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Los integrantes de la Cámara de Senadores, los gobernadores de todos los estados del país, los integrantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país (la mayoría de los embajadores) y representantes de los diversos sectores de la sociedad.
El primero de septiembre de 2012, Felipe Calderón no acudió al Palacio Legislativo, su informe lo entregó el secretario de Gobernación Alejandro Poiré en el inicio del periodo de sesiones. Ahí, hablaron los representantes de todas las bancadas, sus expresiones coinciden en la falta de liderazgo del Poder Ejecutivo para enfrentar grandes temas, los representantes de su bancada justificaron el esfuerzo realizado y argumentaron que “no se dieron condiciones, ahí está el detalle”.
En aquella época y en la actual existía un pueblo considerado “masa silenciosa”, una gran mayoría dedicada a trabajar y atender con su esfuerzo propio las necesidades que enfrentan y las oportunidades que se les presentan, otros que se desempeñan al margen de la ley, desde la economía informal hasta la delincuencia organizada y unos que dedican tiempo y esfuerzo a señalar los errores gubernamentales, al margen de la ideología y proyecto del gobierno en turno, eso ha prevalecido.
Era “El día del señor presidente”, la señal de todos los canales de televisión y todas las estaciones de radio, de todo el territorio nacional, se unificaban y transmitían íntegra aquella ceremonia, que se consideraba de “culto a la figura presidencial”, se decretaba la total suspensión de labores, los periódicos nacionales y locales suspendían la edición correspondiente al primero de septiembre y todos los reporteros acudían a cubrir el evento desde diversos aspectos.
La señal que transmitían los medios electrónicos era la misma y la proveían las instancias oficiales. Sólo existía una cadena nacional de televisión privada (hoy Televisa), la otra cadena (Imevisión) era gubernamental y en el Valle de México transmitía el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
El protocolo se cumplía y respetaba por todos, existían expresiones de inconformidad y protesta, sólo se permitían a cierta distancia de los contingentes “que espontáneamente celebraban”, se colocaban protecciones en vía pública para que acudiera “libremente el pueblo a manifestar su reconocimiento a la obra gubernamental”. El día de transmisiones se iniciaba con una entrevista que en la puerta de la residencia de Los Pinos realizaba una conductora de televisión.
En aquella “plática informal” el pueblo tenía “la oportunidad” de conocer cuáles fueron los alimentos que ingirió el jefe de estado, previo a su traslado a San Lázaro, así como el estado de ánimo con el que había despertado el Presidente. A los integrantes menores de la familia se les preguntaba sobre lo orgullosos que estaban por el trabajo de su progenitor.
La transmisión en cadena nacional mostraba el ambiente “festivo” en el que se desarrollaba el traslado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, desde la residencia oficial de Los Pinos hasta el Palacio Nacional, en donde se colocaba la banda presidencial y de ahí salía rumbo al Congreso de la Unión. Siempre era trasladado en un vehículo negro convertible, con banderas en el frente de la unidad.
Era recibido en las puertas del Palacio Legislativo por una comisión de legisladores, que se encargaban de difundir en sus entidades de origen su participación destacada en aquel “magno evento”. Éstos lo acompañaban hasta el punto donde daba inicio a la lectura del mensaje político, durante toda la lectura del documento (varias horas) ningún legislador interrumpía la lectura (en 1988, Porfirio Muñoz Ledo interpeló a Miguel de la Madrid, en su último informe, ahí empezó a modificarse aquel protocolo).
Terminada la lectura del documento un diputado “daba respuesta”, siempre era expresiones de reconocimiento y “alabanza” al mandatario saliente. El sexto informe era la “gran ceremonia” del final del sexenio (seis años antes, Luis Echeverría anunció la primera devaluación de la paridad del peso frente al dólar, luego de casi dos décadas de estabilidad cambiaria).
Los cambios en Morelos
El primero de septiembre de 1982 ya era gobernador del Estado Lauro Ortega Martínez, la elección se realizaba en marzo y rendía protesta en mayo, así fue hasta el 2000. Lauro Ortega Martínez mantuvo una cercana relación con el gabinete político de José Lopez Portillo, con el presidente Miguel de la Madrid mantuvo diferencias que se hicieron públicas con expresiones como “Sí Morelos puede, México puede”, así disminuyó algunas cargas fiscales locales, impulsó programas de apoyo solidario como el Bolillo Popular. En 1985, impuso su criterio y utilizó urnas transparentes, “blindadas en una legislación turbia” para realizar la eleccion intermedia de marzo de 1985, el gobierno federal decretaba crisis económica. Aquel gobernador construyó un aeropuerto que sigue sin utilizarse, una saturada carretera Cuernavaca - Cuautla, y otras obras y proyectos.
Durante el gobierno federal que los analistas consideran como el más ineficiente de la historia con devaluaciones y una inflación superior al mil por ciento, siempre responsabilizando al gobierno anterior, en Morelos gobernaba el ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI con un grupo de priistas, que incluyó a ex secretarios de despacho del gobierno federal anterior.
Por otro lado, en el Senado de la República Antonio Riva Palacio arriba al liderazgo, luego de que el senador Miguel González Avelar pide licencia al cargo para sustituir a Jesús Reyes Heroles en la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue una época de intensa actividad política en la entidad.
Al ex gobernador Armando León Bejarano le iniciaron una serie de procesos en su contra, lo convirtieron en un escándalo mundial, era de los primeros ex mandatarios a quienes se perseguía por “desvío de recursos”. Estuvo un tiempo “refugiado en Costa Rica”, hasta donde no lo alcanzó “el brazo de la justicia”.
Los conflictos laborales iniciados durante la década de los setentas, disminuyeron luego de singulares negociaciones que realizaba aquel gobierno. Cuentan que en alguna ocasión pidió el porcentaje de incremento que reclamaban los trabajadores de cierta factoría, el cual era superior al 100%, preguntó por la oferta de los patrones, apenas cercana al 10%, estableció una cifra intermedia y dijo que el gobierno aportaría la diferencia entre lo que ofrecían los empresarios y la cifra acordada, así determinó que estaba solucionado el conflicto.
El dirigente espiritual de Morelos, Sergio Méndez Arceo, figura principal de “la Teología de la liberación”, tenía presencia internacional, los turistas acudían los domingos a su singular “misa con mariachi” en la que siempre enviaba algún mensaje con contenido político, no siempre vinculado a los temas espirituales que se celebraban en el evento, mantuvo un liderazgo social que trascendió las fronteras nacionales, su mensaje está vinculado a la Caravana por la paz con justicia y dignidad que realizan un grupo de mexicanos en Estados Unidos.
Al final de aquella administración Méndez Arceo se retiró como obispo de Cuernavaca, en su lugar fue enviado Juan Jesús Posadas Ocampo, quien murió en un enfrentamiento en el aeropuerto de Guadalajara, cuando ya se desempeñaba como obispo de aquella importante región. A Morelos llegó Luis Reynoso Cervantes, reconocido especialista en Derecho.
Se daban en Morelos y en México las primeras transformaciones del aparato gubernamental, los partidos de oposición lograban espacios en las estructuras de representación popular, eran una minoría escuchada son acceso real a la toma de decisiones.
El día de la nacionalización
¿Qué estaba haciendo usted el 1 de septiembre de 1982? Ese día, a las 14:27 horas, el presidente José López Portillo nacionalizó la banca. Quienes vivieron el hecho histórico, señalan lo que recuerdan 25 años después como un momento definitorio para sus vidas, el cruce de caminos en el cual el país dio un vuelco por una decisión de unos cuantos.
El futuro de una generación de mexicanos cambió con el poder de la firma presidencial estampada en un decreto que determinaba la confiscación de la banca privada, de tal suerte que el Estado sería en adelante propietario del sistema de pagos nacional.
Señala en “el tango de la nacionalización bancaria” la investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Rossana Fuentes-Berain.
En un artículo publicado el 1 de septiembre de 2007 recuerda: El diálogo la víspera del informe presidencial de 1982 entre José Ramón López Portillo, hijo del presidente, “orgullo de su nepotismo”, y el presidente electo Miguel de la Madrid, retratado en las memorias de ambos, y los días que precedieron la implementación de las medidas resultan francamente kafkianos.
Es claro el importante papel que desempeñó el joven funcionario público cuya consanguinidad lo hizo ser la persona de confianza, el mensajero, quien le anuncia a De la Madrid el 31 de agosto que la medida “es para entregarle una presidencia fortalecida”.
“Me entregan un país polarizado”, responde el presidente electo, pero en la misma conversación ofrece no pronunciarse en contra.
Priistamente disciplinado, De la Madrid expresa su descontento dentro de los barrocos códigos de la presidencia imperial, cuando hoy hace 25 años escucha a un presidente emocionado hasta las lágrimas y permanece impávido ante la ovación general.
Los banqueros internacionales se pronunciaron automáticamente en contra, pero suspiraron aliviados. Alguien les pagaría: el Estado mexicano.
Walter Wriston, cabeza de Citibank, que orondo había declarado “los países no quiebran” cuando se le advirtió de la sobre exposición del banco en América Latina, deja a Bill Rhodes, apodado “Dios” por su inmenso poder en la división internacional, la tarea de recoger los platos rotos los siguientes siete años.
Un intercambio de salón. Nadie se levantó de la mesa. Todos quietos, las muecas se aceptaron, las estridencias no. Miguel Mancera y Adrián Lajous, los únicos que en su momento se opusieron públicamente, fueron mandados a su casa sólo para regresar unos meses después, cuando De la Madrid y la generación de los tecnócratas que llegó al poder los necesitó.
Con el anuncio de la nacionalización vinieron las concentraciones en el zócalo de apoyo al patriotismo del autodenominado “último presidente de la Revolución Mexicana”. No se escribieron libros sobre el saqueo bancario, como sí se hizo 12 años después, en diciembre de 1994. No hubo gritos de “muera la nacionalización” como los hay del Fobaproa que bajo otro esquema, y sobre todo bajo otro manto perceptual, hizo lo mismo: rescatar el sistema de pagos de una crisis que hubiera dejado a banqueros y ahorradores sin su dinero.
Los procesos no son idénticos y como siempre “el diablo está en los detalles”, pero en estos dos momentos plásticos de crisis mexicanas (1982 y 1994) se perdió mucha de la capacidad de crecimiento del país.
Después de ambos episodios, como la leyenda griega de Sísifo, el pueblo mexicano ha tenido que volver a empujar la piedra cuesta arriba. En ambos también hay un elemento común, el gobierno mexicano ha protegido más a los empresarios que a las empresas, a los banqueros que a los bancos. No es una diferencia semántica menor, ni un juego de palabras sino un equívoco político-económico.
La historia comienza a registrarlo y algunos de los protagonistas que aún viven, como José Ramón López Portillo, que nunca pudo regresar al país, deberían dar una amplia explicación de lo sucedido hace un cuarto de siglo, porque es cierto que “20 años son nada”, como diría el tango, pero en ellos pasaron muchas cosas como resultado de una decisión en la que, coinciden quienes la vivieron, él tuvo una enorme influencia. ¿Se acuerda dónde estaba usted el 1 de septiembre a las 14:27 horas?
La transición sexenal
Hasta la transición del gobierno de Morelos de 1994, ésta tuvo fechas diferentes al proceso federal, la eleccion se celebraba en marzo y la entrega del gobierno en mayo, todo el proceso se vivía, limitada políticamente por el proceso de campaña presidencial el jefe del Ejecutivo Federal saliente y quienes realizaba recorridos por todo el territorio nacional eran informados sobre ese proceso, lo que evitó confrontaciones entre un gobernador y otro, hasta que la administración era entregada.
A partir del 2000 la elección es concurrente y el cambio de autoridades sigue una ruta individual, en lo federal y en lo estatal el primero de septiembre rinde protesta el Congreso, el gobierno local rinde protesta el primero de octubre, el gobierno municipal rindió protesta de 2000 a 2009 el primero de noviembre. Ahora será el primero de enero de 2013 y el gobierno federal realiza la ceremonia de entrega recepción el primero de diciembre.
Hasta el primero de septiembre de 1982, luego del resultado de la elección, eran pocas las cosas que se movían en el gobierno federal, el mandatario saliente realizaba recorridos de “despedida” por todo el país y en algunas ocasiones giras internacionales, no se tomaban grandes decisiones. A partir de la nacionalización bancaria, los presidentes y gobernadores dan la impresión de concluir una carrera, pretenden cerrar su gestión a “tambor batiente”, en algunos casos dan la impresión de querer realizar todas las actividades que no quisieron enfrentar durante su gestión.
También se han convertido en tiempos de alto riesgo, hoy los proyectos empresariales advierten “parálisis” por temor a ocurrencias gubernamentales, en 1976, 1982, 1988 y 1994 se dieron crisis políticas y financieras, devaluaciones y enfrentamientos sociales, el 2000 fue “aceptable” pero mantuvo un alto grado de “alerta”, en el 2006 se dio el proceso postelectoral más prolongado del que se tenga registro.
En la entrega del Poder Ejecutivo Federal se consumen 152 días, desde la elección hasta la ceremonia de entrega de poderes. El doctor en Derecho Diego Valadez advierte signos de ingobernabilidad y realiza un recuento de algunos acontecimientos, entre los que destacan los “granadazos y quema de negocios” en Nuevo León, en San Luis Potosí, las 21 ejecuciones del 9 de agosto y el asesinato de Edgar Morales, alcalde electo de Matehuala, los enfrentamientos y narcobloqueos en Michoacán, la quema de vehículos y gasolinerías en Guanajuato, el secuestro de la directora de un Cereso, el conflicto que elementos federales y empleados de una embajada que tuvieron en Tres Marías, los narco bloqueos de Jalisco.
Especial atención merece, según el jurista, el conflicto por la sucesión en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la detención de tres mandos, por supuestos vínculos con organizaciones criminales, además del conflicto del gobierno federal con un grupo empresarial de comunicación electrónica y el efecto que tuvo el anuncio de un nuevo avión presidencial.
El tambien ex procurador general de la república advierte: “Hay por otro lado, un gobierno que no se acaba de constituir y no podrá asumir sus funciones sino hasta el primero de diciembre. Todavía después de la calificación de la elección nos espera un periodo muy amplio. Que el país estará expuesto a un creciente deterioro institucional, cuyos efectos se proyectarán en las condiciones de gobernabilidad del gobierno que se instale, ese día el nuevo gobierno tendrá que enfrentar las condiciones acumuladas que ya conocíamos, más las que se produzcan en los últimos meses”.
Una expresión más de lo que el gobierno ha cambiado en los últimos 30 años, es el análisis de Luis F. Aguilar, experto de la ONU en Administración Pública, quien advierte: “la entrega-recepción de cinco meses es una exageración, puesto que debería ser preparada oportunamente y ser de semanas, donde la vieja administración enlista donde están los principales problemas, las principales dificultades, la agenda a realizar.
No se requiere tanto tiempo para tantos equilibrios políticos, ya el equilibrio político se resolvió con la democratización electoral; es sólo un equilibrio burocrático, quién va a ocupar qué puestos, con base en qué conocimientos, con base en qué competencia, experiencia. Y recuerda que esta lentitud origina desde la Constitución de 1917, en la que se establece esa fecha para el cambio, cuando se ocupaba ese periodo para la “cicatrización” propia de un sistema presidencialista.
La perspectiva empresarial es diferente, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reconoce que “un proceso de cónico meses siempre es muy largo, se podría acortar. Deberíamos empezar por acortar las definiciones jurídicas después de la elección, que hubiera un tiempo razonable para dirimir diferencias e impugnaciones. Como parte del fortalecimiento de la democracia y de las instituciones, es importante dar certidumbre de manera mucho más rápida”.
Señala, que en el periodo de espera de la definición del tribunal, los empresarios avanzaron en las propuestas para el siguiente gobierno, que hasta el momento han trabajado con el legislativo, han sostenido reuniones con los dirigentes de los partidos y los coordinadores de las fracciones parlamentarias para definir agendas comunes, que permitan identificar prioridades y tiempos, y empezar así a construir consensos.
El 29 de agosto el CCE dio a conocer un mensaje donde señala: “Vemos con profunda preocupación los recientes actos de violencia, en particular los bloqueos que sufrió la ciudad de Guadalajara y el asalto en Morelos a un vehículo con placas diplomáticas. Estos hechos reflejan una falta grave de coordinación tanto entre las instancias federales involucradas, como entre los tres ordenes de gobierno, lo que resulta inaceptable”.
La transición en Morelos
La advertencia de la necesidad de incrementar el costo del transporte público durante las semanas posteriores al día de la elección, la entrega al Poder Ejecutivo, del Sistema Morelense de Radio y Televisión en los días previos a la elección, la renovación de empresas de verificación de emisiones contaminantes para vehículos automotores de la entidad y los conflictos sobre los temas de seguridad pública y procuración de justicia, son parte de las diferencias de criterios y enfrentamientos que se advierten entre la administración que concluye y la que iniciará el primero de octubre.
Los equipos de colaboradores del gobernador Marco Antonio Adame Castillo y el gobernador electo Graco Ramírez Garrido Abreu han expresado las diferencias que empiezan a surgir entre dos servidores públicos, que mantuvieron en lo público una relación política respetuosa, sobre todo al momento de anunciar beneficios para la entidad como proyectos de inversión y mejoras en el sistema de educación superior.
El más significativo y que involucra a una tercera fuerza política es la declaración de Graco Ramírez, cuestionando la efectividad de la Auditoría Superior de Fiscalización, que encabeza el ex presidente del CDE del PRI, Luis Manuel González Velázquez, quien apoyó la candidatura de Amado Orihuela Trejo, y la certidumbre de que se contrataría a un despacho privado para que audite la aplicación de los créditos, que con la aprobación del Congreso se entregaron a los gobiernos municipales y al estatal en los últimos años.
El gobierno saliente pretendió en un principio posponer la revisión de cuentas hasta que se entregara formalmente el poder y los del gobierno entrante han advertido que debe iniciarse ya la revisión, para poder saber en la fecha preestablecida que es lo que se recibe.
El gobierno municipal de Cuernavaca es el que más atención mantiene debido a que el partido de la administración saliente repite en lo municipal, pero quedó desplazado en la representación federal de Morelos y en el Congreso Local, por ello se ha “escandalizado” su situación financiera y se han advertido revisiones a fondo.
Otra presión la ejerció, el gobierno saliente al pretender anunciar la aprobación de un incremento a las tarifas de transporte público, la cual no se dio porque estaba generando un conflicto entre administraciones.
Los gobiernos de las últimas tres décadas han registrado una diversificación de responsabilidades, aparentan sin confirmar mayor transparencia, sin embargo los escándalos por corrupción son mayores, perdieron el control sobre la seguridad pública y no han podido avanzar en el desarrollo sustentable, pero dan muestras de intentar avances, el pueblo sigue en esencia manteniendo las mismas conductas de apatía y participación social, que mantenía hace tres décadas, quizá una mayor participación ciudadana y una mayor conciencia sobre la responsabilidad ciudadana en un gobierno democrática, impulsaría resultados que hasta hoy no se han logrado.