Víctimas denuncian despojo y desalojo de un inmueble.

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Javier Romero Ulloa y Alma Patricia Salas Ruiz fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por dos víctimas, quienes denunciaron que en un juicio plagado de irregularidades fueron despojadas y desalojadas de un inmueble. 

Jessica Lozano Reyes, dueña de la casa, y Janet Araceli Xicoténcatl Feregrino, quien rentaba la propiedad y tenía el domicilio registrado en un juicio familiar, señalaron una doble victimización, porque mientras a la primera le fue literalmente arrebatada su propiedad sin ser llamada a juicio, la segunda fue vinculada a proceso por el presunto delito de despojo y desalojada con el uso de fuerza pública de la casa con su hija, hermana y sobrinos, dejándole en la calle.

Jesús García Aguilar, abogado de Janet Araceli, narró que en 2023 su representada fue víctima de violencia familiar, abandonó el domicilio conyugal y buscó un lugar nuevo donde vivir; fue así que arrendó a Jessica la vivienda bajo contrato y con el acuerdo de algunas facilidades para la estancia de su hija con necesidades especiales. 

A mediados de 2024, Janet Araceli se enteró de que una persona quiere quitar la casa a Jessica y ella, al rentar y ocupar el inmueble, es imputada y vinculada a proceso por el presunto delito de despojo, a pesar de que sólo arrendaba la vivienda. 

El abogado narró que aportó las pruebas de que Janet Araceli sólo rentó la casa, la cual está registrada como lugar de residencia de la menor en el marco de un juicio familiar de guarda y custodia, sin embargo, el pasado 9 de junio, cuando acudió a revisar el expediente a los juzgados de Cuautla, reiteradamente se le negó el acceso al documento, y después de reclamar al oficial judicial, al secretario de acuerdos y al propio juez de la causa, Javier Romero Ulloa, finalmente pudo revisar el expediente y se percató que había sido "ordeñado", es decir, habían desaparecido una serie de pruebas aportadas por la defensa y varios documentos. 

Pero lo más grave fue que ese mismo día estaba programada la audiencia para dictar sentencia, de la que ni Araceli ni su defensa fueron emplazados y de la que el abogado se enteró fortuitamente al preguntar al personal judicial sobre los asuntos enlistados para audiencia. 

Pese a no haber sido citado, el litigante acudió a la sala de juicios orales y ahí encontró a una defensora de oficio, quien le comentó que había sido llamada para atender este caso sin conocerlo. Ante la serie de anomalías, tanto del abogado como de la defensora pública, plantearon al juez Ulloa Romero la existencia de graves irregularidades y que no había condiciones para la celebración de la audiencia, pero el juzgador ignoró los argumentos, celebró la audiencia y ordenó la restitución del inmueble a un hombre que se dijo dueño del lugar. 

"En aras de seguir violentando derechos, él continúa diciendo que se va a celebrar la audiencia; yo le digo (al juez) que esto puede constituir un delito y él dice que ‘adelante’. Empezamos la audiencia sin condiciones, sin expediente y determina restituir la casa, quitarle la casa a mi defendida, donde ella se encuentra depositada con su menor hija. La fiscalía inicia una investigación porque yo establecí que había menores depositados y determina la fiscalía que no se puede ejecutar (la sentencia) porque hay una menor depositada por orden de un juez familiar", explicó. 

Días después, al encontrarse el juez Ulloa Romero de licencia por paternidad, en su lugar, la juez Alma Patricia Salas Ruiz ordenó ejecutar inmediatamente la sentencia y desalojar con el uso de la fuerza pública a Janet Araceli y a su familia de la vivienda que rentaban, dejando a su hija, a su hermana y sobrinos en la calle, sin darles siquiera la oportunidad de mudarse, y muy a pesar de que había un apercibimiento de la fiscalía de que no podía ejecutarse tal sentencia porque el domicilio está registrado como "depósito judicial" de una menor en el marco de un juicio familiar. 

Además, un juzgado federal concedió una suspensión a Araceli para evitar el desalojo, pero aun así fue sacada del domicilio. 

"Hoy hacemos un llamado a la señora gobernadora, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, a Derechos Humanos, que pongan atención en este caso porque, como éste, presumimos que hay muchos, donde jueces vendidos, donde jueces que violentan a ley, donde jueces que afectan al ciudadano están gozando de todos los privilegios, están aprovechando el cargo para violentar la ley y cometer delitos", señaló el litigante, quien señaló que por estos hechos los juzgadores fueron denunciados ante la fiscalía anticorrupción, ya que también existe la sospecha de que pudiesen haber recibido sobornos de la contraparte. 

Jessica Lozano, dueña de la vivienda, dijo que compró el inmueble hace más de siete años y toda la documentación está en regla, incluyendo el contrato de arrendamiento suscrito con su inquilina, Janet Araceli, y nunca fue emplazada a juicio, siendo que es ella la propietaria, lo que es una prueba más de las irregularidades que existen y de las que son partícipes los jueces denunciados.