Se apunta que se gasta mucho en la educación. En términos absolutos es cierto. Como porcentaje del gasto de la federación también es cierto. Sin embargo somos uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos invierte en el gasto público por alumno. Mientras México invierte 2 mil 284 dólares por alumno, tomando como referente todos los niveles educativos, los países de la OCDE destinan en promedio 8 mil 169 dólares. El gasto por alumno en educación superior, por ejemplo, es 3.3 veces superior al que se destina para educación básica, y media superior.

Estamos gastando mucho dinero en educación pero no les estamos dando a los estudiantes la atención que debería ser, al no otorgarles los recursos financieros necesarios. Se tiene que continuar con el fortalecimiento del salario de los maestros como elemento fundamental del proceso educativo, aumentar la inversión en infraestructura y servicios educativos en aquellas regiones donde se carece de lo más elemental para educar dignamente a los alumnos.

Sin duda es necesario evaluar la cantidad y el destino de los recursos que se dan y se gastan en educación. Tenemos que reconocer que los recursos públicos, tanto federales como de los estados, no se han utilizado con base a una planeación estratégica. Prácticamente hemos resuelto las problemáticas como se presentan año con año, o a lo mucho, sexenio tras sexenio, cuando existen países que han dado pasos cualitativos en la tarea educativa.

Corea, provincias de China y algunos países Latinoamericanos y de Europa, han diseñado políticas de planeación en la educación de largo plazo, a través de las cuales han movilizado recursos –no necesariamente mucho mayores a los que en términos absolutos se invierten en México- pero sí subordinados a una política que es evaluada sistemáticamente, que es medible, donde todos los actores se sujetan a esos procesos que se derivan de la planeación de largo plazo.

Necesitamos contar con una planeación de largo plazo que defina los recursos de los próximos diez años a objetivos plenamente medibles y alcanzables, con tareas y responsabilidades para cada uno de los actores que participan en el proceso educativo. De forma directa: los maestros y las autoridades educativas, y de manera indirecta, los padres de familia, los medios de comunicación y la sociedad civil en general. Se trata de un esfuerzo nacional, de Estado, para que nuestro país pueda iniciar un proceso de reforma educativa que urge. Si no lo hacemos, seguiremos gastando mucho dinero en educación, continuaremos sobrecargando a los maestros de la responsabilidad de sacar adelante el proceso educativo por sí solo, sin ningún otro recurso o instrumento.

Este proceso tiene que estar acompañado de otras estrategias gubernamentales, que introduzcan tecnologías modernas de manera integral, que coadyuven en la adecuada alimentación de los alumnos, en las condiciones de salud y de seguridad en los entornos escolares, que fortalezcan a la familia como componente imprescindible en la educación moderna. En fin, una política integral que abarque muchos temas para que el debate sobre la calidad educativa no recaiga únicamente sobre los maestros, de por sí sobrecargados de responsabilidades y tareas ante un mundo mucho más diverso y complejo.

De lo contario, quedaremos desfasados de la senda del desarrollo. El país que no compite en el mundo no se mantiene en el lugar en que se encuentra. Va perdiendo lugares en la competencia internacional.

Ex Consejero Electoral del IFE/Presidente de la Fundación para la Cultura del Maestro