La funcionaria dijo que “estamos hablando de síndicos, regidores, presidentes municipales y tesoreros, porque son los responsables directos de la omisión en el caso de esos conflictos que siguen siendo el principal factor de desajuste económico en las alcaldías”.

Pero agregó que independientemente de lo anterior, hay a estas fechas 63 medidas de apremio, es decir, más disposiciones de destitución de autoridades si no se responde positivamente al llamado de esas instancias legales, y a pesar de que durante el presente trienio aún no hay el primer edil separado del cargo, pudieran venir acciones de esa naturaleza en cascada.

Gómez Orihuela mencionó que en su conjunto, los presidentes municipales deben más de 513 millones de pesos por laudos, pero esa suma viene creciendo, porque se registran más despidos, a pesar de que el llamado es a buscar la conciliación y arreglo antes de que los procesos lleguen al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA).

De entrada, recordó, es Temoac el municipio que presenta mayor riesgo, porque tiene que pagar más de siete millones de pesos y es una localidad que sólo recibe tres millones 500 mil pesos en promedio mensual por participaciones, por lo que tendría que dejar de hacer muchas cosas para cumplir.

Pero recordó que fue Cuernavaca la que reaccionó positivamente y luego de tener cuatro expedientes con orden de destitución, a través del área jurídica buscó arreglo con los ex trabajadores y todo indica que los resolvió de buena manera. Sin embargo, pueden venir más casos.

Gómez Orihuela destacó que en el trienio anterior se destituyó a cinco ediles, entre ellos, los de Amacuzac, Emiliano Zapata y Cuautla, aquí todavía no ha pasado nada, pero existen muchos casos en proceso que de no tratarlos con seriedad, pudieran llegar a hacer crisis.