La Fiscalía de la Audiencia Nacional española archivó la investigación abierta contra el cantante Julio Iglesias por una denuncia de presunto acoso y agresión sexual ocurridos en 2021 en República Dominicana y Bahamas, al determinar la falta de jurisdicción y competencia de los tribunales españoles.

El ministerio público dictó un decreto, conocido este viernes, en el que concluye que no se cumplen los requisitos legales para que la Justicia española pueda investigar la denuncia presentada por dos ex empleadas del artista.

La Fiscalía explicó que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige que el denunciado sea ciudadano español, que no exista un procedimiento abierto en el país donde habrían ocurrido los hechos o ante un tribunal internacional, y que exista una conexión material con España, como que las víctimas sean españolas o residentes en el país.

Sin embargo, el decreto precisa que las denunciantes son extranjeras, no residen en España y que los hechos se atribuyen a países plenamente competentes. Además, los señalados —Julio Iglesias y otras dos personas— no residen en territorio español y cuentan con distintas nacionalidades.

Las acusaciones involucran a una exempleada del hogar y a una fisioterapeuta, quienes aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para respaldar sus señalamientos, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales.

Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, representadas por la organización Women’s Link, y señalaron que lo hicieron con el objetivo de visibilizar los hechos y evitar que otras personas sufran situaciones similares.

Por su parte, Julio Iglesias ha negado las acusaciones. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, aseguró que nunca “ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”.

El cantante también intentó personarse en la investigación para tener acceso directo al contenido de la denuncia, pero la Fiscalía rechazó su solicitud.

Además, el artista compartió recientemente capturas de supuestos mensajes de WhatsApp enviados por las denunciantes, con los que busca demostrar su inocencia. “La evidencia es clara: las comunicaciones demuestran que la información difundida carece de veracidad”, afirmó en su publicación.