Oscar Granat Herrera, Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, ante los periodistas organizados en la Apecomor, aportó datos de la mayor importancia para la comprensión de la difícil reglamentación en la que descansa el proceso que vivimos a plenitud. La democracia no se limita al 1 de julio; es antes y después –explicó el servidor público- al compartir información sobre la preparación de la elección y los tiempos que podrían extenderse hasta el último día de diciembre “ante posibles impugnaciones”.
Su paso por al frente del IEE le permite aportar varias ideas sobre las cuales puede avanzar nuestra democracia: cita, aunque aclara que es una aportación personal, la necesidad de avanzar en la Ley de Participación Ciudadana –que sabemos se estancó en su reglamentación- para dar cabida a nuevas figuras jurídicas que privilegiarán a la ciudadanía.
Reconoció el alto costo de nuestra democracia al estar basada en la desconfianza, sin embargo comentó que es bastante económica al evitar enfrentamientos y generar una transición pacífica entre gobiernos.
Un cálculo matemático le permitió compartir que son aproximadamente entre 300 y 320 mil votos los que tendrá que aglutinar el candidato que pretenda ganar la gubernatura del estado, siempre y cuando la participación alcance el 60%, como lo marcan los antecedentes. Ningún candidato, en cualquiera de los espacios en juego “puede decirse ganador”; las encuestas son cuestionables porque en su mayoría no alcanzan ni siquiera el 1% como muestra del padrón.
Sobre las manifestaciones que ha anunciado el movimiento #YoSoy132 comentó que nada les impide manifestarse y además que es parte de la libre manifestación, sin embargo dejó en claro que quien considere que existe apoyo de algún partido o candidato deberá denunciar y por supuesto probar su acusación.
La ley, comentó, sanciona el seguir en campaña a favor de algún candidato pero no establece ninguna limitante para quien lo haga en contra.
Y también lanzó una alerta y de antemano la solicitud: “El presupuesto del Instituto alcanza hasta el ultimo día de julio; debe considerarse que los funcionarios electorales deberán permanecer activos hasta el final del proceso, que se augura hasta el 31 de diciembre por las impugnaciones que puedes darse a nivel municipal; son más de 500 y cada uno de ellos recibe en promedio 4 mil pesos mensuales.
Aunque existen varias excepciones, para evitar la confusión, se recomendó “marcar” solamente un recuadro por boleta; esto habrá de generar certidumbre en que el voto es válido y no existirá posibilidad de ser anulado por los funcionarios de casilla.
No es delito fotografiar la boleta; lo es el lucrar con esa imagen, ya sea económicamente o en especie. No hay ninguna obligación para el retiro de la publicidad en espectaculares ni en unidades móviles, sin embargo, existe un pacto entre el IEE para que a más tardar el último día de julio todo sea retirado.
Debe saberse también, dijo, que es la primera ocasión que no se colocó propaganda en postes, casetas telefónicas –aunque ahora las hay iluminadas y sin teléfono- ni en ningún otro mobiliario público. Las empresas propietarias de los anuncios espectaculares y en los autobuses serán las primeras interesadas en el cambio, ante la necesidad de su comercialización inmediata.
Granat Herrera reconoció la importancia de trabajar en equipo y mucho más cuando se trata del periodismo; reconoció la labor de los comunicadores en Morelos y el gran valor que tiene en el ejercicio democrático.
Al Aire
El lunes hablaremos de los triunfadores.
Sea quienes sean, que le cumplan a México, a Morelos y sus ayuntamientos; sabremos obligarlos y reclamárselos en su caso.