El cantante sonorense Natanael Cano obtuvo una suspensión provisional que impide su detención en el estado de Sonora, luego de que su equipo legal promoviera un juicio de amparo.
La medida fue concedida por una jueza del Juzgado Primero de Distrito en la entidad y protege, de manera temporal, la libertad del artista mientras se analiza el proceso legal iniciado a finales de diciembre.
De acuerdo con la información disponible, la orden de arresto fue emitida el pasado 31 de diciembre por un juez penal local.
Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer públicamente los motivos específicos que originaron dicha orden. Aunque Cano ha estado involucrado anteriormente en diversas polémicas legales, se señala que esta acción estaría relacionada con hechos recientes.
Posibles medidas cautelares
Aunque la suspensión impide su detención inmediata, el juez local conserva facultades para citarlo a una audiencia inicial.
En ese escenario, podrían imponérsele medidas cautelares distintas a la prisión, como:
- Presentarse periódicamente a firmar ante el juzgado.
- Prohibición de salir del país sin autorización judicial.
- Restricciones para desplazarse dentro del estado de Sonora.
Estas acciones buscan garantizar que el cantante comparezca ante la autoridad durante el desarrollo del proceso legal.
En el caso de que la orden de aprehensión esté vinculada a un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, la suspensión únicamente evitaría que Cano sea encarcelado por autoridades estatales.
No obstante, si llegara a ser detenido, quedaría bajo la custodia y supervisión de un juzgado federal.
Antecedentes legales en Sonora
Este no es el primer conflicto judicial de Natanael Cano en la entidad.
En marzo de 2024, fue detenido en Hermosillo tras un incidente vial, cuando presuntamente ofreció dinero a policías municipales para evitar una infracción por exceso de velocidad.
El hecho fue grabado y difundido por el propio artista, lo que permitió a la Fiscalía de Sonora abrir una investigación por cohecho.
En aquel caso, Cano también obtuvo un amparo que le permitió enfrentar el proceso en libertad, aunque con restricciones como firmar periódicamente ante el juzgado y no salir de México.
Siete policías municipales fueron vinculados a proceso por aceptar el soborno.
