No somos expertos en el tema, es más ni siquiera aficionados al deporte de mayor influencia en México, pero nos parece que el símil, retrata con toda claridad, lo que hoy se vive al interior de ese Poder, que lejos de significar equilibrio, motivación para el desarrollo, control de los excesos, y otras muchas facultades que les establece la ley, ni siquiera son capaces de dar seguimiento, verificar y atender, lo que a ellos mismos les genera beneficios.

¿Qué podemos esperar los mortales sin fuero? Hoy entendemos el porqué la Ley de Seguridad Social y Protección de los Periodistas en Morelos que hemos impulsado, en la cual ha existido participación, análisis y compromiso, de parte de varios diputados, duerme el seño de los justos.

“Una orden dada, no seguida, no sirve para nada”; esta máxima es aplicable para todo en la vida. Quienes nos desempañamos en la iniciativa privada, que tenemos la obligación de entregar resultados, ya sea a nuestro patrón, a nuestros socios, o en su caso a nuestra propia empresa, aplicamos en cada segundo este principio elemental. Uno podrá ser el gran dueño o el gran patrón, el jefe ejemplar, pero si tus órdenes no son seguidas, a pesar de que tengas establecido con claridad la distribución de responsabilidades, pasas a ser una figura inservible que sólo encuentra beneficios cuando sus subalternos le superan en responsabilidad.

La reforma constitucional cumplió con el proceso legislativo. La iniciativa del diputado Rufo Villegas fue aprobada en la Junta de Coordinación Política, obtuvo un dictamen favorable, fue ubicada en el orden del día para tratarse en el pleno, fue sometida a votación y aprobada por la mayoría de los diputados. Fue enviada a los municipios para que sus cabildos la analizaran, debatieran y votaran. 14 municipios la votaron a favor, 2 en contra y 16 municipios no la analizaron y al cumplirse el plazo de 30 días sin dar aviso de su postura al Congreso se aplica la “afirmativa ficta”, con lo que quedó lista para el siguiente episodio.

Fue enviada al Ejecutivo y promulgada. Por último publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad y con ello se establece su inicio de vigencia.

La sorpresa llegó cuando, ante la ausencia, distracciones, falta de seguimiento, cuidado en los tiempos legales, verificación de las obligaciones, se dejó todo en manos de los subalternos, que además estaban sujetos a que los jefes, es decir los diputados, se dignaran firmar la documentación correspondiente.

El secretario general Tomás Osorio Avilés y Lizbeth Hernández Lecona, secretaria de Asuntos Legislativos y Parlamentarios, son ahora señalados por los molestos legisladores que vieron truncada su trampa legal, el engaño con barniz constitucional.

Las diputadas Jessica Ortega de la Cruz y Hortencia Figuera Peralta, con sus dos votos en contra a la abusiva reforma, serán ubicadas como congruentes y con decencia al legislar. Por los pronto, buen favor hicieron los diputados a la siguiente Legislatura que podría beneficiarse, ya que será aplicable en los comicios de 2015.

Ante este supuesto, por supuesto que empujaremos para que la contrarreforma sea de las primeras decisiones que vote la LII Legislatura. Estos abusos solamente pueden ser consecuencia de una errónea tarea, protegida y facultada por ley.

Pero tal vez podría darse antes el arreglo: todos los diputados suplentes de la LI Legislatura, hoy recobran sus derechos y podrán, en caso de que los propietarios decidan buscar nuevas oportunidades electorales, asumir la responsabilidad de la curul, y consideramos que en justicia, estará por supuesto adelantarse a quienes les seguirán, y ellos mismos echar abajo lo que, de forma abusiva, intentaron arrebatarles los actuales representantes populares.

Si tuviesen alguna duda para actuar, les recordamos cual fue parte de la justificación para alejarlos de esa oportunidad: la modificación constitucional “compagina el trabajo legislativo con la función social”, evita hacer uso innecesario de los diputados suplentes y no hay posibilidad de desvío de recursos públicos a las campañas proselitistas, ya que los legisladores no manejan recursos o programas sociales.

Los integrantes del Congreso –detallan en el Decreto- “como legisladores tenemos la obligación de estar presentes en todo momento al servicio de nuestros gobernados, por lo que debemos de terminar el encargo para el que fuimos elegidos”. Y los suplentes entonces para que se elijen entonces, nos peguntamos.

Si varios legisladores piden licencia para contender por un cargo municipal –argumentan- habría un desequilibrio económico y laboral para el Congreso, que generaría el ingreso de más personal, o el despido del anterior; aunado a esto el seguimiento a los trabajos legislativos se perdería con los diputados suplentes, “por lo que consideramos que el ingreso de éstos debe darse en casos estrictamente necesarios”.

En esos renglones hay suficiente materia para que los diputados suplentes, analicen el cómo se vulneraron sus derechos y no permitan que en futuras legislaturas esto se repita. Están obligados, en su momento, a regresarle el espíritu al artículo 117 de la Constitución de Morelos. De no ser así, sólo quedará claro que el Poder Legislativo de Morelos habrá pasado de Guatemala a “Guatepeor”.