No hay explicación que quepa o pueda darse, ante hechos que solamente pueden traducirse en barbarie y en una lucha sinrazón.

Pero lo acontecido ahora en La Herradura, Huixquilucan, Estado de México, al ser blanco un autobús escolar, del Colegio Merici, con menores a bordo, simplemente supera cualquier explicación. No hubo víctimas mortales para fortuna de todos, pero volvemos a nuestro tema, el daño que estos pequeños han recibido, será difícil de saldar.

Según explicó el chofer del autobús, pisó el freno de la unidad al ser sorprendido por el sonido de lo que advirtió fueron disparos; tras unos segundos de confusión, después del estruendo se percató que el autobús había recibido siete impactos de bala, lo que provocó gritos y crisis de los cuatro menores que en el viajaban.

El momento fue de pánico; los menores tuvieron que ser atendidos por elementos de emergencia, debido a las crisis nerviosas que presentaban.

Hasta el momento se advierte que lo acontecido pudo ser consecuencia de un conflicto vehicular, como los miles que diariamente se viven en la zona urbana de la ciudad de México. Un intento por ganar un espacio entre el chofer del autobús y un automóvil particular estuvo a punto de culminar en tragedia.

Apenas ayer escribimos ¿Qué ciudad sigue? ¿Cuántas muertes habremos de reportar? Afortunadamente las preguntas quedaron sin respuesta en este caso, sin embargo es claro que la impunidad campea en el territorio nacional. Cualquiera puede venir armado y puede actuar con la tranquilidad de no encontrar sanción.

En el Distrito Federal y la zona conurbada es obligatoria la contratación del servicio de transportación escolar para pequeños que acuden a instituciones educativas. El 3 de febrero de 2009 fue publicado en la Gaceta oficial del Distrito Federal en Decreto del Programa de Transporte Escolar que prácticamente abarca a todos los estudiantes, que salvo muy contadas excepciones, pueden encontrar una dispensa.

En agosto de 2010, una denuncia publicada en el espacio cibernético ciudadanosenred.com.mx, hacía notar que el servicio de transporte escolar en el estado de México permanece sin reglamentación, a pesar de que son planteles particulares en los que hay mayor demanda, y por tanto, no hay forma de castigar o responsabilizar a quien conduce uno de estos transportes y pone en riesgo la vida de los menores.

A pesar de que este servicio se encuentra especificado dentro del reglamento de transporte mexiquense, hasta el momento no hay un registro del número de unidades que circulan en la entidad. Según el reglamento este tipo de transporte es especializado, en el que también se engloba al de personal de empresas y turismo, el cual debe operar vehículos con capacidad máxima de 45 pasajeros y una mínima de ocho.

Según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), Odilón Nava, hay un promedio de 2 mil vehículos que circulan tan sólo en los municipios de Toluca, Zinacantepec, Calimaya, Almoloya de Juárez y Ocoyoacac, pero no tienen regulación, pues no cuentan con un permiso ni tarjetón específico.

En la entidad mexiquense hay servicio de transporte particular que incluso se oferta fuera de las escuelas, y contactan a los padres de familia en el momento de la inscripción o la compra de uniformes, a quienes les venden el servicio entre 400 y 600 pesos mensuales.

Algunos servicios se conforman por grupos de padres de familia que van a la misma hora a dejar a sus hijos, y se coordinan por días de la semana, quienes sólo se cooperan para la gasolina.

“El problema en estos casos es que no hay nadie que pueda sancionar o adjudicar responsabilidad específica al conductor que por desgracia tenga un accidente (…) Ha ocurrido en varias ocasiones que los niños resultan dañados, lesionados, lastimados, incluso quienes han perdido la vida, pero no hay forma de responsabilizar a nadie, pues son irregulares”, especificó la Cámara de Transporte.

Nada justifica este ataque pero tampoco la actitud, de demostrarse, incorrecta del conductor que puso en riesgo a los menores. Compartimos estos datos simplemente como alerta a los servicios que se prestan en nuestro Estado.