Aunque los coordinadores de grupos parlamentarios representados en la Junta Política y de Gobierno, presidida por el panista Luis Miguel Ramírez Romero, divulgaron la determinación a los cuatro vientos (considerándola “histórica”), la verdad es que la medida quedó trunca. Desglosemos.
De entrada, no puede hacerse una analogía entre la eliminación de esa prestación y la supuesta vocación de servicio social de los diputados, porque no existe. No les quedó de otra luego de ser exhibidos nuevamente hace unos días por el abogado civilista Juan Juárez Rivas, quien les dijo: “Ustedes no son trabajadores. Al contrario, constituyen la parte patronal o forman parte de ella”. Los asesores jurídicos del Congreso concluyeron que el aguinaldo es ilegal. En resumen: no hay tal mística o ánimo de servir a la sociedad morelense entre nuestros diputados y políticos locales, porque de haber sido así, desde hace varios lustros habrían tomado la misma decisión.
A continuación recordaré la visión que sobre el Estado de Derecho y la retribución suficiente expresara el Presidente Benito Juárez García, quien delineó, desde 1858, la ruta de la verdadera austeridad republicana: “Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”. Lamentablemente, a más de 150 años de aquella advertencia, debemos reconocer el sentido contrario en que caminaron los empleos públicos y sus dotaciones.
Además, no sólo estamos hablando de los aguinaldos que, en un caso insólito a nivel nacional, se asignan los funcionarios del sector público de Morelos, sino también de los altísimos sueldos cobrados por lo que yo he denominado “la burocracia dorada”. El tema de los súper salarios de los funcionarios públicos y los pagos discrecionales que se autoasignan se ubicará siempre en el centro del debate público, con la justificada irritación que en algunos sectores de la sociedad provoca.
Lo anterior ocurre así dentro de todo el mosaico nacional al margen del origen partidario de quienes cumplen funciones gubernamentales, y ello se debe al menos a los siguientes factores: 1) A la paradoja de que como la alternancia política ha traído un alto nivel de rotación de élites en las estructuras gubernamentales, entonces los funcionarios -al asignarse altos sueldos y bonos- indebidamente se otorgan lo que podría denominarse como un “seguro de retiro forzado” que les permita sobrevivir durante el tiempo que consiguen otro empleo; 2) A los vacíos de nuestro sistema de administración pública que establece percepciones prescindiendo en lo absoluto de criterios de eficacia y productividad en el desempeño; 3) A los altos índices de discrecionalidad -ahora se le llama “autonomía” o “capacidad de autodeterminación”, según se trate de Ayuntamientos o poderes constituidos- que siguen prevaleciendo en la toma de decisiones gubernamentales; y 4) A la incontrovertible realidad de que en nuestro país el Estado aún sigue siendo la fuente principal del honor, el poder y el dinero, como si al frente del mismo tuviéramos a verdaderos sultanes.
Las cifras disponibles con relación a los sueldos de servidores públicos mexicanos contrastan gravemente con datos donde se demuestra que nuestros gobernantes ganan más que el Primer Ministro inglés y el de España, quienes obtienen el equivalente a 167 mil y 77 mil pesos mensuales; o los Presidentes de Brasil, Argentina y Chile que tan sólo perciben el equivalente a 41 mil, 36 mil y 29 mil 400 pesos mexicanos mensuales.
Desconozco si en los poderes Ejecutivo y Judicial los más encumbrados servidores públicos pondrán sus barbas a remojar. Por honor deberían hacerlo. Pero lo palpable es que México sigue siendo muy generoso con sus funcionarios públicos prevaleciendo las máximas que creara durante la época ruizcortinista César Garizurieta (alias “El Tlacuache”) de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error” y que “la amistad se demuestra en la nómina”. La mayoría de nuestros gobernantes no han retrocedido un siglo atrás para poner en práctica lo que al respecto decía Juárez. No les importa.