En conferencia de prensa, el presidente del Colegio, Adolfo Bautista Hernández, acompañado por un grupo de colegiados, entre ellos el representante de la constructora San Gabriel, Genaro González Guerrero, señalaron “la violación al precepto legal”.
Recordaron que la ganadora de la licitación fue la empresa Torreza, “la que incluso ejecutó la obra en sus laterales; pero al retirarse, corresponde a San Gabriel la ejecución de los carriles centrales, al ocupar la segunda posición en la licitación llevada a cabo”.
La semana pasada se iniciaron los trabajos de pavimentación en carriles centrales, para lo cual el director general de Obras Públicas, Marco Alberto Ortega González, sostuvo que “la obra se realiza por administración directa”.
Para los ingenieros, “eso no es posible porque el ayuntamiento carece de maquinaria y personal especializado para el desarrollo de las obras”.
Incluso denunciaron que se ha visto personal y maquinaria de la empresa “Wat Construcciones”, la cual señalaron “se encuentra establecida en la ciudad de Cuernavaca y su participación es una violación a la ley”.
Asimismo, denunciaron que una persona del área jurídica, “identificada como José Alberto Rueda, encabezó acciones de hostigamiento en las oficinas de la empresa San Gabriel”.
“Llegó supuestamente a entregar una notificación, pero lo hizo acompañado de la Policía Municipal, mostrado agresividad contra nuestros trabajadores, por lo que hay temor de que vayamos a sufrir algún atentado, ya sea alguno de los 25 empleados, la maquinaria o las unidades automotoras”, observaron.
González Guerrero estableció que solicitó al ayuntamiento, a través de un escrito, una explicación “del porque la obra que teníamos asignada la desarrolla una distinta”, pero desde que se iniciaron los trabajos y hasta la fecha no han recibido respuesta.
Asimismo, señaló que “nosotros recibimos la propuesta del director de Obras Marco Alberto Ortega González, que hiciéramos los trabajos, que nosotros financiáramos la obra, cuando la legislación marca que nos deben entregar al menos el 30% y ya se había anunciado que contaban con 44 millones de pesos para el desarrollo de los trabajos”.
Ante los hechos, finalmente anunció que “nuestro abogado estudia las acciones legales, las cuales se habrán de determinar posteriormente, pero sí se actuará, pues se violaron nuestros derechos como empresa y se afecta a 25 familias por esta determinación”, concluyó.
