Frente a las recientes tensiones en la red eléctrica y el aumento de la factura energética en España, Cataluña ha dado un paso estratégico para fortalecer su infraestructura eléctrica. La Generalitat ha aprobado por vía urgente una modificación del Decreto ley 16/2019, integrando el almacenamiento energético mediante baterías como un pilar clave de su transformación energética.

Esta reforma introduce ajustes en la normativa energética y urbanística, con el objetivo de facilitar la instalación de sistemas de almacenamiento a gran escala. A partir de ahora, estas infraestructuras recibirán la calificación de interés público superior, lo que permite su despliegue incluso en zonas no urbanizables, equiparándolas legalmente a servicios técnicos críticos.

Además, la nueva regulación establece condiciones para acelerar la tramitación administrativa de proyectos renovables y habilita, por primera vez, la integración de baterías independientes (stand-alone) y hibridadas con plantas solares o eólicas, respondiendo a una demanda histórica del sector tecnológico-energético.

El despliegue ya está en marcha: Cataluña ha procesado 94 proyectos de almacenamiento, de los cuales 87 son independientes, con una capacidad total de 920 MW, y 7 están vinculados a instalaciones renovables, sumando otros 22 MW. Con esto, la región se posiciona como líder en la implementación de infraestructura de almacenamiento a escala industrial.

Sin embargo, el avance tecnológico no está exento de controversia. Expertos advierten que el verdadero reto no es solo técnico, sino regulatorio y económico: actualmente, las baterías no vinculadas al autoconsumo no pueden participar en mercados de balance, lo que limita su rentabilidad. Además, organizaciones sociales han criticado el impacto ambiental asociado a la extracción de materiales clave como litio o tungsteno, necesarios para la fabricación de baterías.

En paralelo, tecnologías emergentes como el grid forming —que permite a las baterías simular la inercia de las centrales tradicionales— y el desarrollo de microrredes autónomas están mostrando su potencial para estabilizar una red cada vez más descentralizada y dinámica.

Con esta reforma, Cataluña no solo refuerza su red frente a futuras crisis, sino que sienta las bases para un ecosistema energético más inteligente, flexible y resiliente. La pregunta ahora es si el resto del país será capaz de adaptar su marco regulatorio con la misma agilidad para no quedarse atrás en la carrera por la transformación energética.