Desde hace varias semanas se gestó el cese de Lucino Fuentes Bahena como director de Seguridad Pública municipal, quien llegó a ese cargo antecedido por sus magros resultados en Jiutepec, localidad donde se le acusó de estar confabulado con narcomenudistas al servicio de los hermanos Beltrán Leyva. Aún así, el alcalde Gabino Ríos Cedillo lo puso al frente de la corporación.
Desde el jueves, varios medos fuimos informados sobre la movilización social de este sábado. Ríos Cedillo pudo neutralizarla, pero no hizo nada y esperó hasta la realización de la marcha y el entorpecimiento de todas las actividades económicas, basadas en la industria turística. Con sus unidades, los taxistas sitiaron el primer cuadro del municipio. El tapón provocó que muchos turistas desistieran de entrar a la localidad, catalogada como “pueblo mágico”. Sin embargo, me parece que el alcalde dejó crecer la problemática frente a un pueblo combativo y acostumbrado al conflicto.
Desde el robo a transeúntes y negocios, hasta el asesinato de taxistas, la incidencia delictiva de Tepoztlán se incrementó a partir de que Fuentes Bahena se hizo cargo de la Seguridad Pública municipal. “Cuando el río suena, es que agua lleva”, versa el antiguo dicho mexicano, que Gabino Ríos Cedillo no escuchó. Algo parecido le ocurrió a Sergio Estrada Cajigal a principios de su gobierno, cuando designó a Alberto Pliego Fuentes como director general de la Policía Ministerial del Estado. Curiosamente, de octubre de 2000 a marzo de 2001 aumentaron de manera notable los secuestros, ante lo cual Estrada Cajigal cesó a Pliego Fuentes, aprehendido y procesado meses después por delitos cometidos en el Estado de México. El policía enfermó y sucumbió ante el cáncer en el penal de Almoloya de Juárez. Desafortunadamente para el entonces gobernador, en el lugar de Pliego Fuentes colocó a Agustín Montiel López, quien provenía de Guerrero con pésimos antecedentes delincuenciales y represivos. El mandatario hizo caso omiso de las recomendaciones para evitar la contratación de Montiel (una de ellas provino del procurador José Luis Urióstegui Salgado), y ya ven ustedes lo que sucedió en 2004: Estrada fue sometido a juicio político por omisiones y Montiel confinado también en Almoloya bajo acusaciones de protección al crimen organizado, con una condena de 33 años de prisión.
La problemática detectada en Tepoztlán por la población es igual en la mayoría de los 2 mil 418 municipios de México. Las endebles instituciones locales fueron infiltradas desde hace décadas por el crimen organizado. Hacia donde volteemos hay pobreza, así como la inequitativa distribución del ingreso, la proliferación de cinturones de miseria, desempleo, delincuencia común y organizada, etcétera. Además, al caldo de cultivo descrito se añade otro factor de precariedad: la parálisis de casi todos los municipios mexicanos, cuya principal característica es la dependencia absoluta del gobierno federal y los gobiernos estatales, así como la falta de fondos para satisfacer las necesidades sociales en ese segmento que demagógicamente se denomina “la célula básica del sistema político mexicano”.
Es así como llegamos a este domingo, cuando los 33 presidentes municipales de Morelos rindieron su primer informe de gestión administrativa, caracterizada, insisto, por las penurias económicas. En tales condiciones de empobrecimiento, durante 12 meses, debieron enfrentar desafíos enormes de desarrollo económico, seguridad pública y servicios, donde la brecha parece gigantesca. Por todos lados se perciben los rezagos y agravios sociales a nivel municipal. Pero el colmo es que no sólo se están quedando a la zaga los municipios, sino también la Federación y los gobiernos estatales.
Tal escenario revela la evidente descoordinación entre los tres niveles de gobierno, pues carecemos de un proyecto de Estado bien definido y compartido con la sociedad civil. Tocante a Cuernavaca, dentro de la relación del Ayuntamiento con el gobierno estatal, prevalecieron los prejuicios ideológicos e intereses partidistas. Manuel Martínez Garrigós, insisten algunas voces panistas, “no debe crecer” hacia el 2012. Sin embargo, la capital morelense presenta cambios positivos.
Los alcaldes saben que hay dinero en la Federación, ante lo cual el Ejecutivo federal debe terminar (y eliminar) los subejercicios que están atorados en las dependencias federales, como son las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Agricultura y Desarrollo Social, los cuales podrían servir para fondear a los ayuntamientos. Dinero hay, pero falta voluntad política para actuar.
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