Por la presunta compra irregular de papelería por casi 22 millones de pesos.

Por segunda ocasión, tres exfuncionarios de la Tesorería y la Secretaría de Hacienda de la administración graquista fueron vinculados a proceso por la presunta compra irregular de papelería por casi 22 millones de pesos.

Por este caso, en marzo de 2022, el exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de delitos de peculado y ejercicio abusivo de la función pública.
En tanto que el extesorero Armando Sanders de Mendoza; Jorge Sánchez Rodríguez, exsubsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda; y Carlos Alberto Bermúdez Pureco, ex director General de Presupuesto y Gasto Público, fueron vinculados por supuesto ejercicio ilícito del servicio público.

Sin embargo, los imputados recurrieron la resolución del juez de control y finalmente el asunto se dirimió en los tribunales federales.

En cumplimiento de la sentencia de amparo, el 13 de febrero el juez de control emitió otra resolución, en la que confirmó la  vinculación a proceso a los ex servidores públicos Armando Sanders, Carlos Alberto Bermúdez y Jorge Sánchez Rodríguez por el mismo delito por el que originalmente habían sido imputados, es decir, ejercicio ilícito del servicio público.

A esta audiencia no se presentó el exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, ya que su defensa legal presentó un “justificante médico” para diferir su comparecencia.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, existen indicios de que el exsecretario de Hacienda fue quien solicitó hacer el pago millonario a la empresa Praimberg Binomio Comercial S.A. de C.V. sin existir ni siquiera un contrato para la adquisición del material de papelería.

En tanto que el extesorero autorizó en 2017 un total de 76 pagos a la empresa para cubrir 21 millones 735 mil pesos, a pesar de la inexistencia del contrato y la falta de comprobación de la entrega de los materiales supuestamente adquiridos; y el exsubsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y el ex director General de Presupuesto y Gasto Público, incumplieron con su obligación de supervisar y controlar el gasto público conforme a la normatividad aplicable.