Cuautla.- Comerciantes establecidos de varios municipios de la región oriente de Morelos se quejaron por el cobro de impuestos y derechos que, aseguran, están derogados por la Ley de Coordinación Fiscal, pero que las nuevas leyes de ingresos de los municipios ignoran, provocando un descalabro económico a las fuentes de empleo.
Así lo señaló Miguel Leana Vélez, representante de los comerciantes del Centro Histórico de Cuautla, quien dijo que tanto los cabildos como los diputados del Congreso del Estado han pasado por alto lo estipulado por la Ley de Coordinación Fiscal.
“La Ley de Coordinación Fiscal señala que todo negocio de giro blanco está exento, mas no aquellos que enajenan alcohol en distinta modalidad; todos los giros blancos tienen la obligación de inscribirse pero no de pagar”, apuntó.
“De hecho los incrementos se dan en los derechos. Los ayuntamientos solamente tienen dos rubros para cobrar impuestos que es el Impuesto Predial y el ISABI, de ahí en fuera lo demás son derechos para lo cual de acuerdo al 115 constitucional en materia de derechos el gobierno del estado está coordinado, en consecuencia los ayuntamientos, con la federación, el cobro de los derechos no debe de hacerse”, afirmó.
Destacó que como consecuencia de la aplicación de la ley, municipios como Cuautla han recibido recursos por 32 millones de pesos para no hacer el cobro de derechos, “lo que violenta la Ley de Coordinación Fiscal que reza que los ayuntamientos están impedidos para hacer cobros acerca de estos derechos, pero para ellos ha sido letra muerta, incluso me atrevo a señalar que es un total desconocimiento de los legisladores y de los cabildos”, indicó.
Leana Vélez manifestó que como consecuencia en Cuautla más de 10 mil comerciantes han sido afectados con cobros que van de los seis mil a los 12 mil pesos. “Aquí en Cuautla hay negocios de giros blancos que les han sacado desde seis mil, ocho mil y 12 mil pesos por extenderles una licencia de funcionamiento, y todo eso va acompañado de otro abuso más que se da que para que le den una constancia de Protección Civil y otro documentos en Obras Públicas sobre uso de suelo”.
Agregó que los reclamos de los comerciantes enfrentan diversos obstáculos, pues para hacer valer lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal tienen que acudir a las oficinas centrales de la Secretaría de Hacienda, en la Ciudad de México, porque en la entidad nadie tiene la capacidad de resolver el problema.
