Maciel Calvo

Maciel Calvo

Jueves, 07 Noviembre 2019 05:16

Desecha SCJN controversia promovida por TJA

Mediante el recurso, el Tribunal de Justicia Administrativa pretendía impugnar el decreto expedido por el Congreso local que anuló el aumento del periodo de los magistrados de 14 a 20 años.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional promovida por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que pretendía impugnar el decreto expedido por el Congreso local, que anuló el aumento del periodo de los magistrados de 14 a 20 años autorizado por la anterior legislatura.

El ministro instructor, Luis María Aguilar Morales, resolvió que el TJA no tiene legitimación para promover la controversia constitucional, pues aún en el supuesto de que se le considerara un órgano constitucional autónomo estatal, “el Constituyente Permanente sólo consideró incluir como sujetos legitimados para promover una controversia constitucional a los órganos constitucionales autónomos federales, esto es, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el organismo garante que establece el artículo 6 constitucional, es decir, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Además, argumentó, existen precedentes de la Primera Sala y Segunda Sala de la SCJN que resolvieron los recursos de reclamación 23/2016-CA , 52/2016-CA y 53/2018-CA , y confirmaron los autos de desechamiento de las demandas de las controversias constitucionales 34/2016, 110/2018 y 105/2018, promovidas anteriormente por el presidente del TJA.

Recordó que el Poder Judicial del Estado de Morelos promovió con antelación la controversia constitucional 306/2019, en el cual se impugnó la misma norma que el tribunal administrativo.

 

 

Segunda sentencia también invalida la designación de dos de los tres integrantes del órgano.

El Juzgado Segundo de Distrito emitió una segunda sentencia de amparo en la que invalidó la designación de dos de los tres integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Al resolver el juicio de amparo 844/2019, promovido por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rocío Bahena Ortiz, la justicia federal reiteró la ilegalidad del nombramiento de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo como representantes de los magistrados y jueces ante dicha junta.

El pasado 3 de junio, a propuesta de la presidenta del TSJ y de la Junta de Administración, Carmen Cuevas López, Flores León y Becerra Arroyo fueron designados por un grupo de nueve magistrados, pese a que no había quórum para continuar con la sesión y llevar a cabo la votación.

De acuerdo con el juzgado de distrito, se “advierte que las autoridades responsables vulneraron en perjuicio de la quejosa el contenido del artículo 16 Constitucional, porque si bien se estableció que los Magistrados no votaron por estar ausentes en la sesión plenaria del tres de junio de dos mil diecinueve, no menos cierto es que de la misma se aprecia que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos; ya que éste exige que los integrantes de la Junta sean designados por el Pleno del Tribunal, el cual como se establece en la Ley Orgánica respectiva se integra por el Presidente del Tribunal y la totalidad de los Magistrados que integran Sala.

“Requisito anterior que era necesario observar, previamente a la votación para la designación del Magistrado y Juez que integran la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, como lo dispone el numeral 92-A de la Norma Fundamental local”.

En consecuencia, por segunda ocasión, fue invalidada la designación y la justicia federal ordenó realizar una nuevamente el procedimiento de designación, en el que se deberá “no solo requerir a la totalidad de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia de quórum legal sino también para llevar a cabo dicha votación”.

El primer amparo fue concedido hace unos días por este mismo juzgado de distrito a la magistrada del TSJ, Bertha Rendón Montealegre, sin embargo, existen en curso otros siete juicos de amparo radicados en otros juzgados federales y promovidos por otros magistrados inconformes con la designación.

 

Miércoles, 06 Noviembre 2019 05:00

Tratan de dar legalidad a redistritación judicial

Fue aprobada sin quórum por un grupo de magistrados.

La titular del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, convocó a sesión de Pleno para este miércolespara ratificar el acuerdo de redistritación judicial, pero no se contempla abordar el tema de la sentencia de amparo dictada por un juez de distrito en la que se invalidó la designación de dos de los tres integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Hasta el momento, la presidencia del TSJ no ha fijado una postura sobre la sentencia de amparo emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en favor de la magistrada, Bertha Rendón Montealegre, quien impugnó la designación de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo. 

De acuerdo con la sentencia, la designación fue ilegal porque no solo no hubo quórum para sesionar, sino que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución local, que exige que los integrantes de la junta sean nombrados por el Pleno del Tribunal, en cual se integra por el presidente del TSJ y la totalidad de los magistrados que integran sala. 

La presidencia del TSJ no informó si la sentencia se acatará o si la impugnará, sin embargo, ayer emplazó a sesión de pleno ordinaria y extraordinaria para tratar asuntos distintos, entre ellos, la aprobación del acta de la otra cuestionada sesión de Pleno del 6 de septiembre, en la cual estuvieron ausentes nueve magistrados y tampoco se habría cumplido con el quórum. 

Y es que en esa sesión, los magistrados identificados con el grupo de Cuevas López aprobaron la desaparición de los distritos judiciales en materia penal y sustituirlos por las sedes de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, así como la creación del Juzgado Único en Materia de Oralidad Mercantil.

 

La presidencia del TSJ convocó a sesión de Pleno para este miércoles 6 para ratificar el acuerdo de redistritación judicial.

Miércoles, 06 Noviembre 2019 05:08

Congreso, en riesgo de desacato

La SCJN negó cualquier prórroga para cumplir la entrega de recursos destinados al pago de jubilaciones del TSJ; los diputados se enfrentan a sufrir hasta la destitución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió que es improrrogable el plazo fijado para cumplir con las sentencias del alto tribunal vinculadas con el pago de pensiones a trabajadores en retiro del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Pese a que el gobierno del estado y el Congreso solicitaron un plazo adicional para poder cumplir con el pago del último de los 11 bloques de sentencias enlistadas en el acuerdo emitido el 25 de febrero pasado por el Pleno, la SCJN sostuvo que ambos tuvieron “un plazo prudente para programar, presupuestar y aprobar los recursos necesarios para hacer frente en tiempo y debida forma a la obligación impuesta por este Alto Tribunal”.

Por lo tanto, “los plazos para autorizar el presupuesto previsto en el Acuerdo Plenario respectivo fueron improrrogables y el cumplimiento de las sentencias de las controversias constitucionales que integran el presente bloque constituye un mandato constitucional”. 

En el acuerdo publicado en estrados, afirmó que aun cuando que el Poder Judicial de Morelos realice los pagos de pensiones a los trabajadores en retiro, no exime a las restantes autoridades vinculadas a ministrar los recursos indicados al Tribunal Superior de Justicia, en virtud de que se estimó inconstitucional que la Legislatura de Morelos decidiera la procedencia del otorgamiento de la pensión por jubilación de trabajadores afectando el presupuesto del Poder Judicial local, al ordenar que la pensión debía cubrirse con el presupuesto de dicho poder, sin otorgarle los recursos necesarios para satisfacer la obligación en cuestión. 

Incluso, dio un plazo de tres días al Congreso, el cual se vencerá en las próximas horas, con el apercibimiento de que, en caso de incumplir, “el desacato dará lugar a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y se “turnará el asunto al ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (destitución)”, tal como fue señalado en el Acuerdo Plenario de 25 de febrero de 2019.

De esta manera, el Congreso estatal está obligado a etiquetar los recursos que sean necesarios para cumplir con el pago de todas las sentencias, para que el TSJ pague a los trabajadores en retiro, además de que en el presupuesto de 2020 deberá etiquetar una partida para el pago de pensiones.

 

Martes, 05 Noviembre 2019 05:10

Entregan cuerpos de reos fallecidos

La FGE investiga los hechos ocurridos la mañana del 30 de octubre en el penal de Atlacholoaya.

La Fiscalía General del Estado entregó los cuerpos de los reos fallecidos la semana pasada, durante el motín ocurrido en el penal de Atlacholoaya. 

Mediante un comunicado, la institución informó que los familiares de los internos asesinados cumplieron con todos los trámites y requisitos legales para hacer la reclamación de los cuerpos, que este fin de semana fueron entregados a sus familias. 

Los cuerpos de los internos identificados como Néstor “N”, José Manuel “N”, Roberto “N”, Lorenzo “N”, Vicente “N” y Raymundo Isidro “N”,  -este último ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona oriente de la entidad- habían permanecido en las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se les practicó la necropsia de ley y se corroboró que su causa de muerte fue por ataque con armas punzocortantes. 

La fiscalía mantiene abierta una investigación por el homicidio de un reo durante una riña registrada la mañana del 30 de octubre, y otra más por el asesinato de seis reos durante el amotinamiento y el posterior enfrentamiento entre grupos rivales en el interior del centro penitenciario.

 

 

Martes, 05 Noviembre 2019 05:11

Trabajadores de Cereso realizan protesta

Alrededor de una centena de trabajadores administrativos del penal de Atlacholoaya (denominado oficialmente Centro de Reinserción Social “Morelos”) realizaron un paro de labores en demanda de aumento salarial y condiciones de seguridad para desempeñar sus labores, porque -aseguraron- hay un grupo de reos de mantiene el control del penal. 

Señalaron que después del amotinamiento y el enfrentamiento entre grupos antagónicos al interior del penal que dejó un saldo de siete muertos, ni la Guardia Nacional ni la Policía Federal y estatal han logrado ingresar, salvo los custodios.

A las afueras del centro penitenciario, los trabajadores expresaron su preocupación por la falta de garantías de seguridad para laborar y esperaron por varias horas a que el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas o algun funcionario de alto nivel asumiera oficialmente el compromiso de mejorar sus salarios y condiciones de trabajo.  

“Hay riesgos de que nos tomen también como rehenes, ya que hay ciertas riñas que todavía no han parado, que todavía continúan, entonces nosotros no tenemos todavía una garantía de seguridad”, dijo un trabajador, al recordar que la semana pasada los propios custodios fueron tomados como rehenes. 

Afirmaron que las circunstancias en las cuales laboran los custodios son de incertidumbre, ya que de los 60 que hay por turno, sólo 40 están dentro del penal y el resto realiza traslados o se encuentra en el área perimetral.

También pidieron la salida de Jorge Israel Ponce de León Borquez, coordinador del Sistema Penitenciario, a quien señalaron como uno de los responsables de las vejaciones contra los internos y que fue una de las razones que provocaron los amotinamientos y enfrentamientos de la semana pasada.

Los trabajadores decidieron no ingresar a su área de labores, pero sí checaron su entrada, y esperan una respuesta oficial sobre sus dos principales demandas. Por lo pronto, señalaron, el fin de semana hubo una tregua para que pudiera desarrollarse la visita familiar, pero la situación sigue igual.

 

Anuncian adquisición de sistema de videovigilancia para tres centros penitenciarios.

Un juez federal anuló la designación de dos de los tres integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, porque  no hubo quórum para concretar los nombramientos de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo como representantes de los magistrados y jueces ante el órgano colegiado.

Al resolver el juicio de amparo 851/2019 promovido por la magistrada Bertha Rendón Montealegre, el Juez Segundo de Distrito concedió la protección de la justicia federal y ordenó dejar  insubsistente el acta de sesión ordinaria de Pleno celebrada el 3 de junio de 2019, “únicamente en la parte que determinó la votación para designar a los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y en su lugar emita otra en la cual deberá observar lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el entendido que deberá no solo requerir a la totalidad de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia de quórum legal sino también para llevar a cabo dicha votación”.

De acuerdo con la resolución, el juzgador federal advirtió que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, vulneró en perjuicio de la quejosa, el contenido del artículo 16 Constitucional.

Lo anterior, porque “si bien se estableció que los magistrados no votaron por estar ausentes en la sesión plenaria del tres de junio de dos mil diecinueve, no menos cierto es que de la misma se aprecia que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos; ya que éste exige que los integrantes de la Junta sean designados por el Pleno del Tribunal, el cual como se establece en la Ley Orgánica respectiva se integra por el Presidente del Tribunal y la totalidad de los Magistrados que integran Sala.

“Requisito anterior que era necesario observar, previamente a la votación para la designación del Magistrado y Juez que integran la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, como lo dispone el numeral 92-A de la Norma Fundamental local”.

Un grupo de nueve magistrados disidentes no sólo desconoció la designación de ambos miembros de la Junta de Administración sino que cada uno de ellos promovió un juicio de amparo, con el fin de que la justicia federal determinara sobre la ilegalidad o no de la designación.

Conforme a los magistrados inconformes, la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina no fue legal por tres razones esenciales.

La primera por que no se cumplió con el quórum de dos terceras partes de los integrantes del Pleno para llevar a cabo la designación. La segunda, porque Alejandro Becerra Arroyo no estaba en funciones de juez y se desempeñaba como coordinador de asesores y representante legal del Poder Judicial.

Y, la tercera, porque por lo menos una juez, Mireya Díaz Cerón, expresó su deseo de ser considerada en la terna para ser representante de los juzgadores ante la junta y su petición fue ignorada, por lo cual promovió un amparo y se le concedió la suspensión.

Esta resolución, que puede ser impugnada ante un tribunal colegiado, subió de nuevo la tensión en el interior del TSJ, cuya institución se encuentra dividida.

 

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) interpuso una controversia constitucional para impugnar el decreto expedido por el Congreso, que  revocó la ampliación del periodo de los magistrados que realizó la anterior legislatura.

Manuel García Quintanar, actual magistrado presidente del TJA, promovió la controversia 326/2019 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, por su conexidad con la acción de inconstitucionalidad  20/2017 y la controversia constitucional 306/2019 iniciada por el Tribunal Superior de Justicia, fue remitida al ministro ponente Luis María Aguilar Morales, para que determine sobre la admisión o no del recursos de control constitucional.

En la controversia, el TJA reclamó “la invalidez por sí y por vicios propios del decreto 427, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5743, de fecha 10 de Septiembre de 2019, que contiene el Acuerdo Parlamentario indebidamente remitido como Decreto por el Poder Legislativo para su publicación, por el que se deja sin efectos el Decreto 2610, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, con fecha 30 de mayo de 2018}2, por el que se expiden los nombramientos a los magistrados a que se refiere la disposición transitoria tercera, del decreto número 1613, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5477, de fecha 24 de febrero de 2017.

La legislatura anterior realizó reformas legales para, por única ocasión, aumentar de 14 años (periodo máximo para ejercer la magistratura) a 20, de los actuales los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos.

La reforma beneficiaba inmediatamente a la magistrada presidente del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas, quien concluía el pasado 4 de julio el periodo original de designación de 14 años, seguida por los magistrados del TSJ Rocío Bahena Ortiz y Miguel Ángel Falcón Vega, así como los magistrados del TJA Martín Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas, quienes concluirían su periodos en mayo de 2020.

En la controversia constitucional 306/2019, el TSJ consiguió la suspensión de la SCJN contra la aplicación y los efectos del decreto que revocó la ampliación del periodo de los magistrados. Ahora el TJA espera que la Corte admita su recurso de control constitucional

 Cabe recordar que el pasado 19 de septiembre, al debatir el proyecto de resolución de acción de inconstitucionalidad 20/2017, el Pleno de la SCJN planteó declarar la invalidez o el sobreseimiento de la disposición que amplió el periodo de 14 a 20 años de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, además de invalidar el aumento de 65 a 70 años de la edad de retiro forzoso y la eliminación del proceso de evaluación y ratificación de los juzgadores de segunda instancia.

Debido a observaciones al proyecto del ministro Aguilar Morales, el asunto se retiró de la lista y está pendientes de resolución, en virtud de que se acumuló la controversia del TSJ.

 

Viernes, 01 Noviembre 2019 05:13

Custodios desactivan protesta

Fueron 28 los reos trasladados a cárceles distritales.

Por tercer día consecutivo continuó la tensión en el Centro de Reinserción Social “Morelos”, luego de que los internos retuvieron a custodios para frustrar el cateo que realizarían fuerzas federales para el decomiso de armas, al tiempo que el personal penitenciario realizó un paro para exigir mejoras laborales y la destitución de sus jefes.

La mañana de este jueves, elementos de la Policía estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional estaban listo para ingresar al penal para realizar un cateo en dormitorios, talleres y áreas comunes para decomisar toda clase de objetos prohibidos, incluyendo armas de cualquier tipo y teléfonos celulares.

Ante el inminente ingreso de la fuerza pública, un grupo de internos tomó como rehén a un grupo de entre 30 y 40 custodios, y amenazó con hacerles daño si se ejecutaba el cateo.

Simultáneamente, personal administrativo y de custodia del penal realizó un paro laboral y no llevó a cabo el rutinario cambio de turno.

De acuerdo con los custodios, los rehenes fueron liberados a través del diálogo entre autoridades e internos, pero eso no tranquilizó a los trabajadores que -dijeron- por un magro sueldo arriesgan su vida.

Los trabajadores de los turnos entrante y saliente demandaron la remoción de Israel Ponce de León Borquez, coordinador General del Sistema Penitenciario Estatal; de Alejandro Cornejo Ramos, director de Reinserción Social; Miriam Mireles Toledo, directora General de Centros Penitenciarios y del director de Operatividad Penitenciaria, Raúl Colín Martínez.

Esta consigna fue compartida con grupos de internos que se quejan de presuntos maltratos y supuestas violaciones de derechos humanos por parte de los jefes penitenciarios.

Los custodios también demandaron a la Comisión Estatal de Seguridad, responsable de los penales estatales, mejoras laborales como la dotación de uniformes, aumento salarial, prestaciones como pago bono de riesgo y seguro de vida, así como la reubicación a otros penales de los reos conflictivos.

Particularmente, el personal de custodia expresó su preocupación porque recibieron la instrucción de señalar a los reos que participaron en los hechos violentos, pero la orden fue rechazada porque pone en riesgo su vida.

“No podíamos entrar porque querían que señaláramos a cada interno, este fue, este fue, a eso nos negamos, a trabajar no. Y no es por miedo ni por temor ni nada, a nosotros nos tocó el turno anterior, todo el refuego allá adentro. Entonces lo único que queremos es si la petición es que se lleven a los conflictivos y a los mandos que están mal”, señaló un custodio.

El personal de los turnos entrante y saliente se mantuvieron en paro, mientras que en completo hermetismo las autoridades dialogaban con todas las partes para intentar estabilizar el funcionamiento del Cereso.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM), José Israel Hernández Cruz, acudió de nuevo a las instalaciones del penal y, sin dar mayor detalle, confirmó que sí fue abortado el cateo que realizarían las fuerzas federales.

 

 

 

 

 

 

 

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