Familiares de Oliver Wenceslao Rodríguez Hernández, joven secuestrado y asesinado en el 2013, denunciaron que con la nueva titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) se ordenó la inhumación de 353 cuerpos, programada para el mes de marzo, a pesar de que no se tienen los perfiles genéticos y bases de datos de los restos.

Al respecto, la tía y la madre de Oliver Wenceslao indicaron que el argumento es la inauguración de las nuevas oficinas de la dependencia estatal.

También anotaron que existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de que se cumplan los mismos lineamientos que se aplicaron en las fosas de Jojutla y Tetelcingo.

Señalaron que ya han pedido al fiscal general del estado que se evite dicha inhumación, al recordar que como notario él acudió a las fosas y sabe que al no contar con los referidos elementos estarían condenando a las víctimas a que jamás sean plenamente identificadas y que sus familias no sepan lo que ocurrió con esas personas.

Mencionaron que la propia Fiscalía les informó que el laboratorio del Servicio Médico Forense (Semefo) no está en operación, por lo que las pruebas hechas en otro laboratorio no cuentan con la acreditación de las instituciones que participaron en las diligencias efectuadas en las fosas; añadieron que incluso ese laboratorio no ha terminado y según la cifra oficial lleva sólo el 70 por ciento.

Finalmente, indicaron que llamarán a víctimas de otras entidades para que acudan a solicitar la identificación plena y confiable, además de agregar que tampoco se ha fijado fecha para continuar los trabajos que quedaron inconclusos en Jojutla.