*Es la cuarta vinculación contra el exsubsecretario de Desarrollo Sustentable, por presuntos delitos de corrupción*

A través de un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó en un comunicado que logró la cuarta vinculación a proceso contra Topiltzin “N”, exsecretario de Desarrollo Sustentable de Morelos; tercera contra José Iván “N”, exsubsecretario de Gestión Ambiental Sustentable y segunda contra Noé “N”, exdirector general de Gestión Ambiental, ahora por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Al presentar contundentes datos de prueba, la Fiscalía Anticorrupción logró que una juez determinara vincular a proceso a los imputados, y concedió seis meses para el cierre de la investigación.

Presuntamente el 29 de noviembre de 2016, los tres imputados firmaron la acta de entrega física y formal de una planta de valorización de residuos sólidos en el municipio de Tlaltizapán, construida por la empresa Fabricantes y Distribuidores de Materiales para la Construcción S.A. de C.V. (Fadim); en tanto, el 19 de octubre de 2018 hicieron una tercera visita, sin advertir las deficiencias de la misma.

Es por ello que, en cumplimiento a una resolución de alzada, la Fiscalía Anticorrupción nuevamente imputó a los exservidores públicos, debido a que no cuidaron los intereses y el patrimonio del estado, causando una grave afectación, y al presentar sólidos datos de prueba y argumentación, obtuvo vinculación a proceso.

Cabe recordar que en otro caso, los tres exfuncionarios también fueron vinculados por el mismo delito, ya que presuntamente entregaron sin funcionar una planta valorizadora que costó más de 39.5 millones de pesos.

Además, Topiltzin "N" y José Iván "N" están vinculados por la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos, ubicada en la localidad “El Zarco”, Yautepec, la cual costó más de 13 millones 800 mil pesos pero nunca funcionó.

Topiltzin "N" además está vinculado por ejercicio ilícito del servicio público por una planta valorizadora de residuos, ubicada en Jiutepec, por la que se pagaron 34 millones de pesos, la cual no fue terminada, ni se encuentra activa.

De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada, tiene derecho "a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa".