Y segundo, porque el artero homicidio ocurrió tras varios operativos del malogrado ex militar en contra del crimen organizado, siendo director general de Seguridad Pública en la fronteriza ciudad. Esta muerte envía un mensaje al gobierno de Egidio Torre Cantú, primer mandatario tamaulipeco, y al gobierno federal, por parte de los diversos cárteles que todavía se mantienen arraigados en aquella conflictiva región: “Nada nos detendrá”.
Muchos de ustedes, amables lectores, seguramente recuerdan que Manuel Farfán Carriola se hizo cargo de la seguridad pública de la capital morelense a principios de junio de 2009, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) detuviera el 15 de mayo a su antecesor, Francisco Sánchez González, por supuestos vínculos con bandas delincuenciales, lo cual repitió en la figura de Luis Angel Cabeza de Vaca, entonces secretario de Seguridad Pública del Estado.
Farfán encontró múltiples vicios al interior de la Policía Preventiva Metropolitana, a tal grado que extinguió el tristemente célebre Grupo de Reacción y Operaciones Tácticas (GROT), dentro del cual había consumados delincuentes disfrazados de efectivos policíacos, amén de que un importante número de policías rasos también fue detectado al servicio de células delictivas. Tan grave fue la problemática, que el actual secretario de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Mauricio Vega Chavaje, hace unos días debió abrir las puertas de su corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional a fin de que pudiese complementar varias indagatorias sobre otros policías en activo, presuntamente relacionados con los secuestradores de un empresario suizo.
Farfán Carriola, al momento de ser acribillado, llevaba apenas 33 días al frente de la Dirección General de Seguridad Pública de Nuevo Laredo. Eran alrededor de las 23:00 horas de anteayer cuando, a unas diez cuadras de su oficina, fue interceptado por un comando armado, mismo que procedió a acribillarlo haciendo lo mismo con su escolta. Cuatro de sus custodios quedaron gravemente heridos.
El gobernador Egidio Torre Cantú, apenas el lunes pasado, había declarado que como estrategia contra el crimen organizado estaba colocando a mandos militares en las secretarías de seguridad pública municipales. Y aunque Farfán había sido destituido en diciembre de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Michoacán, tras una rebelión de policías, el presidente municipal de Nuevo Laredo, el priísta Benjamín Galván, lo promovió para hacerse cargo del área en la fronteriza localidad, lo cual, además, recibió el beneplácito del gobernador.
En septiembre de 2009, Farfán fue dado de baja como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitano de Cuernavaca. Y como si se tratara de una casualidad, anteayer la Procuraduría General de Justicia de Morelos dio a conocer la sentencia de Tomás Martínez Pereda a 270 años de prisión por asesinar a dos civiles, dos bomberos y dos policías durante un asalto a una casa en la colonia Lomas de Cortés de Cuernavaca, hechos que ocurrieron el 26 de septiembre de 2009. Aquellos arteros crímenes resultaron fundamentales para la salida de Farfán Carriola como responsable de la seguridad pública de Cuernavaca porque se supo que los policías llegaron desarmados a ese robo, mismo que costó la vida de seis personas porque presuntamente el jefe policiaco les pidió sus armas para un extraño “curso”. Hasta hoy se mantiene firme la versión de que las armas sirvieron para divertir a Farfán e invitados suyos durante una fiesta.
Roque González Cerezo, alcalde sustituto allá y entonces, no soportó la presión social y tuvo que desechar al malogrado general. Para fortuna de la justicia morelense, la Procuraduría a cargo de Pedro Luis Benítez Vélez detuvo a Tomás Martínez Pereda en el barrio bravo de Tepito, aportando infinidad de pruebas respecto de su participación directa en el asesinato de Felipe de Jesús Nieto López, José Santiago Morales Bahena, Abel Santos León, José Antonio Amador Herrera, el inolvidable José Antonio Albavera Lazcano (entonces director del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas) y el taxista Cándido Hernández Domínguez. Martínez Pereda fue sentenciado anteayer a 270 años de cárcel y el pago de casi seis millones y medio de pesos en multas y por reparación del daño.