Cuautla.- Al sumarse al paro de labores realizado en los ocho estados del país donde se ubican los 11 ingenios de la empresa Beta San Miguel, integrantes de la Unión Local de Productores de Caña (ULPC) del ingenio de Casasano advirtieron que podrían paralizar el inicio formal de la zafra, que está previsto para las próximas horas, en caso de que la empresa no cumpla con los acuerdos asumidos con las dirigencias nacionales de las organizaciones cañeras de la CNC y CNPR.

Desde las 07:00 horas de este martes, en representación de los productores cañeros de la región oriente del estado que abastecen de materia prima al ingenio azucarero, un grupo de campesinos se plantó en los accesos a la fábrica para suspender el ingreso de caña proveniente de los campos, la cual sería utilizada para los procesos de prueba, previo al inicio de la zafra 2017-2018.

El dirigente de la UNPC de Casasano, Carlos Arias Reyes, manifestó que esta manifestación es en solidaridad con sus compañeros del ingenio “San Rafael” de Pucté, en Quintana Roo, cuya gerencia se niega a pagarle el remanente de la zafra 2016-2017.

Señaló que por decisión de las dirigencias nacionales de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), se tomó el acuerdo de paralizar actividades en los 11 ingenios de la empresa Beta San Miguel, para obligar a que se cumplan los compromisos pactados.

El dirigente local cañero señaló que la gerencia del ingenio “La Abeja” de Casasano inició con las pruebas de molienda desde el pasado fin de semana; sin embargo, se siguen haciendo ajustes a la maquinaria, “la cual no quiere arrancar bien”, y advirtió que de no resolverse el pago a sus compañeros, podrían suspender el ingreso de caña al batey para paralizar el inicio formal de la molienda, pues refirió que al no pagar la empresa se violenta el Acuerdo Nacional de Precio de Referencia para el pago de la Caña.

Arias Reyes también mencionó que otra de las inconformidades con los empresarios se debe a que pretenden cobrar altos intereses por el dinero que, de manera tradicional y con base en la ley cañera, se entrega anticipadamente a los cortadores de caña para mantener a sus familias en tanto se trasladan a Morelos y fluyen los primeros pagos.