“Algunos resultados generados por una gestión deficiente que, lejos de fiscalizar, atemoriza a los entes auditados y después perdona a sus responsables a cambio de algo, son: declaraciones filtradas ilegalmente a los medios e inmediatas retractaciones a petición y gusto del PAN (sucedió en torno al desvío de recursos en la construcción de puentes durante la gestión de José Raúl Hernández Avila, alcalde de Cuernavaca en el trienio 2000-2003, no mencionados en el informe final de Casamata por decisión del PAN, pero multado con 4 mil 500 pesos con su autorización); observaciones e informes ‘rasurados’ en Yautepec; recepción ilegal de solventaciones (fuera de tiempo) al Poder Ejecutivo, a organismos descentralizados y a municipios; concesiones especiales y criterios flexibles para eliminar o solventar observaciones importantes y graves a los entes administrados por el PAN; condonación, sin facultades, de resarcimientos patrimoniales; decisiones y actos que atentan contra la autonomía municipal (Temixco, Yautepec, Tlalnepantla); acoso sexual; contabilidad interna dolosamente manipulada; adquisiciones amañadas y sustentadas con comprobantes apócrifos; uso indebido de los bienes patrimoniales; incompleta información proporcionada con dolo al IMIPE, etcétera”. Hasta aquí la columna del 11 de diciembre de 2006.
Seguramente notaron ustedes lo concerniente a la “recepción ilegal de solventaciones a (…) organismos descentralizados”. A finales de 2006, una vez concluido el sexenio de Sergio Estrada Cajigal e iniciado el de Marco Antonio Adame Castillo, era un secreto a voces la desviación de recursos asignados en el Presupuesto de Egresos del Estado al Organismo Operador de Carreteras de Cuota (OCC), creado por decreto gubernamental estatal el 11 de febrero de 2004. Entre otros factores, ese espinoso asunto contribuyó a resquebrajar la relación que tenía Casamata con uno de quienes fueron sus mejores subalternos. Me refiero a Eduardo Bonilla Alvarez, quien estaba a cargo de la Auditoría Especial de Organismos Públicos de la ASG y después de la ASF. Recuerden ustedes que este personaje denunció penalmente al hoy todavía titular de la Auditoría, quien ya perdió todos los recursos jurídicos promovidos en contra del ejercicio de la acción penal dictaminado por la Procuraduría General de la República. Casamata tiene ya inhabilitados sus derechos políticos y puede ser cesado del cargo por el Congreso local sin necesidad de cumplir el periodo de cuatro años para el cual fue electo el 12 de octubre de 2008. Lo anterior ocurrirá de un momento a otro, amén de que la PGR irá tras él.
Durante la sesión de ayer del Congreso local, el diputado “independiente” Rufo Villegas Higareda se refirió al tristemente célebre Organismo Operador de Carreteras de Cuota, que está incorporado al Presupuesto de Egresos del Estado para el próximo año. Simple y llanamente, el ex panista y neo priísta propuso extinguir dicho Organismo y que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, cuyo titular es Demetrio Román Isidoro. Lo anterior, empero, podría colocar “la iglesia en manos de Lutero”, conociendo la forma en que se conduce el ex alcalde jiutepequense en torno a las licitaciones de obras y otro tipo de procedimientos donde existen posibilidades de hacer un pingüe negocio.
El multicitado organismo, del cual se llegó a afirmar que sirvió para financiar algunas campañas políticas, según el decreto que lo engendró tendría a su cargo “la administración de las vías de comunicación que se construyeran a partir de su creación”. Sin embargo, desde hace más de seis años solo administra un pequeño tramo carretero de apenas siete kilómetros de longitud, mismo que une la autopista proveniente de Puebla y desemboca en el municipio morelense de Temoac. Rufo Villegas Higareda aduce que el Organismo Operador es improductivo y causa despilfarro económico. Por otro lado, afirmó que “es un órgano fallido” porque, entre otras cosas, ha sido incapaz para concretar la construcción de la carretera Lerma–Tres Marías, anunciada al comienzo de la presente administración. Tampoco ha podido asignar e iniciar la construcción de 60 kilómetros que darían continuidad a la autopista Siglo XXI, la cual conectaría al Golfo con el Pacifico atravesando a Morelos desde Temoac hasta Jojutla. ¿Saben ustedes cuánto le cuesta a los morelenses el mentado Organismo Operador de Carreteras de Cuota? La friolera de 5.7 millones de pesos. La propuesta de Rufo Villegas fue aprobada por unanimidad ante el Pleno del Congreso. Armando Castañeda es el actual director del OCC.