Se aplauden los logros de la política macroeconómica --con una inflación bajo control (3+/-1%); un tipo de cambio estable (dentro de cierta banda); un crecimiento modesto (entre 4 y 3%), pero relativamente satisfactorio en las condiciones mundiales; un bajo grado de endeudamiento público, y tasa de interés (4.5%) abajo de su nivel neutral. Pero no se analizan, y menos se discuten, las bases estructurales sobre las cuales se sustentan las metas y resultados macroeconómicos.
Mientras tanto, ya se han presentado y circulan varias propuestas de política y reformas económicas para los candidatos. Destacan por su solidez, "Perspectivas OCDE: México, Reformas para el Cambio, enero 2012"; "El México del 2012, Reformas a la Hacienda Púbica y al Sistema de Protección Social" del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, y "Enhancing the U.S.-Mexico Economic Partnership" de la U.S. Chamber of Commerce, División Americas.
Los varios grupos de interés y representantes de empresas y de la sociedad civil sugieren a los candidatos una serie de medidas de cambio (incluso "estructural"), pero no la revisión o, menos aun, una modificación en los fundamentos de la política macroeconómica. Recortes en el gasto corriente, un nuevo impuesto, apoyo a algún sector de la industria (ante las presiones a las exportaciones), entre otros, no son cambios de fondo a la política pública más importante; ni suficientes para darle nuevas bases económicas al desarrollo.
En cualquier caso, no hay propuestas radicales o giros de dirección. Más bien, lo que se propone es la continuidad. Las iniciativas que sí hay sobre política social, ambiental, energética, incluso fiscal, se presentan como "independientes" a la política macroeconómica; en otras palabras, como si operaran en esferas distintas y separadas de la economía.
También existe una aceptación tácita sobre la estructura social del país. Hay coincidencia sobre la política de asistencia a aquellos que viven en pobreza extrema, pues incluso los gobiernos priistas la diseñaron (Pronasol, Progresa), los panistas la ampliaron (Oportunidades), y los perredistas la complementaron (apoyo a los adultos mayores).
Se acepta sin análisis crítico la tesis de que la clase media ha crecido, goza de mejores niveles de bienestar y tiene amplias expectativas de consumo. Y se ha dicho de manera ligera que México es "un país de clase media", sólo a partir de un estudio patrocinado por empresas comerciales que equipara el bienestar social con un tipo y un nivel de consumo de corto plazo.
Y, finalmente, se acepta que la principal estructura productiva y comercial del país (en telecomunicaciones, televisión, minería, automotriz, aviación, alimentos, banca y servicios financieros) esté organizada en forma monopólica u oligopólica.
A lo más, el debate en las elecciones versa sobre las condiciones para una mayor eficiencia en ciertos sectores --desde las políticas petrolera y fiscal hasta la misma política educativa--; pero en el marco de un mismo modelo económico. Las variables macro fundamentales (tasas, reservas, déficit, etc.) no son sujetas a discusión bajo principios o paradigmas distintos.
Y aunque ya hay algunas referencias útiles sobre la posible relación entre cambio de "régimen" y la distribución del ingreso en América Latina (véase Paul Krugman "Putting the Gini Back in the Bottle", "krugman.blogs.nytimes.com"), dicha relación aún no ha sido suficientemente estudiada.
Haciendo eco de las tendencias dominantes del discurso, incluso algunos intelectuales y lideres ciudadanos y sociales ("Preguntas cuyas respuestas podrían transformar a México") se ubican también dentro del marco restringido del debate. Sus posiciones buscan empujar hacia una mayor "eficiencia económica" a sectores que, hoy en día, no resultan productivos en un mundo global, donde lo que se privilegia es la competividad en el mercado.
Por todo lo anterior, la elección presidencial no representa en este momento histórico un cambio de dirección, sino la continuidad del modelo estructural. Sin embargo, lo que queda por resolverse con la decisión del candidato es mucho, y podrá afectar a sectores estratégicos enteros (petróleo, educación, seguridad social, laboral, etc.)
Por ello, habrá que ver cómo se vinculan o se insertan las propuestas de política pública en el marco más amplio de una política macro y un modelo que ha predominado cerca de dos décadas en la economía del país. Sólo así podremos saber qué sí puede cambiar y qué no con un nuevo gobierno.