Luego de que este sábado los padres de familia, estudiantes y vecinos que defienden la escuela impidieran el avance de la demolición, denunciaron la implicación de presuntos funcionarios municipales detrás de los intentos de despojo, pues al ser detenido el chofer de la máquina retroexcavadora con la que derribaron la barda perimetral, éste aseguró haber sido contratado por el Ayuntamiento “para derribar una escuela viejita”.

Los defensores del plantel identificaron a un sujeto de camisa azul y pantalón de mezclilla, quien presuntamente se ostentó como funcionario municipal y quien este fin de semana, junto con una mujer, encabezó la irrupción ilegal a la telesecundaria con la intención de derrumbar los salones para apropiarse del predio.

Al mismo tiempo, los afectados señalaron que una mujer, de nombre Elvia Andújar Beristaín, utiliza las instancias del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para despojarlos del terreno donde se ubica el plantel educativo, mismo que les fue donado por los ejidatarios –hace más de 26 años– para la creación de la escuela. Aseguran que con influencias políticas, dicha mujer ha obtenido documentos apócrifos con los que reclama el terreno, donde se ubica el casco de la ex hacienda Guadalupe.

También señalaron que cuando han dado a conocer dichas irregularidades a los medios de comunicación, Elvia Andújar Beristaín recurre a la PGJ para demandarlos y así intimidarlos para que dejen de defender la escuela.

La tensión se reavivó este sábado, cuando la mujer, acompañada por el presunto funcionario municipal, ordenó el derribe de la barda perimetral para permitir el ingreso de un grupo de vándalos quienes, con palos y machetes, agredieron a los padres, maestros y alumnos que estaban de guardia. Los desalojados pidieron ayuda y lograron el apoyo de más vecinos quienes lograron detener al maquinista e inmovilizar la retroexcavadora.

Enseguida pidieron el apoyo de la Policía Preventiva Estatal (PPE); elementos antimotines arribaron al lugar para impedir una agresión más violenta y resguardar el lugar. De inmediato se inició una denuncia en la Subprocuraduría de Justicia de la región oriente por los delitos de allanamiento, daños y lo que resulte.

Los padres de familia y estudiantes exigen la intervención del gobernador Marco Adame para frenar estas amenazas, pues a pesar de que ha habido la presencia de representantes del Departamento Jurídico del IEBEM, las acciones de la presunta despojadora parecen tener más peso en las instancias judiciales y de procuración de justicia, pues no han tenido ninguna respuesta a favor de la escuela.

Finalmente, dieron a conocer que iniciarán con movilizaciones hasta lograr que las autoridades de los tres niveles de gobierno les hagan caso, ante lo que consideran una injusticia.