En entrevista, el subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Javier Treviño Cantú, señaló que el propósito es cumplir con el principio de que todos los mexicanos tengan acceso a la educación, “que ninguna niña o niño sean obstaculizados para ser educados y que conozcan cuáles son sus derechos y las reglas. Es parte de la simplificación; queremos que los maestros se dediquen a enseñar, más que a llenar formatos o formularios o a negar la entrada de los alumnos a la escuela”.

La idea, apuntó, es que en tres días de trabajo se determine con expertos en la materia, cuatro normas muy generales para llevar a cabo esos trámites y que se haga uso de todas las tecnologías disponibles.

Tras reconocer que ha aumentado el número de personas que regresan a México por muchos factores, entre ellos la deportación de Estados Unidos a familias de connacionales, expuso que hay aproximadamente 600 mil estudiantes que se encuentran con impedimentos para seguir estudiando porque no cuentan con documentos, por ejemplo, un acta de nacimiento apostillada o copias certificadas.

En el mismo contexto, el director general de política migratoria de la Secretaría de Gobernación, Salvador Bermúdez Sandoval, dejó en claro que estos programas y disposiciones deberán ser también aplicados para quienes son migrantes de otros países y que están en México y en tránsito entran al sistema educativo, lo mismo para los mexicanos que salen de la república y están en el exterior.

Bermúdez Sandoval apuntó que en los últimos tres años se ha registrado un gran retorno de connacionales de Estados Unidos a México, sobre todo el de tipo forzado (por deportación). Estimó que eso implica que haya un número importante de niños méxico-americanos que vienen con sus padres y que necesitan seguir sus estudios.