El interesante documento se enmarca dentro del virtual cese de Gerardo Casamata Gómez como titular de la ASF, quien acaba de perder un amparo federal mediante el cual pretendía evadir el ejercicio de la acción penal por parte de la Procuraduría General de la República y perpetuarse en dicho cargo.
Más allá de las argucias legaloides utilizadas por Casamata para escabullirse de las autoridades federales, y el hecho de que no acepta con dignidad que su ciclo dentro de tan importante órgano fiscalizador ya concluyó (debió renunciar hace varios años), dicha Comisión de Hacienda y los legisladores que sí cumplen su responsabilidad en el Congreso local deben empezar un análisis en torno a la operación de la Auditoría, hoy por hoy convertida en una gigantesca caja fuerte, difícil de penetrar, cuya apariencia es hermética ante la ciudadanía, construida supuestamente sobre bases sólidas y muros indestructibles; algo así como un “búnker” para mantener a raya a funcionarios públicos corruptos, pero que, al abrirse, está vacía. No hay nada importante en su interior, más que simulación y encubrimiento a un número indeterminado de hombres y mujeres interesados en consolidar sus patrimonios familiares.
Dice Rafael Cuevas Pinzón: “El proceso seguido en la búsqueda de nuestra democracia ha sido largo y costoso, y presenta varias aristas, las cuales necesariamente tendrán que coincidir y coordinarse para consolidarla. La fiscalización de los recursos públicos y la rendición de cuentas es una de ellas; en este sentido, con el cese del Auditor Superior de Fiscalización, se dio un paso trascendental en la consecución de este clamor social. Con esta plausible decisión finalizan siete años de simulación, improvisación e impunidad en las delicadas tareas de fiscalización de recursos públicos, constituyendo un referente histórico, marcando el inicio de nuevos y promisorios tiempos, al amparo de transparentes métodos de trabajo, ratificando y dignificando el compromiso social que los diputados tienen bajo su investidura, lo que coadyuvará a la recuperación de la credibilidad de la sociedad hacia sus instituciones”.
Desde la creación del órgano fiscalizador –añade el análisis de Cuevas Pinzón- hubo un alto sentido de improvisación e influyentismo para su estructuración orgánica y operatividad, lo cual mantuvo vulnerable la fiscalización de los recursos públicos. “Por tal motivo, no entiendo ni comparto las decisiones que se adoptan derivado de los resultados de las auditorias que se aplicaron a las diversas entidades públicas”, añade. Sopas.
“Durante todos estos años la Auditoria Superior de Fiscalización ha actuado al margen de las exigencias técnicas y jurídicas que le imponen las normas de auditoría y las disciplinas procesales establecidas para tal efecto; se han sustanciado procedimientos plagados de vicios de forma o procedimiento y de fondo, que han dejado impunes presuntos desvíos y malversación de recursos públicos, privilegiando carreras políticas en detrimento de bienes y servicios que legítimamente le corresponden a la sociedad; en tanto, cuando así ha convenido a los intereses mezquinos de algunos actores políticos, este órgano fiscalizador se convirtió en una instancia de persecución política, sin soslayar la improductividad, improvisación y deficiencias que lo han caracterizado desde su creación, pues su estructura de organización en una importante proporción se integra por personas que han tenido la suerte de ser amigos, familiares o conocidos de aquellos que poseen el privilegio y la facultad de nombrar y designar los niveles directivos más importantes de este órgano fiscalizador. Precisamente estas graves irregularidades son las que tienen postrada a la Auditoria Superior de Fiscalización, impidiéndole que cumpla con las atribuciones conferidas en Ley”. Mejor ni le sigo. Cuevas Pinzón ratifica lo que durante los pasados cinco años estuvimos escribiendo respecto de las desviaciones protagonizadas por Casamata Gómez. Y cabe subrayar que ninguna de las líneas plasmadas en este espacio periodístico fueron rebatidas por el multicitado personaje.
Muchas veces mencionamos la necesidad de abrir la ASF a la sociedad. En tal sentido, concluye Rafael Cuevas Pinzón: “Hoy el Congreso del Estado tiene en sus manos la oportunidad de sentar un precedente histórico, induciendo la participación colegiada de la sociedad en la designación del titular del órgano fiscalizador”. A ver.