De acuerdo con Marco Antonio Rosete Argandar, presidente de la Alianza Transportista de Cuautla y la Región, “la ruta 1-B, debido a la presión que ha tenido el director del Transporte, Francisco Alva Meraz, por parte de la ruta 4, que está prestando el servicio sobre el libramiento hacia el Instituto Tecnológico de Cuautla, se nos llevan a cabo este tipo de acciones”.

Y añadió que es una situación “donde se nos quiere obligar a que demos el servicio usando el puente ‘mocho’, cuando siempre lo hemos dado por el libramiento”.

Por ello dejó en claro que “la Dirección General del Transporte no es la facultada para obligar a nadie a cambiar su recorrido, esto debe de ser a través del gobernador y secretario general”.

Y agregó que “es una tramo federal, pero los supervisores no nos detienen en el tramo federal, porque incurrirían en un delito, pero lo hacen en un lugar donde tenemos autorizado prestar el servicio; son cuidadosos para no caer en una irregularidad”, destacó.

Luego de la detención de tres de las unidades de esta agrupación, sostuvo que “debemos hacer un escrito de inconformidad, para que el jurídico de la policía estatal nos las cancele y sean devueltas las unidades sin el pago de la infracción, aunque si tenemos que pagar corralón y por lógica ese día deja de percibir el sueldo el operador y dueño de la unidad”,

De acuerdo a lo establecido, las unidades, en caso de que hubiesen salido de su recorrido original de Piedra Blanca, deberían de pagar una infracción de 27 mil pesos por cada unidad detenida.

Recordó que esta intención de que se hiciera un cambio al recorrido, se les notificó desde el ex director David Gómez Basilio, “a quien se hizo ver que él no estaba facultado para tomar determinaciones en los tramos de jurisdicción federal, posteriormente se vino el cambio de director, el actual Francisco Alva Mera, quien vino hacer el recorrido con nosotros y comprendió que él no se tenía que meter, más sin embargo nos sorprende, porque él mismo ordenó el operativo que tuvimos”.