La adherente de esta organización agregó que no se han encontrado resultados acertados ante imputaciones que han planteado las afectadas, y que en ocasiones piensan que se está inventando el delito con la intención de perjudicar a terceras personas, lo cual genera controversia.

Todo esto afecta la credibilidad, porque quién va a ir a un ministerio público a mentir de algo tan delicado, sobre todo como es el abuso sexual o maltrato físico y psicológico. A todo esto se plantearon las recomendaciones siguientes a las autoridades: mayor capacitación a todo el personal y que entiendan que el lugar que ellos ocupan no les da derecho a juzgar.

Debido a que existen funcionarios que hacen cuestionamientos tales como: “¿Te violaron? ¿Dónde estabas? ¿En qué rumbo fue? ¿A qué hora? y ¿Cómo estabas vestida”, “creo que se deben emitir juicios de valor, no hay nada que justifique el maltrato a una mujer, que se entienda que la violencia no es normal, pero el peor de los problemas es el proceso legal, ya que es lo cual tarda meses, favoreciendo al agresor, dándole tiempo suficiente para desmentir tal señalamiento y con esto sigue habiendo impunidad”.

De cada 10 mujeres que son afectadas sólo en una es muy probable que exista respuesta favorable. En su mayoría las víctimas son quienes tienen que hacer toda la indagación y en ocasiones hasta el papeleo para agilizar las investigaciones, resultando esto indignante para la ofendida.

“Por eso hacemos un llamado a las autoridades pertinentes a través de la asociación civil, que atiendan lo más rápido que se pueda este tipo de denuncias y dar vigencia a los resolutivos, ya que hoy en día las féminas no pueden andar en las calles con la seguridad que necesitan, porque pueden recibir insulto o estar alertas ante cualquier ataque”, destacó Ana María Gutiérrez González, miembro activo de “Decisión Mujeres por Morelos”.