De acuerdo con su representante, Alberto Cruz Gómez, “este asunto trae como raíz, la declaratoria que establece como área natural protegida un espacio de 152 hectáreas, declaratoria publicada en Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ el 31 de marzo de 1993.

“El caso es que, a partir de ello, se han pretendido llevar a cabo desarrollos de interés público, social y privado, como el frustrado Parque del Bicentenario, el cual se iba a realizar sin el consentimiento de los titulares, que somos los ejidatarios”, sostuvo.

Señaló que “el principal problema es que un proyecto de esta naturaleza no sólo les despojaría de sus tierras asignadas por decreto presidencial, sino que se pondría en riesgo la dotación del agua potable a corto plazo”.

Cruz Gómez agregó que “posteriormente se viene desarrollando un proyecto que se le denomina parque ecoacuático, para lo cual ya vinieron personal universitario para concluir los trabajos técnicos del proyecto”.

En este sentido, agregó que “incluso ya se nos mostró el proyecto que se busca sea aprobado en nuestros terrenos, mismos que nos fueron asignados por decreto presidencial, ignorando ese decreto y sin tomarnos en consideración a nosotros, ni al Registro Agrario Nacional, la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Procuraduría Agraria”.

De hecho, sobre este asunto, ya se tuvo una plática con Daniel Sotelo Murillo, delegado de la Procuraduría Agraria, a quien se solicitó su intervención, fianlizó.