El Colegio de Abogados, en voz de Enrique Paredes, advierte que no se debe repetir “la inactividad e ineficiencia de la última responsable” de la delegación de la PGR y solicita que quien se haga cargo sea preferentemente oriundo de Morelos y que haya aprobado todas las evaluaciones contempladas en el examen de control de confianza. En este caso, no necesariamente estaríamos de acuerdo: la oriundez no es garantía de nada y los exámenes citados parecen ser un filtro infranqueable que no nos dice nada.
“Estas remociones generan preocupación pues aunque la PGR no ha explicado el fondo de las destituciones, existen elementos que apuntan a que los delegados no habían pasado los exámenes de control de confianza y que algunos estarían siendo investigados”, así reflexiona tras este escandaloso anuncio la presidenta de la Barra de Abogados, Adela Manzanarez Alonso.
Pero además señala: “No fue renuncia sino una evidente destitución masiva de delegados de la PGR por razones que no han quedado muy claras”.
Era notoria la inactividad de la delegada en Morelos, lo cual evidenciaba que la representación estaba prácticamente acéfala. Arremete Paredes Sotelo en el entendido de que él, junto con otros muchos expertos en la materia jurídica, tiene la necesidad de enfrentarse o en su caso soportar el trabajo de investigación del Ministerio Público federal. La pasividad en la delegación de la PGR –detalla- provocaba “una ineficaz integración de las averiguaciones previas y en el combate a la delincuencia organizada”.
El anuncio para los delegados fue dado a conocer directamente en las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, según narró Norma Patricia Valdés Argüelles, delegada en Querétaro, y aprovechó para argumentar que ella renunció ya que le habían propuesto un cambio de ciudad que no coincidía con sus próximas metas personales.
Sin embargo, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Alejandro Poiré, dejó en claro que los motivos particulares del movimiento de los 21 delegados regionales deberá la Procuraduría precisar en ello y de ser el caso, detallar quiénes podrían estar involucrados en una investigación.
El senador de la república Manlio Fabio Beltrones exigió a la PGR aportar más información para respaldar la medida “tan drástica”; explicar y documentar las causas, señaló.
Deberíamos por supuesto otorgar el beneficio de la duda a favor de la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales, pero en realidad los antecedentes más cercanos, los más escandalosos, nos hacen dudar de esta decisión que puede convertirse en el ¡PROCURADURAZO!
De forma similar, se actuó en el “Michoacanazo”: el operativo policiaco y militar que llevó acabo el gobierno mexicano para lograr la detención de 12 presidentes municipales, 8 altos funcionarios del gobierno estatal, 1 juez, 12 policías, 2 ex directores de Seguridad Pública y la persecución de 1 diputado federal electo del estado de Michoacán, acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de tener vínculos o ser miembros del cártel de la delincuencia organizada conocida como La Familia Michoacana. El resultado hasta esta fecha es un pleito que ha ganado en diferentes instancias el diputado desaforado Julio César Godoy. Todos los demás fueron absueltos y recibidos en sus comunidades con aplausos.
El caso Jorge Hank Rohn es más reciente, de todos conocido. Valga rescatar el absurdo anuncio de la procuradora Morales cuando advirtió que no se recurriría al arraigo para evitar que la opinión pública considerara que había alguna carga política en la decisión. El resultado lo conocemos: por falta de pruebas, es decir, ante la incapacidad del Ministerio Público federal de presentar elementos suficientes en el plazo de ley, absurdamente no ampliado cuando se tenía la posibilidad jurídica, se evitó que las cosas quedaran transparentes. De esta forma, aunque existía el argumento de la flagrancia por parte del Ejército, la PGR prefirió evitar críticas o señalamientos políticos.
Tal vez el resultado sería el mismo; sin embargo, el que una procuraduría responda más ante una situación política que una exigencia y obligación jurídica es de dar miedo.
En fin. ¿Cuántos de los delegados destituidos en verdad merecían este trato? ¿Cuáles son los antecedentes para una decisión radical y múltiple?
Esperemos que el caso de estos días no se convierta en el ¡PROCURADURAZO!