Hoy por la mañana, ciudadanos se manifestaron en las oficinas de la base de la Ruta 8 para exigir justicia por la muerte de un niño de 10 años que fue atropellado en mayo pasado por un chofer que trabajaba con una discapacidad y que después de haber cometido el atropellamiento fue liberado bajo fianza por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) .

Ante esto el director de Transportes, Francisco Alva Meraz se contradijo pues asegura que es muy difícil contar con un padrón de concesionarios y saber si los chóferes son aptos o no y si tienen antecedentes penales.