Aquel sofisticado equipo no servía (así se encuentra hasta hoy), pero había sido liquidado en su totalidad al alto precio de aproximadamente 32 millones de pesos, pagados por anticipado en las postrimerías del régimen estradista a varios funcionarios estatales, entre ellos el entonces oficial mayor de Gobierno, Alfonso Pedroza Ugarte, quien actualmente lucha por evadir la inhabilitación para trabajar en la administración pública de que fue objeto por la Secretaría de la Contraloría del Estado. Para ello, dijo hace unos días Patricia Mariscal Vega, titular de esa dependencia, “se ha valido de los nexos de Estrada Cajigal en el Tribunal Contencioso Administrativo”, en la figura del presidente del mismo, Martín Jasso. Este último ha evitado entrar en controversia con la funcionaria, pero admite que Pedroza “ahí la lleva”.
Sin embargo, en torno al caso de la red inalámbrica adquirida por el gobierno de Sergio Estrada, y que por decisión del Congreso del Estado empezó a investigar la Auditoría Superior Gubernamental a principios de 2007, se dijeron y se han dicho muchas mentiras y medias verdades, dentro de lo que el panismo nacional conoció en su momento como “fuego amigo”, frase acuñada por el ex senador Diego Fernández de Cevallos cuando se sintió atacado, en abril de 2003, por el presidente Vicente Fox Quesada. Desglosemos.
Una de las empresas que más impugnó el contrato de 29 millones de pesos (más IVA) asignado por la anterior administración a Gemtel fue Inmobiliaria Hernández S.A. de C.V., misma que desde hace años forma parte del Padrón de Proveedores del gobierno estatal y algunos ayuntamientos, entre ellos el de Cuernavaca. Su administrador general es Humberto Alfonso Hernández Barbosa, un panista de pura cepa radicado en Cuautla y quien fue suplente del diputado local a la XLIX Legislatura, Eleuterio Santibáñez Rivera. No es un panista cualquiera, sino alguien vinculado desde hace mucho tiempo a la “Sagrada Familia”. Es decir: durante el periodo de bonanza panista ha tenido suficiente capacidad para tocar y abrir puertas.
Debido a sus conexiones políticas con distinguidos panistas, Hernández Barbosa fue aparentemente favorecido por la Oficialía Mayor de Gobierno en la licitación pública 46063001/013/05, otorgándosele el contrato para instalar una red inalámbrica en la Secretaría de Salud de Morelos a un costo de 7.3 millones de pesos (más IVA). Sin embargo, propios y extraños en el sector, desde hace casi cuatro años, saben que dicha red fue inoperante, respecto de lo cual existen numerosos documentos comprobatorios. Desafortunadamente, los hechos jamás recibieron la atención de los medios, ni fueron investigados, primero, por la Auditoría Superior Gubernamental, ni por la hoy denominada Auditoría Superior de Fiscalización.
El 25 de septiembre de 2006, por ejemplo, el entonces director administrativo de los Servicios de Salud, Humberto López González, informó al Oficial Mayor, Jorge Hernández Martínez, que dicha red tenía constantes problemas en un 80 por ciento, ante lo cual era necesario contratar una póliza de mantenimiento, lo cual significaría la erogación de un millón y medio de pesos mensuales.
Asimismo, cabe subrayar que Hernández Barbosa, marginado en la contratación de la red inalámbrica del gobierno estatal (investigada desde comienzos de 2007 por la ASG), se “conformó” y también pretendió venderle a la administración estradista un cuantioso seguro automotriz, sin ser favorecido. Aquel contrato se le asignó al Grupo Interacciones. Hernández Barbosa, pues, tuvo razones para resentirse contra Estrada Cajigal.
Al principio del escándalo, quienes contrataron a Gemtel se defendieron aduciendo que Motorola tenía como su principal proveedor en Morelos a esta empresa, pero el corporativo de la misma firma trasnacional también expresó que el servicio lo podía proporcionar, además, SMA Comunicaciones S.A. de C.V. y la citada Inmobiliaria Hernández. Se suponía que las dos eran conocidas en el Poder Judicial del Estado, en el Congreso de Morelos, en la Secretaría de Salud y en varios ayuntamientos morelenses. Empero, lo que no sabía Motorola era que Inmobiliaria Hernández decepcionó (¿defraudó?) a una institución pública estatal (la Secretaría de Salud) en la colocación de otra red inalámbrica deficiente, ni tampoco que su propietario, el ex diputado local suplente Humberto Alfonso Hernández Barbosa, pudo haber servido como punta de lanza en un juego perverso para dañar a Sergio Estrada Cajigal y varios de sus ex colaboradores. En fin.