que lo más urgente es la destitución de quienes conforman el comité luego de ser demostrada la falta de representatividad del ejido en menos de un año en que dicho órgano campesino tomó el cargo. Este punto será el primero a analizar en la próxima asamblea, a efectuarse el próximo sábado, aunque, señaló Chávez Ramírez, la remoción, de hacerse, por legalidad se efectuará dentro de aproximadamente dos semanas.
