Una grabación difundida el martes por Joaquín López-Dóriga, otorgada a Televisa por “alguien” interesado en agredir a Daniel Karam, director general del IMSS, reveló la forma en que Mora Eguiarte otorgaba información exclusiva a empresas farmacéuticas para favorecerlas en licitaciones y contratos, recibiendo a cambio pingües ganancias. Sin embargo, lo anterior no es nuevo para la opinión pública de este país, acostumbrada al saqueo institucionalizado por parte de funcionarios a quienes, en algún momento, les otorgó su confianza, pero que en los intrincados vericuetos del poder torcieron su camino y sucumbieron ante el dinero fácil, algo común dentro de las filas de la delincuencia organizada.
¿Quién otorgó el poder omnímodo a César Mora Eguiarte para manejar operaciones por alrededor de 22 mil millones de pesos anuales? Acertó usted: alguien muy influyente en Los Pinos. Pero, antes de continuar con el espinoso asunto y comentar que para desvergüenza de los morelenses el tal Mora Eguiarte es originario de Cuernavaca, necesito referirme al tema del tráfico de influencias, algo común dentro de la administración pública en los tres niveles de gobierno.
La corrupción y las licitaciones en el sector público siempre han ido de la mano, permaneciendo enquistadas en el gobierno federal y las administraciones estatales y municipales de todos los colores partidistas. Representan un jugoso y millonario negocio, “libre de impuestos”, que se liquida en los sótanos del mundo de las finanzas sin dejar rastro ni huella. Este tipo de prácticas es un mundo aparte y maneja miles de millones de pesos que van a parar a algunas cuantas manos, al grado tal que, de acuerdo con un estudio de Transparencia Mexicana, tan sólo en las licitaciones públicas del gobierno federal existe una corrupción estimada en 80 mil millones de pesos.
Para combatir la corrupción durante las mentadas licitaciones, algunos legisladores federales han introducido al Congreso de la Unión excelentes ideas. Una de ellas, en 2007, tenía como objetivo reformar el procedimiento federal de licitación, abriéndolo al público; incluía la construcción de salas Gessel para verificar la transparencia. Y en toda licitación se debería contar con la presencia de un notario público, mientras la evaluación técnica no podría tardar más de 5 días hábiles. Una auténtica quimera.
A juzgar por las apariencias y el hecho de que el binomio corrupción-licitaciones públicas sigue igual, las propuestas se fueron a la basura. Así sucede dentro de un contexto de simulación, sin ser ajena la Secretaría de la Función Pública (federal), cuyo titular es Salvador Vega Casillas. Esta institución ha cacareado hasta el fastidio su Sistema Integral de Contraloría Social para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. Teóricamente es algo sensacional, pues implica “una forma de participación social en el control y la evaluación de los programas oficiales, que contribuye al abatimiento de las corruptelas, a la transparencia en el manejo de los recursos públicos y a elevar la confianza ciudadana”. Vana palabrería.
Tocante a César Mora Eguiarte, como ya lo indiqué líneas atrás, es originario de Cuernavaca. A reserva de darles después datos concretos, hoy indicaré que estudió en el Colegio Morelos y una licenciatura en Derecho por la UAEM. También es licenciado en Administración Pública. Antes de ser funcionario calderonista tuvo un interesante trayecto en el gobierno del DF. Participó en los periodos de Manuel Camacho Solís, Manuel Aguilera y Oscar Espinosa Villarreal (1989-1997). Hasta el 2004 llegó al IMSS como Jefe del Departamento de Bienes Materiales de la delegación en Tlalnepantla, Estado de México. Entonces inició una carrera de casi un sexenio que se vio interrumpida brevemente en el 2006 por el cambio de administración.
Se reincorporó en diciembre de 2006, ya con Juan Molinar como director del IMSS. Inició con un sueldo de 29 mil pesos, pero hasta el pasado martes, cuando abruptamente fue separado de su cargo, percibió 80 mil pesos mensuales durante su último año laboral, a los que acumulaba 767 mil pesos por “servicios profesionales”. Es decir: en 2009 acumuló 1.6 millones de pesos sin que nadie se extrañara frente a su enriquecimiento inexplicable. A finales de ese año, Mora estrenó un Minicooper último modelo por el que pagó 300 mil pesos de contado. Y así consta en su declaración patrimonial, al igual que su última empresa: el inicio de un doctorado en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo por la Universidad Anáhuac. Así las cosas, las grabaciones divulgadas apenas son la punta del iceberg.