La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció restricción al fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos, que deberá ser aplicada por todos los jueces del país. La resolución a la letra dice:

“Los jueces del Estado mexicano deben replicar, en casos futuros, el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla y en aplicación del artículo primero constitucional”.

En Morelos, antes, el Poder Legislativo fue directo, preciso y definitivo:

“Hoy la presencia militar en el estado se asume como un riesgo y no como un factor para proveer seguridad y certeza a la población de Morelos”.

Los legisladores definen además como urgente limitar la actividad de los militares y así evitar que a ellos, les sean entregados por parte de las autoridades civiles, presuntos responsables de participar en el crimen organizado pues para ello existe el Ministerio Público Federal, la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía Federal Preventiva, que sí poseen el marco jurídico adecuado para esas funciones.

Se exhorta en el documento al Gobierno Federal que para replegar e inhibir la participación de elementos de las fuerzas armadas y militares, en el ámbito de actuación que compete exclusivamente a las autoridades civiles en materia de prevención de los delitos, procuración e impartición de justicia.

Sin tapujos los diputados estatales han solicitado evitar que en el futuro se vulneren nuevamente los derechos fundamentales de los gobernados, sin que eso signifique un menoscabo a las acciones que deban realizar las fuerzas militares para contrarrestar el poder de fuego de los grupos del crimen organizado.

La convivencia entre civiles y militares no se presenta solamente en las calles en esta lucha anticrimen; espacios de todos niveles en la prevención del delito les han sido abiertos. El semanario digital “Por Esto”, como parte de un trabajo de investigación periodística, da cuenta de los movimientos en Morelos sobre el particular:

Durante el último año, el gobernador Marco Antonio Adame trató de fortalecer su administración con el nombramiento de dos generales en retiro, quienes se sumaron a los cuatro servidores públicos de origen castrense que ya ocupaban cargos en la Secretaría de Seguridad Pública del estado y en la Procuraduría General de Justicia. Se trata de los generales de brigada Ángel Daniels Gaytán y Gilberto Toledano Sánchez, designados coordinador general del Colegio Estatal de Seguridad Pública y director general de Seguridad Privada de la SSP, respectivamente.

Gastón Menchaca Arias, general retirado y secretario de Seguridad Pública en Morelos, presentó a Daniels Gaytán ante cadetes y personal administrativo del Colegio Estatal, y luego de expresar que “sin la capacitación y la educación no podemos avanzar”, dijo que en el general Daniels Gaytán depositaba la formación de los nuevos policías del estado.

Luego fueron detenidos el secretario de Seguridad Pública estatal Luis Ángel Cabeza de Vaca y su homólogo en Cuernavaca, Francisco Sánchez González, quienes actualmente se hayan recluidos en el penal federal de Matamoros, Tamaulipas, por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

En lugar de Cabeza de Vaca fue nombrado Gastón Menchaca y días después el ayuntamiento de Cuernavaca designó como responsable de la seguridad pública en la capital al general retirado Manuel Farfán Carriola (asesinado en Nuevo Laredo el 2 de febrero de este año), cesado luego de que se registraran seis homicidios, entre ellos el de un policía municipal que fue enviado sin armas para atender un llamado de auxilio.

Así pues, son generales de Brigada quienes ocupan la Secretaría, la Subsecretaría, el Centro de Comunicación y Cómputo y Seguridad Privada en la SSP del estado, mientras que el coronel del Estado Mayor José Robles Quintana se encuentra al frente de la Policía Ministerial. Además de ellos, el general brigadier Héctor Andrés Alvizo Hernández, anterior responsable del Colegio Estatal, fue reubicado en un área de inteligencia de la Procuraduría General de Justicia.

Nosotros recordamos que recientemente, ante la salida y reubicación de Mauricio Vega Chavaje, el general Mario Ayón Rodríguez, quien durante la administración del gobernador poblano Mario Marín se desempeñara como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla, fue designado secretario de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca.

El punto de acuerdo, de no ser considerado por la Defensa Nacional, generará mal ambiente y descortesías que en nada ayudarán al cierre de gobierno y mucho menos al ambiente electoral que prácticamente ha iniciado.

El representante de la Zona Militar, por cortesía y muchas veces por protocolo es invitado a actos cívicos; su posible presencia seguramente enfrentará al Poder Legislativo estatal con su representación Federal y lastimará espacios que deben destinarse para fomentar cultura y patriotismo.

En cuanto a la limitante al Fuero Militar, los involucrados en el caso Jethro seguramente salvarán ser juzgados en el ámbito civil al haberse dado los hechos antes de la decisión de la Corte; sin embargo, en este caso la sociedad seguramente dará puntual seguimiento al último caso de violación a los Derechos Humanos de un civil por parte de elementos de la milicia, solventado e investigado por la procuraduría y jueces especiales.