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Esta explicación fue expuesta por un político priista de la década de los ochentas, cuando el “gran” conflicto nacional se limitó a la corrupción y el dispendio gubernamental que generaba las hoy superadas devaluaciones del peso frente al dólar de fin de sexenio (1976 y 1982), así se definió la apatía social que advirtieron los estudiosos, fue entonces consecuencia de los abusos y excesos de los hombres en el poder de aquella época.
Del 2006 al 2012 la determinación del gobierno federal de definir como el tema central de su “agenda política nacional”, la “Guerra Frontal Contra el Crimen Organizado”, provocó que “el tema central en la sobremesa de todos los mexicanos” sea la incapacidad gubernamental para enfrentar a la delincuencia organizada. En las reuniones familiares, de compañeros de trabajo y las ocasionales entre amigos, en algún momento “tocan” la incapacidad del gobierno “desorganizado” para enfrentar al “crimen organizado”.
El avance de la inseguridad es consecuencia de la desorganización gubernamental para impulsar políticas públicas en materia de educación, de salud, de crecimiento de las oportunidades productivas, de la preservación de recursos naturales y el crecimiento de la infraestructura nacional, la parálisis y la improvisación de los gobiernos de las últimas décadas.
Hasta la década de los ochentas en los medios de comunicación (periódicos, noticieros de radio y televisión) la nota policiaca era un asunto menor que se utilizaba como complemento de la información política, que era la parte central de los informativos. Hoy, los temas de seguridad nacional están antes del debate y del análisis político en la agenda de los gobiernos de todos los partidos en todos los estados y en el gobierno federal.
La percepción de la sociedad se modificó a grado tal, que se dejó de lado la sensación de que el gobierno se encarga de preservar el cumplimiento de la ley y la armonía entre la autoridad y los integrantes de una sociedad y ahora se considera que la prioridad del aparato gubernamental es perseguir a los delincuentes. El presidente Felipe Calderón ha dedicado una parte importante del tiempo en los medios electrónicos de comunicación y los impresos, con los cuales mantiene convenios publicitarios para difundir los “avances” de la lucha que emprendió hace cinco años contra la delincuencia organizada”.
Al margen de la agenda gubernamental quedaron temas como la alfabetización y la certificación educativa de más de cuatro millones de adultos que en sus primeros años de vida, cuando gobernó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no pudieron acudir a las aulas por diversas circunstancias y a los que el gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) les dio esa oportunidad. Hoy cuentan con un documento que avala su educación básica y en un importante número hasta los conocimientos primarios del lenguaje digital.
Al triunfo de la Revolución Mexicana, José Vasconcelos fue secretario de Educación y luego candidato a la presidencia de la república, que propuso como proyecto principal alfabetizar y educar a todo el país.
El primero de julio de 2012 se convirtió en jefe de gobierno electo de la ciudad más poblada del mundo el ex procurador de ese lugar, Miguel Ángel Mancera, en Morelos el ex procurador de justicia del gobierno panista Francisco Coronato Rodríguez se convirtió por eleccion directa en diputado federal por el primer distrito y fue registrado como candidato por el Movimiento Progresista, organización que impulsó la aspiración del próximo jefe de gobierno de la capital del país.
La cultura del miedo
Dos hechos debieran resonar en la conciencia de los estadounidenses, en su lectura de la documentación del Padre Giraldo, acerca del reino de terror en el que se vio sumida Colombia durante la "Guerra Sucia" perpetrada por las fuerzas de seguridad del Estado y sus paramilitares asociados, desde principios de los años ochentas. El primero es que la "democra-tadura" de Colombia, como Eduardo Galeano denomina el actual laberinto de formas democráticas y terror totalitario, ha pasado a encabezar el índice de vulneración de los derechos humanos en todo el hemisferio en los últimos años, lo cual es sin duda toda una proeza, vista la competencia. El segundo es que Colombia ha contado para sus crímenes con ciertos cómplices, de entre los cuales el gobierno de EE UU se lleva la palma, si bien Gran Bretaña, Israel, Alemania y demás han colaborado en el adiestramiento y el aprovisionamiento de armas a los asesinos y torturadores que forman la red de terratenientes narco-militares que gestiona la "estabilidad" de un país rico en promesas, que se tornan en pesadilla para mucha gente.
Este ensayo de Noam Chomsky es la introducción de "Colombia: La Democracia Genocida", escrito por Javier Giraldo en 1996, donde se advierte que en julio de 1989, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaba sus planes de subvencionar la venta de armamento militar a Colombia con supuestos "fines contra el narcotráfico". La venta se "justificaba" en el hecho de que "Colombia cuenta con una forma de gobierno democrático que no presenta indicios permanentes de violación de derechos humanos reconocidos universalmente”.
Unos meses antes, la Comisión de Justicia y Paz, presidida por el Padre Giraldo, hacía público un informe documentando las atrocidades cometidas en el primer semestre de 1988, que incluían tres mil asesinatos de carácter político y 273 campañas de "aniquilación social". El peaje humano era de ocho asesinatos políticos al día, de los cuales siete personas eran asesinadas en sus hogares o en plena calle y una desaparecía. En su alusión a este informe, la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA) añadía: "la gran mayoría de los desaparecidos en los últimos años son organizadores de base social, campesinos y dirigentes sindicales, militantes de izquierda y activistas pro derechos humanos y demás actores sociales", un total de más de un mil 500 personas, en el momento en el que el Departamento de Estado elogiaba a voces la democracia Colombiana y su consideración por los derechos humanos. Durante la campaña electoral de 1988, 19 de los 87 candidatos a alcalde del único partido político independiente, el UP, fueron asesinados, junto con más de 100 del resto de sus candidatos. La Organización Central de Trabajadores, coalición de sindicatos instituida en 1986, había perdido ya a más de 230 de sus miembros afiliados, quienes aparecían muertos tras haber sido salvajemente torturados.
Pero el "sistema de gobierno democrático" colombiano salía airoso, sin tacha ni "indicios consistentes de graves violaciones" de derechos humanos. Para cuando el Departamento de Estado de los EE UU publicara su informe, los tan encomiables métodos, según el informe, se llevaban a la práctica con extraordinaria eficacia. El índice de asesinatos políticos entre 1988 y 1989 ascendía a 11 personas al día, según un informe de la sucursal colombiana de la Comisión de Juristas Andinos. Entre 1988 y principios de 1992, 9 mil 500 personas resultaban asesinadas por motivos políticos, 830 personas desaparecían y se perpetraban 313 matanzas (1988-1990) de campesinos y gente humilde.
A lo largo de todos estos años las principales víctimas del terrorismo de Estado han sido, cómo no, los campesinos. En 1988 las organizaciones sociales de uno de sus departamentos sureños denunciaban una "campaña de aniquilación total y tierra quemada, al estilo Vietnam", llevada a cabo del modo más vil por las fuerzas del ejército. "Aniquilando a hombres, mujeres, ancianos y niños. Hogares y cosechas eran arrasadas y los campesinos eran expulsados de sus propias tierras”. También fue en 1998 cuando el gobierno de Colombia estableciera un nuevo régimen judicial llamando a la "guerra sin cuartel al enemigo interno”, autorizando la "máxima criminalización de toda suerte de oposición social y política", según un informe europeo - latinoamericano presentado en Bruselas, en el que se examinaba la "consolidación del terrorismo de estado en Colombia".
Cuando se hizo público el informe del Departamento de Estado Norteamericano, un año después de estos sucesos, el ministro de Defensa colombiano reincidía en la doctrina de la "guerra sin cuartel" desde todos los poderes del Estado "en el ámbito político, económico y social". La guerrilla era el objetivo oficial, pero como ya observara un alto mando militar en 1987, sus organizaciones eran de escasa importancia: "el peligro real," explicaba, es "lo que los insurgentes han venido a denominar la "guerra política y psicológica," sus esfuerzos por "controlar a los agentes sociales" y la "manipulación de masas".
Los "rebeldes" buscan influencia en los sindicatos, las universidades, los medios de comunicación y un largo etcétera, y el gobierno debe atajar esta "guerra" con su propia "guerra sin cuartel en el ámbito político, económico y social". Vista la doctrina y la práctica, el estudio de Bruselas concluye con los pies en el suelo, que el "enemigo interno" del aparato terrorista del gobierno se extiende a "organizaciones laborales, movimientos populares, organizaciones colectivas indígenas, partidos políticos de oposición, organizaciones agrarias, sectores intelectuales, corrientes religiosas, colectivos de jóvenes y estudiantes, comunidades de vecinos. "De hecho, cualquier sector o colectivo susceptible de verse indeseablemente influenciado. Todo individuo que, de una u otra forma, comulgue con los objetivos del enemigo debe ser considerado un traidor y tratado como tal", según un manual militar colombiano. El manual data de 1963. Por aquel entonces, la violencia en Colombia se veía "exacerbada por factores externos", escribía el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos colombiana y antiguo ministro de Asuntos Exteriores Alfredo Vásquez Carrizosa, unos años atrás, en un repaso de sus consecuencias. "Durante el mandato de Kennedy", continuaba, Washington; "se las ingenió para transformar nuestros ejércitos regulares en brigadas de contrainsurgencia, integrando la nueva táctica de los escuadrones de la muerte". Estas iniciativas indujeron a lo que actualmente se conoce en América Latina como la "doctrina de la Seguridad Nacional... no un sistema de defensa contra el enemigo externo, sino el medio de hacer de la institución militar amo y señor de la jugada... [con] derecho a actuar contra el enemigo interno”, doctrina introducida por Brasil y adoptada en Colombia. Es el derecho de maniobra y aniquilación de los agentes sociales, miembros de sindicatos, hombres y mujeres que no apoyan el sistema y son, por tanto, extremistas comunistas".
La "Guerra Sucia" se potenció a principios de los años ochentas, no sólo en Colombia, conforme la administración Reagan fue extendiendo sus programas por toda la región, dejándola devastada y repleta de cientos de miles de cadáveres de personas torturadas y mutiladas, que cabe mencionar no apoyaran lo suficiente al sistema o, incluso, estuvieran bajo la influencia de los "subversivos". Los norteamericanos no debieran permitirse el lujo de olvidar los orígenes de la doctrina de Brasil, la de Argentina, la de Uruguay, la de Colombia y algunas otras. Fueron diseñadas y aplicadas por alumnos adiestrados y equipados aquí mismo. Las nociones básicas provienen de los manuales norteamericanos de contrainsurgencia y "conflictos de baja intensidad".
Estos tecnicismos son simples eufemismos del terrorismo de Estado, práctica ampliamente extendida en América Latina. Cuando el arzobispo Oscar Romero se dirigió por escrito al presidente Carter en 1980, poco antes de su asesinato, pidiéndole en vano que pusiera fin al apoyo de su país, en los estados terroristas, éste comunicaba al rector de la Universidad Jesuita, Padre Ignacio Ellacuria, que se veía atado al "nuevo concepto de estrategia de guerra especial, la cual consistía en la supresión de cualquier intento de organización popular bajo acusación de comunismo o terrorismo". De modo que el Padre Ellacuria informaba, poco antes de ser asesinado por la misma mano negra, una década más tarde, que los hechos revestían la década asesina de un simbolismo tan espeluznante como eficaz.
"Estos agentes terroristas del Estado reciben adiestramiento de EE UU para garantizar su debida asimilación y orientación para con los objetivos norteamericanos", comunicaba el secretario de Defensa Robert McNamara al asesor del Consejo de Seguridad Nacional McGeorge Bundy en 1965. Este es un asunto de particular relevancia "en el ámbito cultural de la América Latina, donde se reconoce al Ejército el poder de destituir a los gobernantes de sus cargos, si, a juicio de los militares, su conducta es injuriosa para con el bienestar de la nación. Es derecho del Ejército, y de aquellos que se encargan de proporcionarle la debida orientación, el privilegio de determinar el bienestar de la nación, y no de las bestias de carga que duramente trabajan, sufren y mueren en sus propias tierras.
Este ensayo concluye señalando que durante estos espeluznantes años, no ha habido nada tan inspirador como el coraje y la dedicación de todos aquellos que han luchado por superar la cultura del miedo en sus atormentados países. En el camino han caído abatidas las voces de las víctimas silenciadas por el poderoso -- un crimen tras otro. Pero han recogido el testigo de la lucha y la excelente labor del Padre Giraldo, cuyas elocuentes palabras no sólo debieran servirnos de aliento, sino de fuerza de inspiración para actuar y poner fin a estos actos de terror en la medida de lo posible. Su testimonio aquí constituye una "urgente petición". Debiera hallar una respuesta, pero no ha de quedar sólo en eso, porque nuestras responsabilidades van mucho más allá. El destino de los colombianos y de mucha otra gente depende de nuestra disposición y capacidad para reconocer y atajar este tipo de actuaciones.
La Procuraduría de Morelos
En 1981 el 17 de abril Sergio Méndez Arceo emitió su: decreto excomunión para torturadores en Morelos.
“En este Viernes Santo de 1981, mientras meditamos las torturas infligidas a Jesús durante su pasión por la autoridad religiosa y la autoridad romana, después de distintas consideraciones de los diferentes aspectos, cumplo con mi deber de pastor, de servidor de la vida y dignidad del hombre, al decretar la pena de excomunión a los torturadores”.
“Comencé a pensarlo desde que dos amigos míos muy queridos, el obispo de Talca (Chile), Carlos González C. y su obispo Auxiliar Alejandro Jiménez L., seguidos luego por otros obispos chilenos, dieron un decreto de excomunión contra los torturadores el 9 de diciembre del 1980”.
“También ha influido en mi ánimo el ejemplo admirable de magnanimidad de la revolución nicaragüense y el terrible recuento por otro lado de torturas en El Salvador, recogido de refugiados salvadoreños en México y Costa Rica”.
Afirmación de la dignidad humana
No es este decreto una denuncia de que en el Estado de Morelos tenga especial vigencia la tortura como instrumento de represión política, o de acción policiaca contra el crimen. Pero en la opinión del pueblo mayoritario sin defensas sociales, económicas o políticas, las fuerzas policiacas no son una protección sino una fuente de temor por los malos tratos y auténticas torturas empleadas para extorsión, intimidación, método de información o simplemente como reacción contra el aprehendido.
Este decreto quiere ser ante todo una enérgica afirmación de la dignidad del hombre y de los derechos humanos. Es un llamado a la conciencia cristiana y una contribución a la paz pública en un Estado de Derecho como lo es México.
El hombre, dice el Génesis, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es y será siempre un signo que nos habla de Dios. El Nuevo Testamento nos invita a ir más allá, a considerar al prójimo como otro yo, más aún, como al mismo Jesús: “lo que hacéis a uno de mis hermanos pequeños a mí me lo hacéis”.
La ofensa mayor, la tortura
Entre las formas más graves en que se ofende al hermano más pequeño, su vida, su integridad y dignidad, está la tortura, tanto física, psíquica, como moral, sobre todo cuando se hace con todos los agravantes, pues la hace la autoridad puesta para proteger y promover todo lo que contribuye a la vida y dignidad de los ciudadanos, se hace con la fuerza y los medios que el mismo pueblo proporciona para su seguridad y respeto; constituye una violación y traición a la confianza depositada por el pueblo en sus autoridades, se hace en la clandestinidad y con visos de legitimidad, a pesar de que su práctica está condenada en la Ley de los Derechos Humanos.
En la historia de la Iglesia, desde los tiempos de San Pablo (I Cor. 5- 1-13) ha sucedido que algunos pecados tienen especial gravedad. Son los pecados que afectan al fin común, a la dignidad de las personas y al sentido de unidad que significa la comunión. Así nació la palabra “excomunión” que indica al cristiano que está fuera de la unidad de la iglesia e imposibilitado de recibir los sacramentos mientras no se arrepiente del pecado cometido.
La tortura instrumento de dominio político
Juan Pablo II dice en su segunda encíclica “Rico en Misericordia”, se piensa también en la tortura todavía existente en el mundo, ejercida sistemáticamente por la autoridad como instrumento de dominio y de atropello político y practicada impunemente por los subalternos.
“Teniendo en cuenta mi labor como obispo de la Diócesis de Cuernavaca, coincidente con el Estado de Morelos, aunque contra esta medida extrema eclesial haya perjuicios, porque no pocas veces ha sido utilizada sin sentido liberador aún en nuestra patria, para que se manifieste el orden querido por Dios y para tratar de obtener la corrección de quienes abusan gravemente de su poder, establezco las siguientes disposiciones después de haberlas comunicado al presbiterio, los excomulgados son:
El que comete tortura o el que es responsable de ella, al ser ésta cometida, incurre en “excomunión latae sententia”. Es decir queda ipsofacto, (automáticamente) excomulgado al cometer este delito.
Se entiende por tortura “todo acto por el cual un funcionario público u otra persona a instigación suya inflija intencionalmente a una persona penas y sufrimientos graves, ya físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sea inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”. (Declaración de las Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1975).
Para entender lo que significa la excomunión hay que recordar que una persona excomulgada está separada de la comunión de la Iglesia y por lo tanto no podrá acercarse a recibir sacramentos y no podrá ser padrino en ninguno de los sacramentos de la Iglesia. La excomunión es una pena que tiene un carácter medicinal para corregir al que ha delinquido y en lo posible impedir que se cometa ese delito. Por lo tanto es una pena que obliga “en conciencia”, es decir, obliga en el interior de la persona que ha cometido ese delito, aunque nadie lo sepa o lo haya visto.
Lo insólito de estas disposiciones debe inducir a comprender el gran amor hacia el pueblo mayoritario y en general hacia cualquier víctima de la prepotencia, así como hacia quienes cometen tamaña injusticia.
Estas disposiciones serán dadas a conocer cuanto antes y de la mejor manera posible por todos los sacerdotes al pueblo de Morelos. Concluye el documento.
El 23 de mayo de 1996, siendo gobernador Jorge Carrillo Olea, el obispo de Cuernavaca Luis Reynoso Cervantes, cuando fue nombrado procurador de Morelos Arturo Estrada Carrillo, se realizó en los patios de la Procuraduría una misa, para los elementos de la institución, Jorge Morales Barud fue el primer gobernador que envió una terna al Congreso, así se nombró a José Castillo Pombo, su gestión de casi 24 meses, disminuyó el secuestro en Morelos, cuando se entregó el gobierno al entonces panista Sergio Estrada Cajigal aquel delito se desminuyó considerablemente, no fue un tema del inicio de aquella gestión.
Pago por evento
Durante los últimos 12 años de gobiernos panistas fueron electos procuradores de justicia desde el Congreso y a propuesta del gobernador en turno entre otros: José Luis Urióstegui, Hugo Bello, Guillermo Tenorio, Claudia Aponte, Francisco Coronato y Pedro Luis Benítez, tres de ellos han sido candidatos a puestos de eleccion popular, por el PRD, el diputado del Partido Acción Nacional, que fue funcionario durante los 15 años que ese partido gobernó la capital y el Estado, Javier Bolaños Aguilar propuso que se regrese al gobernador la atribución de nombrar procurador del Estado de forma directa.
Entre los aspectos que se deben analizar para retirar al Congreso la posibilidad de seguir nombrado funcionarios de otros poderes, magistrados, consejeros electorales y procurador, es el surgimiento de una “sospecha de corrupción” que sobre los representantes populares pesa desde la legislatura de 1997-2000, la primera plural de la entidad, que es el pago por evento.
Pago por evento es una expresión publicitaria de las cadenas de televisión restringida, para comercializar en sus transmisiones peleas de box, partidos de fútbol, encuentros deportivos diversos y conciertos musicales. En la política local se le reconoce a la “sospecha de pago extraordinario a los legisladores” para votar a favor de algunas propuestas del Poder Ejecutivo, entre las que han destacado los nombramientos de procuradores.
Durante la presente semana los aspirantes a la procuraduría de Morelos han acudido a los exámenes de control y confianza en el gobierno federal, quienes los “aprueben”, serán los que puedan integrarse a la terna que revisará el Congreso, su nombramiento, puede convertirse en el primer “pago por evento” de la nueva administración, lo que afecta la legitimidad con la que deberá nombrarse al próximo titular de la controvertida Procuraduría.