Lectura 3 - 5 minutos
El primero con el tema tratado en la edición de ayer sobre las miles de vivienda de interés social deshabitada y la falta de infraestructura para tener más habitantes en estos lugares, la voracidad de empresarios y la complicidad de gobernantes. El restante es del abogado Isaac Medardo Herrera Chávez, quien entregó en propia mano a Andrés Manuel López Obrador, una serie de denuncias documentadas en contra de Rabindranath Salazar Solorio y Miguel Rabadán Calderón, los dos últimos alcaldes que gobiernan –sí, así es, el primero los dos trienios, sobre todo el que corre desde su curul en el Congreso Local--. Es un extracto de la carta que aparece a partir de mañana en el catorcenal TNT.
Del ex diputado Antolín Escobar
Hola Javier,
En el caso de Temixco, Geo tiene proyectado construir 20 mil casas en Temixco y Cuernavaca, la mayor parte están ubicadas en Temixco, en terrenos del Ejido de Pueblo Viejo.
Las casas fueron ofertadas mencionando que se construiría un distribuidor vial que comunicaría el desarrollo habitacional con la Autopista a la altura del Polvorín. Como vez ahora, el gobierno federal ya inicio los trabajos para la construcción del distribuidor vial. Desde luego con cargo al erario público. Pues las relaciones de los dueños de Geo, están a primer nivel.
Las primeras casas (dos mil fueron autorizadas por el ex presidente Gregorio Razcón González, quien sustituyó a Javier Orihuela en la Presidencia Municipal, que se negó a retirarse cuando Javier pretendió infructuosamente regresar.
A la fecha Nereo ha autorizado más de 5 mil casas.
El área de donación que por obligación la empresa donó al Ayuntamiento con la primera autorización otorgada por Gregorio Razcón, fue otorgada por Nereo a la Geo, pues ya se construyeron casas sobre dicha área.
Por cierto, muchos de los campesinos que vendieron sus tierras han sido víctimas de la delincuencia organizada.
Sé que también Casas ARA van detrás de GEO construyendo sus casas a un lado de ese desarrollo.
Saludos
Antolín Escobar
Advertencia con Tiempo
Al otro día, seguramente después de haberse enterado de la denuncia, en el mitin frente a la Presidencia Municipal de Jiutepec, Morelos, ante la presencia de más de 1500 simpatizantes, dentro de los cuales en el estrado se encontraban Rabindranath Salazar Solorio y Miguel Ángel Rabadán Calderón, Andrés Manuel López Obrador en su discurso enérgicamente advirtió…”NO SE CONFUNDAN… NO QUEREMOS EL PODER PARA HACER LO MISMO QUE HOY DENUNCIAMOS DE GOBIERNOS CORRUPTOS”.
CONTEO DE DESVÍO DE RECURSOS MILLONARIO
Si consideramos que en las tres ediciones anteriores llevamos un conteo de desvíos de recursos por un monto de $26 480,675.00 (veintiséis millones cuatrocientos ochenta mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 M. N.), dentro de los cuales, tres de los cuatro casos denunciados ante AMLO ya están considerados en dicho conteo, sólo tenemos que sumar los $21 977,730.00 (veintiún millones novecientos setenta y siete mil setecientos treinta pesos 00/100 M. N.) del caso presentado en el numeral 5 de la denuncia, por lo que, el monto del desvío de recursos asciende a:
$48 458,405.00 (Cuarenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 M. N.).
EN RELACIÓN A LOS HECHOS
En el libro “La mafia nos robó la presidencia”, Andrés Manuel López Obrador menciona que durante la campaña, siempre explicó de manera sencilla la forma como iban a financiar el desarrollo del país y a cumplir con los compromisos.
Que su propuesta para obtener recursos y financiar el desarrollo se sustenta en tres grandes decisiones, de las cuales cabe destacar las dos primeras:
“Primero. Combatir la corrupción. No permitir que se sigan robando el presupuesto que es dinero del pueblo, siempre he sostenido que nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes, que esa es la causa principal de la desigualdad social y económica. Siempre he creído, también, que la corrupción hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, sino porque ello permite liberar fondos para el desarrollo.
Segundo. Aplicar una política de austeridad de Estado para impulsar el crecimiento y garantizar el bienestar. Con ese propósito se reducirá el costo del gobierno, que paga la sociedad. Teníamos bien estudiado como ahorrar, desde el primer año, 100 mil millones de pesos, lo cual implicaba terminar con los privilegios en las altas esferas del gobierno. Repito: en ninguna circunstancia, menos aún en una situación de estancamiento económico, desempleo y empobrecimiento, los servidores públicos pueden disponer del presupuesto para obtener altos salarios, prestaciones, beneficios y comodidades. Por el contrario, esos recursos deben canalizarse a la atención de las necesidades apremiantes de la gente. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.