En defensa del gremio de los médicos, el Dr. Ramón José Cué González, titular de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos (Coesamor), explica las irregularidades que para este gremio significan las modificaciones, hoy vigentes, al Código Penal del Estado por vulnerar el principio de igualdad y no permitir que el juzgador, en su caso, valore la gravedad de la conducta ilícita para imponer una sanción.

Julio Espín, presidente de la Mesa Directiva del Congreso y promotor de la iniciativa aprobada por unanimidad por sus congéneres, que hizo adecuaciones sobre la negligencia médica, en conferencia de prensa insistió en la necesidad de ser más severo en el tema pero ahora reconoció apertura de su parte para debatir y hacer adecuaciones.

Varios de los legisladores, en especial los de trayectoria académica y práctica médica, Jorge Arizmendi y Esteban Gaona, votaron a favor de la modificación; fueron partícipes y avalaron el paso a favor de incrementar penas. Hoy se sabe, por supuesto, que ni siquiera conocían el texto y fue, para no romper costumbres, un paquete de reformas que sin análisis de fondo, ajeno al debate y examen se presentó ante el pleno y se aprobó.

El artículo 248 del ordenamiento penal establece que “quienes ejercen una profesión, arte o técnica, así como quienes les auxilian en este ejercicio, serán responsables de los delitos en que incurran en el desempeño de esta actividad. Se les impondrán las sanciones previstas en este Título, y además la suspensión, hasta por tres años, del derecho para ejercerla, o la inhabilitación para este mismo efecto hasta por cinco años”.

El artículo 459 del Código en Morelos recibió este añadido: “Si el responsable de los delitos previstos en este artículo fuere médico se le aplicará además suspensión hasta por cinco años en el ejercicio de su profesión. Si fuere médico de una institución de salud dependiente del gobierno, se le privará del cargo e inhabilitará para obtener otro durante cinco años, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Claramente se rompe el principio de igualdad ordenado por las Constituciones federal y estatal. Su comprensión es sencilla:

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las Garantías que otorga ésta Constitución, las cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones, que ella misma establece".

Este artículo contiene el principio de igualdad a favor de todos los individuos que se encuentran en el territorio nacional.

La igualdad jurídica consiste en evitar que las distinciones que se hagan a las personas tengan como base circunstancias o atributos tales como raza, la situación económica, la religión, las ideas políticas. Nuestra ley fundamental da a todo ser humano y a las personas morales (sociedades) la capacidad de gozar y de ejercer sin excepción los derechos o garantías establecidas en la propia Constitución, sin distinciones de nacionalidad, raza, religión o sexo.

El artículo consagra que todo ser humano es libre en razón del hecho de ser hombre. Por lo tanto, el individuo que sea esclavo de otro país, por el solo hecho de ingresar a nuestro territorio obtendrá su libertad. En México no existe la esclavitud, reiterando la garantía de igualdad.