Estos hechos se hicieron ver en las instalaciones de la presidencia, donde en rueda de prensa el alcalde Ariza Rosas, en compañía de los integrantes del cabildo, el secretario José Gabriel Infante Pastrana y de su asesor jurídico Alejandro Luna Maldonado, dieron a conocer tales hechos, que serán en beneficio del municipio.
El alcalde dio a conocer que debido a lo excesivo de las pretensiones de los demandantes, instruyó al departamento jurídico para que se revisara minuciosamente el juicio laboral, así como la defensa, siendo detectado que las reinstalaciones ordenadas por el TECA resultaban “ilegal e improcedente”, puesto que el personal que sería removido de su cargo nunca fue llamado a la querella, contrariándose con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 690, así como lo señala en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende, violentando con ello sus garantías de seguridad, audiencia y legalidad.
Por ello se dieron a la tarea los abogados del Ayuntamiento a la defensa de los intereses legítimos adquiridos por parte de los que ocupan los cargos de secretario general, contralor, los directores de obras públicas, licencias y reglamentos, etc., dichos representantes de estas áreas del periodo 2009-2012, quienes presentaron su amparo ante el TECA, ya que nunca fueron llamados como terceros perjudicados a juicio, así como también que la municipalidad presente tampoco lo fue a través del síndico, en calidad de representante legal, reconocido como tal en la Ley Orgánica Municipal vigente del estado de Morelos; consecuencia que la justicia federal en el momento de dictar sentencia respecto al amparo iniciado, concede la protección de las garantías individuales a favor de los trabajadores de este gobierno, para que el procedimiento hasta hoy concluido con un laudo de 12.5 millones de pesos se repusiera desde la etapa de arbitraje, quedando desde la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas; etapa que inició hace aproximadamente cuatro años y medio.
Es notable que los hechos del acontecimiento legal existente por solicitantes del régimen 2003-2006 obedece a una serie de errores cometidos por el TECA en la sustanciación, sin hacer a un lado las faltas graves cometidas por el mismo en contra del principio básico de todo tipo (Igualdad de las partes), dando condenas exageradas en contra del municipio como lo es los pagos de salarios caídos, aguinaldos, vacaciones, etc. Sin existir de por medio ningún tipo de actividad laboral de la parte demandante.
El representante legal del gobierno actual se ha manifestado respetuoso de la ley y de los que hoy exigen el pago del supuesto adeudo, abierto al diálogo y firme en su disposición al pago de la prestaciones, que según obra en archivos de esta administración, quedando pendientes por pagarles, la ultima quincena del mes de octubre y de aguinaldo correspondiente al último año (2006).
Para finalizar, el munícipe señaló que “la lucha aún no termina, pues el juicio continuará desde una etapa que nos permitirá la búsqueda de una solución conveniente a los intereses” del pueblo jonacatepense.
