El Gobierno de España anunció su intención de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, como parte de un paquete de medidas para reforzar la seguridad digital y proteger a niños y adolescentes.
La propuesta incluye la obligación para las plataformas de implementar sistemas efectivos de verificación de edad, más allá de simples casillas de confirmación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó que esta iniciativa responde a la creciente preocupación por la exposición de los jóvenes a discursos de odio, contenidos pornográficos y desinformación en internet.
Durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, Sánchez advirtió que los menores se enfrentan a un entorno digital peligroso y afirmó que el Estado ya no permitirá que naveguen “solos” en ese espacio.
“Los protegeremos del salvaje oeste digital”, señaló.
España se suma así a una tendencia internacional. Australia fue el primer país en aprobar una prohibición similar en diciembre, y otras naciones como Reino Unido y Francia analizan medidas basadas en la edad.
En este contexto, Sánchez informó que España forma parte de una nueva alianza con otros cinco países europeos, denominada la “Coalición de los Digitalmente Dispuestos”, cuyo objetivo es coordinar una regulación digital común a nivel transfronterizo. La primera reunión del grupo se celebrará en los próximos días.
Además, el Ejecutivo español presentará la próxima semana un proyecto de ley que buscará responsabilizar a los directivos de las redes sociales por la difusión de contenidos ilegales o de incitación al odio.
La iniciativa también contempla tipificar como delito la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilícitos, así como la creación de sistemas para rastrear el discurso de odio en línea.
El proceso legislativo comenzará de manera formal en los próximos días.
Paralelamente, la Fiscalía analizará posibles infracciones legales relacionadas con el funcionamiento de plataformas como Grok, propiedad de Elon Musk, así como TikTok e Instagram, de Meta.
Con estas acciones, el Gobierno de España busca establecer reglas más estrictas para un entorno digital más seguro y responsable.
