*Por presuntamente beneficiarse de una pensión tramitada de forma irregular*

Mediante un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) dio a conocer que imputó por el delito de uso de documento falso a Octavio "N", quien presuntamente obtuvo pensión por jubilación de forma irregular, ya que acreditó 23 años de servicio efectivo con constancias falsas.

Este martes, en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la Fiscalía Anticorrupción imputó a Octavio "N", quien de acuerdo con la investigación, el seis de julio del 2017 presentó una solicitud de jubilación ante el Congreso de Morelos en la que aseguró contar con 23 años de servicio efectivo, siendo su último empleo en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

Para ello presentó una constancia de servicios, de fecha 19 de mayo de 2017 emitida por Mario Sergio Talavera Abarca, entonces director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, estableciendo que Octavio "N" había laborado durante el periodo del primero de junio de 1994 al 31 de enero de 1997, con el cargo de auxiliar adscrito a la dirección de Colonias y Poblados; sin embargo, dicha constancia contiene hechos contrarios a la realidad.

Lo anterior ya que su currículum archivado en el expediente laboral registrado en la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo establece que del 14 de septiembre de 1995 al 26 de octubre de 1996 laboró como auxiliar de almacén de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social del municipio de Zacatepec, por lo que no pudo haber trabajado en Puente de Ixtla al mismo tiempo.

Con datos falsos asentados en la constancia, el imputado tramitó su jubilación y mediante el decreto 3423, publicado el 12 de septiembre de 2018 en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, le fue otorgada la pensión al 65 por ciento de su último salario, y con base en un peritaje que obra en la carpeta de investigación, desde 2018 a septiembre de 2021 se generó una afectación de 751 mil 912 pesos en agravio de la Secretaría de Hacienda de Morelos; se dieron 144 horas para la audiencia de vinculación.

De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho "a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa".