Antes del delicado asunto, PASA gozó de un lucrativo contrato dizque otorgando su servicio a Pemex Exploración y Producción (PEP) para confinar residuos peligrosos.
Como antecedente debo transcribir parte de lo difundido por la prensa tabasqueña, como lo ocurrido dos semanas antes, en las instalaciones de PASA del Sureste, confirmándose las graves deficiencias operativas de la empresa. Gente armada con palos, machetes y herramientas quisieron frenar el trabajo de las autoridades judiciales y legislativas del estado, quienes acudieron a cumplir una diligencia-inspección en el marco de una denuncia que se investigaba bajo el expediente 526/2005 por daño y deterioro ambiental, interpuesta por el entonces diputado local del PVEM, Pascual Bellizia Rosique. PASA no sólo impidió la diligencia, sino que por espacio de 60 minutos retuvo de manera ilegal a las autoridades judiciales y a los representantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en la otrora LVIII Legislatura al Congreso de Tabasco. La diligencia, debido a la presión de los golpeadores, pudo concretarse sólo de manera parcial, pero con el tiempo suficiente para que las autoridades constataran las severas irregularidades en el manejo de los recortes de perforación y el tratamiento de aguas residuales, las cuales iban a dar a terrenos aledaños a la planta y que por tratarse de zonas bajas representaban un serio peligro para los mantos freáticos de la localidad. Cualquier parecido con la contaminación que ya estaba causando PASA en el relleno sanitario de Loma Mejía (en Cuernavaca) no es coincidencia, sino la absoluta realidad. La firma, tal como ya lo había empezado a hacer en el “relleno sanitario” de la capital morelense, violó por completo la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, relativa a lodos y biosólidos, especificaciones y límites máximos de contaminantes y disposición final, en una planta operada por Promotora Ambiental del Sureste, sita en la ranchería Anacleto Canabal, tercera sección, dentro del corredor industrial Loma de Caballo, que se ubica dentro de la zona metropolitana de Villahermosa.
Sin embargo, los conflictos le han reventado a PASA como palomitas de maíz en diferentes ciudades mexicanas (tiene aún vigentes alrededor de 42 importantes contratos), siendo uno de los más recientes el de la planta recicladora que opera la firma en Matamoros, Tamaulipas. La prensa local dio cuenta, el 11 de junio de 2009, respecto de un accidente registrado la víspera en las instalaciones de PASA en dicha ciudad tamaulipeca, donde 30 personas se intoxicaron con sustancias químicas peligrosas que se encontraban en bultos. Insisto: cualquier parecido con lo que algún día sucedería en Cuernavaca no es casualidad, sino realidades al interior de un consorcio que presume la disponibilidad de recursos y equipo de altísima tecnología, lo cual nunca demostró en Matamoros. El accidente surgió en una planta de segregación manejada por PASA a un lado del relleno sanitario de Matamoros (en la carretera Torreón-Saltillo).
Y en torno a la renovación del contrato que tenía PASA con el Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, las autoridades citadinas e infinidad de grupos de la sociedad civil rechazaron tal posibilidad, frente a los saldos negativos de la empresa. Asimismo, es importante subrayar que derivado del mal papel de Promotora Ambiental del Sureste y su corrupta relación con directivos de Pemex Exploración y Producción, el Órgano de Control Interno de dicha empresa paraestatal, por la anterior y otras causas sancionó al multicitado consorcio regiomontano de manera administrativa, terminándose la relación que durante tiempo indefinido le prodigó millonarias ganancias (en dólares). La Secretaría de la Función Pública determinó inhabilitar a PASA del Sureste “por haber incluido dentro de sus propuestas económicas documentación apócrifa”. Este asunto detonó el derrumbe del castillo de arena de PASA en La Laguna, tal como ya lo advierte la sociedad cuernavaquense. Con razón, para amarrarse el dedo, el presidente del Consejo de Administración de PASA, Alberto Garza Santos, le propuso a Manuel Martínez Garrigós (siendo apenas alcalde electo) una redituable componenda. El ahora edil se negó y ahí empezó el conflicto que hizo crisis anteayer. A ver.