Diputados locales se valieron de una convocatoria viciada para colocar a familiares en el Parlamento Juvenil 2018.

Un ejemplo del abuso del poder que ejercieron los diputados ayer, en la sesión solemne en la que se desarrolló el Parlamento, fue la participación del niño Julio Antonio, hijo del diputado del Partido Social Demócrata (PSD) Julio Yáñez Moreno, quien evidentemente no cumplió con la edad requisitada y ocupó, incluso, un espacio en la Mesa Directiva. 

"Cómo es posible que un niño que pertenecería al Parlamento infantil, que sí existe en esta legislación, pues bueno por ser hijo de un diputado tenga derecho a presentar una iniciativa y digo, no está mal que lo haga, tiene todo el derecho por ser un ciudadano, quizá no con la edad pero en el Parlamento juvenil, saltándose toda la convocatoria y haciéndolo de manera pública", manifestó Alejandro Marroquín Basave, diputado por un día.

El joven cuestionó el proceso que se realizó para convocar a la participación de los jóvenes en el Parlamento, ya que el 6 de agosto se emitió la convocatoria y el 13 se llevó a cabo el proceso de selección de los integrantes.

Además, lamentó que los legisladores hayan tomado como un juego el Parlamento, pues el diputado panista Alberto Mojica Linares -presidente de la Comisión de la Juventud- subió a sus hijos a la Mesa Directiva para que usaran el micrófono y presentaran a los participantes del Parlamento.

Marroquín Basave fue el único joven que manifestó su inconformidad, pues fue de los pocos que logró un espacio en el Parlamento por sí cumplir con los requisitos y no por ser familiar de algún legislador.

Es que además del hijo de Julio Yáñez, también se confirmó que la mayoría de los participantes del Parlamento eran familiares de los diputados o militantes del Partido Acción Nacional (PAN).

El legislador por un día reprobó el trabajo de los integrantes de la LIII Legislatura, que jubilaron a sus esposas y familiares, además de aprobar otras reformas a modo. 

En el encuentro, los jóvenes tuvieron las oportunidad de presentar iniciativas en materia de medio ambiente, participación ciudadana, educación, entre otros puntos.

 

Publicado en Política

Los diputados electos revisarán todas las acciones de sus antecesores, asegura Javier García Chávez, próximo coordinador de la bancada de Morena.

El diputado electo y virtual coordinador de la próxima bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Héctor Javier García Chávez, informó que este viernes se dio la primera comunicación con la actual legislatura, para iniciar el proceso de entrega recepción. Aunque no hay una fecha precisa, adelantó que buscarán que el proceso sea ágil, pero sobre todo transparente.

Además, los legisladores electos morenistas se reunieron este viernes con el obispo de Cuernavaca Ramón Castro y Castro, con quien dialogaron durante algunas horas en la casa del obispado.

García Chávez informó que en dicho encuentro se habló en términos generales de varios temas, en especial de la importancia de que en Morelos se impulse un proceso de pacificación, ante el clima de violencia que se vive en la entidad.

Expuso que de igual forma sostendrán reuniones con otros grupos religiosos y sociales, pues el objetivo es que la labor del Poder Legislativo esté siempre apegada a la voz de la población. Adelantó que sostendrán encuentros periódicos.

En entrevista dio a conocer que la mañana de ayer, finalmente hubo una breve comunicación de la presidenta en funciones de la mesa directiva del Congreso local actual la perredista Hortensia Figueroa Peralta: “fue epistolar (un mensaje de texto vía teléfono móvil) a efecto de podernos reunir lo más pronto posible".

Pero comentó que esperarán a que se les notifique de manera oficial, para dar inicio formal a la entrega recepción

"Estamos interesados en que la entrega recepción sea lo más transparente, lo más expedita", anotó García Chávez, al comentar que también se les hizo saber que la Conferencia acordó que el protocolo para la toma de protesta de la nueva legislatura recae en los legisladores electos: “en eso no vemos ningún problema, al contrario, nos parece bien que nos comiencen a pasar las responsabilidades”.

Quien será el coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, dejó en claro que se hará público el contenido de los estados financieros y las condiciones en que recibirán las instalaciones, así como documentación  “y todo lo habido y por haber, porque es parte de la transparencia con la que nos comprometimos ante la población que votó por nosotros”.

Insistió en que el tema del sistema anticorrupción para los legisladores de Morena es prioridad, por lo que ya se trabaja en el análisis jurídico para obtener los resultados correspondientes, anticipó que todo estará sujeto a revisión, incluso la permanencia del recién nombrado fiscal.

Ante la aprobación de reformas, nombramientos e iniciativas que realizó la actual legislatura, hasta este viernes el líder del grupo de Morena reiteró que ya tienen una estrategia legal para revisar dichas modificaciones “desesperadas”, para realizar las contrarreformas correspondientes y anular los acuerdos que impliquen daño al erario y que han causado la indignación e inconformidad de la gente, entre ellas la ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, cuyo dictamen final no fue dado a conocer a integrantes del gremio.

Anticipó que se analizará la norma y operación del Sistema Estatal de Radio y Televisión y buscarán trabajar con el Ejecutivo para definir cuál será el futuro de esa instancia, que no debe operar como aparato de divulgación de la imagen de un poder del estado, sino que debe ser una herramienta para la voz de la población, “consideramos que actualmente no está siendo útil para la sociedad”.

 

 

Publicado en Política

Pese a las denuncias de que el proyecto no fue consensuado, se llevó a cabo la aprobación del decreto.

En medio de protestas de periodistas y activistas, los integrantes de la LIII Legislatura aprobaron la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos.

Durante el periodo extraordinario que abrieron ayer, los diputados sometieron a votación del Pleno el dictamen con proyecto de decreto de la citada ley, una propuesta de la diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta.

Desde temprano, una parte de los representantes del gremio periodístico protestaron ante el Congreso local, en contra de la citada ley.

Afirmaron que la iniciativa de la vicepresidenta de la Mesa Directiva en funciones de presidenta no se consensuó suficientemente con el gremio, ni con los defensores de los derechos humanos.

Dicha inconformidad se planteó a Figueroa Peralta, quien se negó a atender la petición de los periodistas y sostuvo que ya contaba con los votos necesarios para aprobar su propuesta.

A la una de la tarde, integrantes de la asociación cívica "Gustavo Alejandro Salgado Delgado" se sumaron al rechazo de la iniciativa de ley y protestaron ante el Congreso y bloquearon el acceso principal

Cerca de las tres de la tarde, los diputados aprobaron con 22 votos a favor y dos en contra el dictamen, sin importar la protesta en el Salón de Plenos de los periodistas presentes.

En tribuna nunca se informó del contenido de la ley, ya que los diputados sólo dieron lectura a la justificación de motivos y recalcaron que fue lo suficientemente consensuada y que permitirá a los periodistas y a defensores de los derechos humanos tener acceso a apoyos institucionales en caso de ser víctimas de una agresión. 

 

 

 

 

Publicado en Política

El fiscal general rindió un breve informe de actividades ante los diputados, pero omitió temas como el nombramiento del fiscal anticorrupción.

Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado, compareció ante el Congreso local para rendir su informe semestral de actividades. Los legisladores sólo se limitaron a escuchar, sin cuestionarlo sobre ningún tema.

En sesión extraordinaria, el fiscal cumplió de esa manera con su responsabilidad constitucional de informar al Poder Legislativo de su trabajo durante sus primeros seis meses.

En tribuna, Carmona Gándara aprovechó para hacer un llamado a las autoridades salientes y entrantes a trabajar en coordinación, en el proceso de entrega recepción.

"Cerremos filas y trabajemos de manera coordinada y demos juntos los resultados que la sociedad espera y que merece. Mandar el mensaje (de) que entre autoridades somos adversarios sólo puede ser síntoma de una potencial ingobernabilidad y esto nada más capitalizable por la delincuencia", manifestó.

También se comprometió ante los diputados a trabajar en los próximos nueve años, por los que fue designado al frente de la Fiscalía General del Estado. 

El fiscal omitió hablar sobre las razones por las que ratificó al fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, por siete años más y de la falta de resultados en violencia de género, pese a los cuestionamientos de organizaciones civiles, en ambos casos.

Carmona Gándara sólo se limitó a dar cifras sobre denuncias recibidas y casos resueltos.

Sobre la desaparición de personas, refirió que se han emitido 96 cédulas, de las cuáles en 77 han logrado encontrar a las personas. 

Al finalizar su comparecencia, los diputados le pidieron tomarse la "foto de recuerdo".

 

Publicado en Política
Viernes, 17 Agosto 2018 05:21

Seguridad pública e inseguridad

La seguridad pública y la inseguridad son dos temas distintos. La primero se encuentra claramente regulada como una garantía constitucional a cargo del Estado. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley

Por otra parte, el artículo 12º de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado prevé las funciones del Ministerio Público, entre ellas conducir las investigaciones de los hechos que pudieran constituir delitos y, en los casos que proceda, promover el ejercicio de la acción penal. El artículo 17º establece también quiénes son auxiliares del Ministerio Publico, como son todas las instituciones policiales, estatales y municipales; así mismo el artículo 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos nos precisa quién puede poseer o portar armas, dándonos sus características, estableciendo como excepción que los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre .22, o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.) y el articulo26 del mismo ordenamiento establece la posibilidad de adquirir las licencias particulares para la portación de armas, las cuales serán individuales para personas físicas o colectivas para las morales, cumpliendo con los requisitos establecidos.

De todo lo anteriormente previsto por nuestras leyes, podemos establecer que garantizar la Seguridad Publica es obligación del Estado.

Sin embargo, podemos señalar sin lugar a dudas que debido a diversos factores como la inseguridad que prevalece en nuestro país, nuestro estado y nuestros municipios, la inseguridad es cada día mayor, a pesar de que cada uno de ellos tiene perfectamente establecidas las personas responsables de cumplir con dicha garantía; no es un secreto que en nuestro estado se estableció por decisión del titular del Poder Ejecutivo el famoso “Mando Único Policial”, el cual a pesar de las estadísticas policiales oficiales, la sociedad se da perfectamente cuenta de que su acción ha sido fallida.

Basta leer los medios informativos escritos o redes sociales, que son estas las que se consideran que informan con mayor veracidad, en virtud de que no hay un control oficial sobre ellos, amén que también existe el temor de que nuestras policías y nuestros instituciones de gobierno tengan su función pública acotada por la delincuencia, es por ello que ante la desesperación, el temor, la angustia de todos y cada uno de los miembros de la sociedad se han visto obligados a organizarse en grupos que se conocen como autodefensas, aunque nuestro gobierno estatal los llama Grupos Comunitarios, a los cuales acepta tácitamente, pues de todos es sabido que les han proporcionado vehículos (patrullas), chalecos antibalas, toletes, etc., además de que se tiene conocimiento que se les ha dotado de armamento de forma clandestina, sin llenar requisito legal alguno para su posesión o portación, lo cual en el fondo consideramos que es una forma de eludir la responsabilidad constitucional a su cargo, fomentando con ello una posible insurgencia de personas no capacitadas, adiestradas, no disciplinadas y sin conocimiento alguno en la función pública, arriesgándolos a sufrir lesiones o hasta perder la vida en una tarea que no les corresponde, pero que se han visto obligados a realizar.

Publicado en Política
Viernes, 17 Agosto 2018 05:30

Próximos diputados, tras Moreno Merino

Legisladora electa señala que al entrar en funciones fincarán responsabilidades contra el priista y todos los responsables del desfalco a las arcas del Congreso.

La LIV Legislatura investigará a Francisco Moreno Merino, como uno de los presuntos responsables del desfalco en el Congreso del estado del 2015 al 2016, cuando fue presidente de la Mesa Directiva.

La diputada electa del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Ariadna Barrera Vázquez, y quien ha sido propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva a partir del 1 de septiembre, aseveró que no se solapará ningún desvío de recursos en el Congreso, de confirmarse que hubo mal ejercicio en la administración de Moreno Merino y de los diputados que le sucedieron en el cargo.

La legisladora electa dijo que se revisarán las cuentas desde el 2015 a la fecha, para detectar la causa de la crisis financiera que atraviesa el Congreso del estado.

"No será un borrón y cuenta nueva, se tendrá que rendir cuentas claras y transparentar y exigir que se revise bien cada peso ejercido", aseveró.

En octubre del 2016 Francisco Moreno renunció a la presidencia de la Mesa Directiva el Congreso, obligado por las fuerzas políticas, ante su mala administración.

Entonces, diputados locales y el Sindicato del Poder Legislativo señalaron a Moreno Merino de ser el responsable de un desfalco.

El diputado del Partido Humanista (PH), Jesús Escamilla Casarrubias, declaró el 26 de octubre que el desvío de recursos, en la administración de Moreno Merino, ascendía a 86 millones de pesos.

Sin embargo, meses después, se habló de un déficit financiero superior a 150 millones de pesos y que a la fecha no se ha podido superar.

 

 

Publicado en Política

El decreto que crea dos nuevas plazas de comisionados cuestiona el desempeño de quienes actualmente ocupan ese cargo y plantea dudas sobre posibles delitos en los que pudieron haber incurrido.

Pese a omisiones y sospechas de presunta corrupción en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el Congreso local impulsó y aprobó la reforma para crear dos nuevas plazas de comisionados en el órgano de transparencia sin antes esclarecer y denunciar si los actuales comisionados incurrieron o no en actos indebidos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la declaratoria de la reforma al artículo 23-A de la Constitución local, aprobada por el Congreso y por la afirmativa ficta de la mayoría de los integrantes del Constituyente (ayuntamientos), que incrementa de tres a cinco el número de comisionados del IMIPE y permite lanzar de inmediato la convocatoria para concretar las designaciones.

Pero en el decreto, que puede ser consultado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 13 de agosto, el Legislativo exhibió a sus antecesores, al señalar omisiones en la evaluación de los actuales comisionados Mireya Arteaga Dirzo, Dora Ivonne Rosales Sotelo y Víctor Manuel Díaz Vázquez, a quienes –además- se amplió su periodo a siete años en la reforma de 2015 en materia de transparencia y combate a la corrupción.

“De una revisión al expediente del Decreto número 2758 publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5315 de fecha 11 de agosto de 2015 se advierte que no se giraron los oficios correspondientes a la Fiscalía General del Estado y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, con la finalidad de que informaran a este Congreso del Estado, si existe en el caso de la Fiscalía, alguna carpeta de investigación en la que figurara como parte algún consejero o comisionado y en al caso de la Entidad Superior, si existe alguna auditoría al Instituto o algún procedimiento administrativo en el que forme parte algún consejero o comisionado”, estableció el decreto.

Según los actuales diputados, por estas omisiones, sus predecesores ni siquiera supieron que el IMIPE enfrentaba una denuncia penal bajo el número de expediente SCOV/5237/2015, de fecha 15 de junio de 2015, y los propios comisionados omitieron informar al Congreso, pese a que era su deber.

“Aunado a lo anterior -continúa el documento- existen fuertes señalamientos en contra de ese Instituto encargado de tutelar el derecho de acceso a la información, y ahora al ser parte del Sistema Estatal Anticorrupción, y que irónicamente no sólo se contrata a familiares (cuñados), sino que éstos ocupan cargos a nivel de dirección, y sin contar con el perfil requerido para el puesto, tal es el caso del coordinador del Área de Socialización Héctor Martín Ramírez Hernández, así como el director del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas, Julio Jorge Méndez Álvarez; circunstancia que será motivo de investigación por parte de la autoridad correspondiente para determinar si en el presente caso existe la probable comisión del delito de nepotismo, y en consecuencia fincar a los responsables las sanciones a que haya lugar.”

“Otro aspecto a dilucidar es el que se refiere a los sueldos que tienen los comisionados del IMIPE, a la fecha perciben la nada despreciable cantidad de $76,950.00, para el caso del Comisionado (a) Presidente (a), mientras que para el Comisionado (a) Propietario (a) es de $73,900.00. Cuando en el ejercicio presupuestal de 2014 era de $59,950.00, es decir, hubo un aumento de $17,000.00”, y se incluyó en el decreto tabuladores de 2014 y 2015.

A pesar de estas circunstancias exhibidas en el decreto, el Congreso no informó si inició algún procedimiento para determinar la veracidad de esta información y si es procedente fincar alguna responsabilidad a los comisionados del IMIPE.

 

Publicado en Política

Frustran intento de diputados por nombrar a incondicionales en el Tribunal de Justicia Administrativa.

El proceso para la designación de dos magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que inició el Congreso del estado el 9 de agosto pasado, fue suspendido nuevamente por orden del Juzgado Quinto de Distrito.

Apenas, la Junta Política y de Gobierno del Congreso local concluyó con el registro de aspirantes a una magistratura, en base a la convocatoria emitida el jueves pasado, y el abogado Jaime Castera Moreno fue notificado por el juzgado federal sobre la suspensión provisional para que la LIII Legislatura se abstenga de designar a los dos magistrados.

Jaime Castera Moreno, como aspirante a una magistratura del TJA, impugnó el proceso iniciado por el Poder Legislativo, al considerar que los diputados pretendían designar dichos cargos por la vía rápida y mediante actos violatorios de la ley.

El abogado planteó en su juicio de garantías vicios de origen desde la elaboración de la convocatoria por parte de la Junta Política y de Gobierno del Legislativo, hasta la corta temporalidad para cubrir una serie de requisitos y los escasos días que le quedan a la actual legislatura para llevar a cabo un análisis profundo y objetivo de la trayectoria, los antecedentes profesionales y una evaluación del desempeño de los aspirantes a ocupar una magistratura en el TJA.

En julio pasado, la asociación de Abogados Unidos por México impugnó la convocatoria que entonces emitió el Congreso local para concretar los mismos nombramientos, y obtuvo la suspensión de la justicia federal, por lo que los diputados determinaron dejar sin efectos el proceso.

El pasado 12 de julio, el juez segundo de distrito concedió a Castera Moreno una primera suspensión contra la convocatoria emitida por el Congreso el 9 de julio, lo cual frustró el intento de la legislatura en ocaso de realizar una designación rápida en el TJA.

Los diputados locales pretendían concretar los nombramientos de los magistrados en un periodo extraordinario de sesiones, para lo cual abrieron un periodo de registro de aspirantes desde el lunes pasado y hasta las tres de la tarde de ayer. 

Aunque de manera oficial no se informó sobre la participación de abogados para ocupar dichos cargos, se dio a conocer que al menos 15 aspirantes se registraron, y entre los nombres se encontraba el de Roberto Soto Castor, esposo de la diputada Hortencia Figueroa Peralta.

 

Publicado en Política

Los legisladores electos no han sido convocados a iniciar el proceso de entrega-recepción, asegura.

La LIV Legislatura creará una “comisión investigadora” en contra de los diputados salientes ante presuntos actos ilegales cometidos durante los últimos tres años en el manejo de los recursos financieros y, en las últimas semanas, por la aprobación de jubilaciones "mañosas".

El diputado electo Héctor Javier García Chávez -designado como coordinador del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- informó que a partir del 1 de septiembre se instalará una comisión especial que investigue a los integrantes de la LIII Legislatura, pues dijo que se ha señalado la violación reiterada de la ley por parte de los actuales diputados para jubilar a familiares, amigos y personas allegadas en las últimas semanas.

"No nos interesa que sea quien sea, si son esposas de los diputados, relaciones sentimentales con alguno, cuñada, algún tipo de parentesco, tendrán que estar perfectamente bien fundamentadas", subrayó.

Además, refirió que tienen información extraoficial de que los legisladores dejarán sin recursos financieros al Congreso del estado, pese a que aún faltan cinco meses para que concluya el año fiscal.

Por tal razón, el diputado electo aseguró que procederán legalmente en contra de los integrantes de la LIII Legislatura, de comprobarse que cometieron actos ilegales.

"Yo conozco extraoficialmente que nos van a dejar un recurso líquido de dos millones de pesos. Nosotros no vamos a ser tapadera de nadie; inmediatamente, bajo las observaciones que tengamos y los fundamentos irregulares, de irregularidades, vamos a proceder de manera inmediata", aseveró. 

Héctor Javier García refirió que hasta el momento no han sido convocados a iniciar el proceso de entrega-recepción, por lo que se presume que será un cierre de Legislatura opaco, de ahí la determinación de integrar una comisión investigadora.

"No hemos recibido ninguna llamada, ninguna comunicación, ni siquiera mandado señales de humo de que tengan la disponibilidad de entrar a un proceso más exhaustivo en el proceso de entrega-recepción. No vemos voluntad de poder entregar cuentas claras", agregó.

 

Publicado en Política

Insisten en que habrá afectaciones graves a la promoción turística del estado a raíz de la cancelación de los fideicomisos de apoyo al rubro.

Directivos de organizaciones empresariales afirmaron que se mantendrán en la lucha para lograr que se reactiven los fondos de Promoción Turística (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecom), a pesar de la inconformidad de los diputados locales.

Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acudieron ayer a la sede del Congreso local, ubicada en la colonia Amatitlán, para insistir en que se revierta la reforma hacendaria que aprobaron los legisladores en julio pasado.

Ángel Adame Jiménez, presidente del CCE, afirmó que no se trata de ningún pleito con los diputados, y aseveró que existen elementos legales para insistir en su exigencia, por lo que promovieron ocho juicios de amparo hasta esta semana y se prevé que el número de recursos jurídicos aumente.

También respondió a los cuestionamientos de la diputada Hortencia Figueroa, por el uso que dieron a su presupuesto para emprender una campaña en contra del Poder Legislativo y no en promoción turística. "Si se trata de ver por el bien del estado, ellos hubieran revisado todo lo que se gastan en las campañas políticas y buscar ¿por qué no? que esa parte se redireccione al turismo, y ¿por qué no? al desarrollo social del mismo", aseveró.

Los empresarios señalaron que habrá afectaciones graves a la promoción turística del estado, a raíz de la cancelación de los fondos económicos antes citados, y por tal razón también insistieron en conocer qué hizo el gobierno del estado con 18 millones de pesos que se tenían de los fideicomisos.

"… La semana pasada hubo una reunión, en la cual el único estado que no pudo presentarse y participar fuimos (nosotros). A la diputada se le olvida que los empresarios hemos tenido que invertir por muchos años para promover el estado", aseveró Arturo Contreras Montaño, presidente de Tesoros de México.

De acuerdo a los empresarios, hasta la fecha ningún diputado los ha buscado para tener un acercamiento a raíz de la campaña que iniciaron la semana pasada con la colocación de espectaculares en la autopista México-Cuernavaca y con el apoyo de transportistas, también, en "rutas".

 

Publicado en Política
Página 1 de 10
logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.