Fue el propio Zaragoza Miranda quien dio a conocer que “ante el incumplimiento de pago, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) determinó girar una orden de arresto en contra del alcalde; la sindico, Juanita Guerra Mena; el tesorero, Alfonso Martínez García, y el director de Administración, Rogelio Espejo Martínez. Por lo que debieron de recurrir al amparo del juzgado federal”.

Añadió que “el alcalde de ese periodo, el entonces perredista Arturo Cruz Mendoza, impuso el descuento de su salario a integrantes del cabildo, supuestamente para realizar diversas obras, mismas que jamás se ejecutaron; por lo que al término de la administración, la mayor parte de los concejales demando dicho pago ante los tribunales”.

De acuerdo con el ex síndico, persiste la negativa a que se le pague ese dinero y “lo que procede es el desafuero para los funcionarios, independientemente de la resolución definitiva del juzgado de distrito por el amparo que interpusieron para evitar el arresto por 36 horas”.

Para finalizar, estableció que “tengo entendido que algunos ex compañeros de cabildo, en sus asuntos personales, han llegado a la orden de arresto; obviamente se amparan, pero en este caso particular deben de cumplir, pues es una resolución”.