No es casual, pues, que esté capacitado para opinar sobre los desatinos cometidos por la Procuraduría General de la República (PGR) desde finales de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa inició su lucha contra “el narco” y el “crimen organizado”.
En el semanario Proceso correspondiente al domingo 10 de octubre, Ackerman publicó un artículo titulado “Monumento a la ineptitud”, donde analiza el “michoacanazo”. Ese trabajo me sirve para ilustrar lo que pudiera ocurrir en Morelos tocante al nuevo expediente abierto por la PGR en contra de Luis Angel Cabeza de Vaca, ex secretario de Seguridad Pública en el Estado, preso por supuestos vínculos con la delincuencia organizada. Escribió Ackerman: “El ‘michoacanazo’ constituye un monumento a la ineptitud en la procuración de justicia en el país; revela de manera ejemplar por qué la mal llamada ‘guerra’ contra el crimen organizado ha fracaso tan contundentemente. No tiene sentido alguno enviar militares a las calles o crear ‘mandos únicos’ para la policía, si el Ministerio Público (MP) es simplemente incapaz de integrar una consignación convincente”. Y comenta lo que la inmensa mayoría de mexicanos sabemos: 34 de 35 procesados con relación al “michoacanazo” se encuentran libres, porque, aparentemente, en los expedientes respectivos no existe una sola prueba pericial objetiva o al menos algún testimonio o evidencia aportados por alguien que no sea narcotraficante. “Con razón, las decisiones de tantos jueces y magistrados distintos, y no solamente las del juez primero de Distrito en Michoacán, Efraín Cázares, han llevado a la liberación de todos menos uno de los acusados”, añade Ackerman.
Para confirmar el artículo de John M. Ackerman es importante referir que una de las formas o figuras legales que utiliza la autoridad investigadora sobre la actividad de quienes supuestamente forman parte del crimen organizado, es la de los testigos colaboradores también llamados testigos protegidos, que la mayoría de las veces son los mismos delincuentes que han formado parte de ese croquis de actividad criminal, pero que por diversas circunstancias se acogen a beneficios que les otorga la ley para efectos de aminorar en algo las penas que habrán de purgar estando en prisión o a cambio de ciertas mercedes de orden económico y protección para ellos y sus familias. Esta forma de intervención y utilización de testimonios de colaboradores de la autoridad investigadora para atacar a los criminales ha sido severamente cuestionada por especialistas en la materia, pues exponen que no constituye realmente una prueba suficientemente eficaz para los fines que se persiguen.
La figura de los testigos protegidos aparece desde la creación de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y desde hace más de diez años los nombres, manejados en clave de los que se prestan para dar testimonio contra los que alguna vez fueron sus compañeros o sus jefes, aparecen en casi todas las averiguaciones y procesos judiciales. El lado positivo (y mediático) de todo esto se presenta cuando las autoridades anuncian con bombo y platillo la supuesta desarticulación de bandas delincuenciales y las capturas “de alto impacto”. Lo anterior se enmarca en lo que yo he denominado “política de resultados” que, lamentablemente, cambia de manera dramática cuando, al transcurrir el tiempo suficiente y los respectivos procesos judiciales, las “pruebas” aportadas por esos testigos se desvanecen por estar mal sustentadas. Hasta ahora existen suficientes asuntos para documentar la falsedad de declaraciones de muchos, muchísimos testigos “colaboradores” o “protegidos”, quienes resultaron ser testigos de oídas.
Con Luis Angel Cabeza de Vaca la sociedad exige una indagatoria debidamente sustentada por la PGR. Si es culpable, que lo refundan en la cárcel, pero si es inocente que lo liberen de inmediato. La dependencia abrió una nueva averiguación porque Sergio Villarreal Barragán (“El Grande”), narcotraficante detenido el 12 de septiembre pasado, declaró apenas el primero de octubre que Cabeza recibió dinero de los hermanos Beltrán Leyva. Empero, el abogado defensor del ex mando policíaco, Guillermo Pasquel Hernández, afirma que “es el mismo escenario de la averiguación previa anterior, sustentada mediante testimonios de oídas”. ¿A quién creerle, amables lectores?