Morales Barud estableció prioridades, una de ellas la responsabilidad de la autoridad de retomar los servicios públicos. En este tema, seguramente el presidente electo tiene el pulso de lo que debe hacer. Sabe la problemática y cuenta con las condiciones para su eficacia. Conoce, también, que ante la decisión del gobierno municipal de hacer a un lado la concesión de la empresa regiomontana PASA, cuyos dueños manejan una gama de negocios entre los que se incluyen medios de comunicación y son, sin duda, influyentes políticamente. Los números que tienen en el cabildo de Cuernavaca son claros a partir que el servicio lo prestan empresas morelenses, que cotizan y pagan sus impuestos aquí, con personal de la localidad y es claro que en los dos años han cobrado, en relación a PASA, menos de 58 millones de pesos.

La lógica indica que bajo ese esquema, el servicio de la recolección de basura y su destino final de Cuernavaca lo debe tomar el Ayuntamiento, en tanto los juicios legales y el manejo mediático que hacen desde la empresa regia, tienen un tiempo. Más allá de lo conversado en el programa de Marín, llegamos a vislumbrar un fondo que bajo el pretexto del juicio Ayuntamiento-PASA se configura una estrategia para beneficiar a los de fuera, iniciando en municipios conurbados y concluyendo con un presunto buen arreglo en Cuernavaca.

Esto iría más allá de Jorge Morales Barud si bajo el manto de un manejo institucional y jerárquico, doblan razones y fortalezas que en una revisión seria, profesional y honesta, ratificaría que al margen de los juicios con PASA, ésta no debe regresar a prestar el servicio. Sería para los que conocen los números, un acto arbitrario. PASA se crea en Morelos sin un centavo de inversión inicial, tomando el parque vehicular municipal y haciendo uso de tierras que también son propiedad de los cuernavaquenses. Posteriormente, al año de su llegada, comenzó a invertir con los dividendos y así se da el cambio de administración de Jesús Giles Sánchez y Manuel Martínez Garrigós. A partir de su llegada y hasta hoy, Martínez ha sido “el perro de todos los males”. No tenemos con exactitud su manejo en otros ámbitos financieros, pero ha sido tragado primero por un medio con el que rompe relaciones y posteriormente –con olvidos suyos, debe decirse— por muchos más.

Se tendrán que aclarar muchas dudas, sobre todo en los manejos de los dineros que han derivado en denuncias penales por el presidente sustituto Rogelio Sánchez Gatica. Sin embargo, se percibe que en la presumible estrategia de que PASA se apodere de más concesiones en Morelos, no están exentos miembros del actual cabildo con hilos que pudieran moverse desde las oficinas de transición del entrante gobierno estatal, y es precisamente lo que Jorge Morales Barud –y por su cargo relevante, Rogelio Sánchez Gatica en estos meses restantes- debe cuidar. Que tome la mejor decisión, pero nunca bajo presión. Que se aclare lo de los dineros y se castigue a quienes lo hayan hecho, que no quede en plena libertad uno, dos o diez que hayan abusado del erario, pero hay asuntos sensibles como los servicios públicos donde la autoridad, obligados, deben manejarse con transparencia.

Por ello mencionamos los números: 29 millones anuales de ahorro, con un servicio aceptable, en relación a lo que cobró PASA. Eso debe ser mostrado a quien lo desee, rubro por rubro para no dejar incógnitas. ¿A quiénes más que a los cuernavaquenses les puede interesar lo que se haga con su pago de servicios? Ha habido muchas falacias en este rubro, más por diferencias y enconos que se reflejan en los medios, que en la realidad. Ése es otro tema que dará para que se revise, en los gobiernos que sean, la equidad en la relación medios—gobiernos, porque al público se le debe entregar lo que sea una necesidad de la información y no hacer pedazos a los pequeños medios para favorecer a los que se han apoderado, en hipótesis, de un liderazgo que no pasa pruebas de ácido. Como que es hora que se revise este tema en cualquier administración de los tres niveles, porque el acuerdo en lo oscuro, el manejo de intereses, va más allá de lo que el ciudadano común se imagina. Llegan a darse barbaridades que se quedan en el baúl con siete candados sin llave alguna. Es una especie de camisa de fuerza para ambas partes: uno para decir lo que le convenga y el otro para ocultar la información importante.

Intuimos que existe la gran posibilidad que un conglomerado de empresarios y futuros funcionarios, usando de herramienta a muchos que ahí van a estar hasta el último día del año, pretendan dar albazos, cargar de más pulgas al perro maligno, desvíen la atención y consumen algo que si la sociedad es alertada en tiempo y forma y con argumentos sólidos, nunca lo van a lograr.

Ahora, lo del embargo de parques públicos y bienes municipales, es cosa que en tareas de la justicia debe ser dado a conocer puntualmente con toda la verdad, porque al final de cuentas, quienes confiaron que Jorge Morales Barud es su presidente inminente, son dueños a la vez de manifestar su voluntad en el camino. Y si existe la autonomía, que no se confundan actos “institucionales” con la convergencia de intereses o las órdenes superiores que violan precisamente la autonomía. Gobernar no es adueñarse de la vida de los gobernados. Están ahí por éstos y como lo hemos vivido y Jorge con Graco Ramírez fueron actores principales: cuando el pueblo dice no, pues no. (Caso Jorge Carrillo Olea, mayo 1998).

Y así, que se ventilen los juicios por un lado y se confirme que PASA no debe pasar porque se pasan.

Jorge Morales Barud es un morelense de excepción que tendrá que ponerse los pantalones largos y no solamente ser dueño de decisiones sabias para gobernar, sino con las condiciones que podrá hacer un papel trascendente si hace, justamente, lo que dicte la razón y la realidad de una hermosa ciudad capital que es más grande, por mucho, de cualquier ambición política y empresarial y lejos, hasta el infinito, de los empresarios ricos que ven en Morelos un filón y a personal que desde cargos públicos suelen servirles sólo a ellos.