Decimos lo anterior, porque tras la marcha de protesta de jubilados y activos de algunas ramas de la enseñanza en el sistema educativo básico, la titular de educación Beatriz Ramírez les pidió comprensión. Es decir, que sean tolerantes y sigan aguantando el abuso institucional ante lo que ya han ganado.
En el caso de los activos, se trata incluso de salarios no cubiertos, algo que legalmente no se puede retener, pero que a un gobierno insensible y sin moral, poco o nada le interesa. Claro, la excusa para el incumplimiento es que no hay dinero y que además algunos de esos conceptos corresponden al nivel federal.
Lo cierto es que el quebranto institucional en la entidad es total, sobre todo en cuestiones de dinero. Los bonos reclamados no son ni siquiera concesión de la actual administración, es un beneficio alcanzado en años pasados y que por lo tanto no está sujeto a condicionamientos.
Pero por un lado se habla de insuficiencia presupuestal, pero por otro cobra fuerza la información en el sentido de que por incapacidad técnica para generar los proyectos ejecutivos respectivos, se tuvieron que regresar a la Federación 70 millones de pesos que se habían canalizado.
LEYES SIN UTILIDAD
Y en otro tema, analizado por un grupo de abogados de la barra y colegios, se hacía referencia una serie de leyes y normas aprobadas por los cuerpos legislativos y que al paso del tiempo se han convertido en letra muerta, ya sea por intereses que impiden su ejecución o por falta de voluntad y acción de la autoridad.
Una de ellas es la Ley Antitabaco, muy publicitada y ponderada en su oportunidad, pero de la que hoy día nadie parece acordarse. Y uno de los abogados refería que con otros compañeros y organizaciones, hicieron un recorrido por planteles escolares, tanto de educación básica como de media superior y el resultado fue demoledor. De diez escuelas revisadas, sólo una secundaria técnica mantenía algunas restricciones para los fumadores, en las otras ni la directiva conocía los contenidos de la ley.
Otra que tampoco representó gran cambio en la práctica, de acuerdo a sus reflexiones, es la Ley General de Niños y Niñas, que ordenaba celeridad en todos aquellos procesos que tienen que ver con la aplicación de la justicia en los menores.
Aseguraron que al menos en Morelos, los tribunales no modificaron en nada sus políticas al respecto y cualquier reclamo por el sostén o la alimentación de niños procedentes de matrimonios con problemas, puede durar meses o hasta años. El Consejo de la Judicatura, que se supone, debe vigilar el cumplimiento legal y oportuno, duerme el sueño de los justos.