El ganador del segundo lugar de los premios Innovación en Transparencia 2018, Salvador Barrón Medina, dejó con la mano estirada a Areli Gómez, actual Secretaria de la Función Pública.

El hecho fue captado en video y compartido en redes sociales con el mensaje: “No le quise dar la mano por su rol encubriendo los crímenes de estado en #Ayotzinapa” (SIC). Dando a entender que son palabras del propio Barrón.

Barrón Medina, quien desarrolló una aplicación de metadatos y documentación de impacto ambiental denominada Ambiental app, había realizado en 2015 una solicitud de información a la Secretaría de la Función Pública y se le negaron los datos.

Arely Gómez indicó que gracias a esa solicitud, la Secretaría de la Función Pública actualizó y se puso a trabajar en el tema de las declaraciones patrimoniales, y afirmó el sistema ya se tiene a la vista de todos.

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A diferencia del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no solo no está dispuesta a colaborar con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, sino que rechaza la creación de la Comisión de la Verdad propuesta por el presidente electo para resolver el caso.

Esto fue declarado por el general Alejandro Ramos Flores, quien es el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia. El funcionario señaló que la Sedena se niega a la creación de esta comisión debido a que no será objetiva ni imparcial; pues estará a cargo de los representantes de las víctimas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El general Ramos negó que haya habido participación de elementos del Ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes. También negó que las Fuerzas Armadas hayan incurrido en omisiones, a pesar de que decidieron no intervenir debido a que el reglamento interno les prohíbe inmiscuirse en asuntos de la policía.

El militar también acusó que podría haber intereses detrás de los familiares de los desaparecidos en Iguala, los cuales estarían orientando las sospechas de responsabilidad hacia el Ejército; además de pedir no descartar la actual línea de investigación de la PGR, la cual asegura que los actos de violencia se desataron tras una confusión entre grupos criminales.

El pasado 26 de septiembre, López Obrador se reunió con los padres de los 43 estudiantes, a quienes aseguró que la creación de la Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos sucedidos en 2014 es un hecho; tal como lo había anticipado Alejandro Encinas en meses anteriores.

Con información de El Universal.

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La movilización partirá de El Calvario al zócalo de Cuernavaca, con la demanda de justicia y de seguridad y paz para el país, anuncian los organizadores.

Hoy se cumplen cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que integrantes del Pacto por la Soberanía Alimentaria, Energética y los Derechos Humanos, se movilizarán esta tarde en Cuernavaca.

En conferencia de prensa dieron a conocer este martes que -a las 16:00 horas- marcharán desde El Calvario hasta el zócalo de Cuernavaca, como parte de las acciones que se realizarán a nivel nacional e internacional para exigir justicia en este caso, a unos cuantos meses de que concluya el sexenio actual.

Al dar lectura a su pronunciamiento, el vocero de la agrupación e integrante del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Ovidio Camarena Medrano, llamó a la población a sumarse a este reclamo, que tiene como raíz el asunto de los normalistas, pero que al mismo tiempo es una exigencia de seguridad y paz para el país.

Expresó que todas las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigó el caso, desmienten al presidente Enrique Peña Nieto, quien repitió, en su último informe, la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) en relación a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años, “que fueron cremados en el basurero de Cocula. Las contradice el probatorio, porque en la investigación y en los informes que él dijo que leyó, está claro que eso no pudo haber sucedido”.

Como ejemplo recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la convocante del GIEI y que da seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa, fue informada –además- por el gobierno mexicano de que las comunicaciones interceptadas en Chicago confirmaron que los estudiantes fueron separados en dos grupos, y que un grupo fue llevado a Huitzuco, que está en una dirección contraria al basurero de Cocula, y que la Policía de Huitzuco está comprometida.

“En los últimos dos sexenios, en México han desaparecido unas 49 mil 500 personas, una cada dos horas en promedio, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Es un terrible drama humanitario que no puede quedar sin resolverse. De ahí la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), haya dictaminado la procedencia de crear la Comisión de la Verdad avalando la resolución de un Tribunal Colegiado”.

En la movilización de esta tarde se enarbolarán causas tales como la exigencia al gobierno saliente y al entrante de parar la violencia rampante en el estado y en el país, así como la crisis en derechos humanos.

De igual forma, en su pronunciamiento las organizaciones sociales expusieron su inconformidad con la política planteada por la próxima administración ya conocida como “el perdón”. Señalaron que “la superación de esta crisis de derechos humanos en México no puede lograrse con una ilusoria reconciliación, sino con el imperio de la justicia. Esto quiere decir: presentación y liberación de los desaparecidos políticos. Eso es lo que significa la insistencia de ‘vivos los llevaron, vivos los queremos’. El paradigmático caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa señala ese camino”.

Consideraron que “el reto para el nuevo gobierno es asumir ahora la responsabilidad del Estado, no simplemente para pedir perdón, sino para cruzar el umbral de las puertas que se han mantenido cerradas ocultando la verdad y la libertad de los desaparecidos”, entre esas puertas, indicaron, se encuentra el papel que jugaron elementos del Ejército.

 

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El futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador solicitó formalmente el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso Ayotzinapa, dijo hoy a Efe el abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos en 2014, Mario Patrón.

El también director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) aseguró que la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el que será el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “ya formalizaron (a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH) una solicitud de regreso del GIEI”.

 

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Nunca antes un presidente había destinado millones de pesos en publicidad y se había esforzado tanto en decirle a unos padres de familia que sus hijos fueron quemados en un basurero. Enrique Peña Nieto está aprovechando cualquier entrevista pública o espacio de discusión para recalcar que, durante su gobierno, 43 estudiantes fueron quemados después de haber sido secuestrados por el narcotráfico que prometió eliminar. Lo dice con una vitalidad alarmante, como si él hubiera estado allí para comprobarlo.

La famosa verdad histórica que escribió la PGR con permiso del gobierno mexicano ha sido cuestionada por peritos expertos, hasta comprobar que la teoría orquestada por el gobierno peñista es una acumulación de errores y mentiras para deslindar responsabilidades. Ante la terquedad del priísta por dejar en claro que los estudiantes desaparecidos fueron quemados y están muertos, el grupo de peritos expertos Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha salido a negar la versión presidencial una vez más.

A principios del 2016 se emitieron los resultados de una investigación internacional que sacudió por completo al país. La procuraduría mexicana había estado creando una trama ilógica y sin fundamentos para determinar que pasó en Ayotzinapa después de que desaparecieran 43 estudiante rurales. El EAAF publicó que, basado en investigaciones científicas, no hay manera de confirmar que se quemaron casi cincuenta cuerpos en el basurero de Cocula, como insiste el gobierno mexicano.

Ahora que Peña Nieto ha traído el tema de nuevo a la opinión pública, el EAAF ha tenido que desmentir una vez más al presidente públicamente. Insisten en que no hay elementos suficientes y que no fueron encontradas evidencias para declarar que los estudiantes mexicanos fueron quemados. Con esto, no solamente Enrique Peña trata de imponer su versión de los hechos, también derrumba e insulta los esfuerzos de los padres afectados por descubrir en dónde están sus hijos. Peña quiere que los padres de familia olviden el tema.

Y es que el priista ha salido a declarar que Ayotzinapa es uno de los temas más incómodos de su gobierno. Peña insiste en que las versiones ajenas a su procuraduría no son confiables y que se debería de respetar la versión oficial sin cuestionamientos. Con esto, el mexiquense deja ver su desesperación para cerrar el sexenio imponiendo una verdad histórica en donde sus instituciones no salen tan dañadas y todo el peso de la tragedia se carga en elementos del narcotráfico.

Lo cierto es que las pruebas indican que hay una red de policías corruptos, aliados al narcotráfico local, que estaban al servicio de políticos importantes que protegían a los delincuentes en el estado de Guerrero. Detrás de la historia de Ayotzinapa se encuentra un delicado entramado entre políticos, policías y narcotraficantes que se cubrían para mover droga libremente por las carreteras mexicanas. Esta es una línea que el gobierno peñista no ha querido tocar, ya que solamente se presentan detenciones menores para intentar dar la imagen de que se avanza en el caso.

Para darle aún más solidez a su investigación, los peritos del EAAF han solicitado que el gobierno mexicano les permita ampliar las líneas de investigación del caso Ayotzinapa para dar con mejores pruebas y determinar en dónde están los estudiantes. El gobierno peñista ha negado este acceso a la información, y con las declaraciones del presidente Peña, está básicamente destruyendo todo el trabajo de estos peritos expertos y de amplio prestigio internacional. Vía Breaking

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Este jueves, como cada mes, miembros del Pacto por la Soberanía Alimentaria realizaron una manifestación en el zócalo de Cuernavaca.

"Este gobierno ya se va y no se ha llegado a la verdad histórica", manifestaron integrantes de organizaciones del Pacto por la Soberanía Alimentaria, a casi cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), José Martínez Cruz, expuso que la inseguridad y la violencia no han cesado en México y el estado, tan es así que en Morelos se ha dado a conocer la conformación de grupos de pobladores que buscan defenderse ante delitos como la extorsión.

Este jueves, como cada mes, miembros del pacto realizaron una manifestación en el zócalo de esta ciudad. Colocaron en el piso las fotografías de los 43 jóvenes normalistas y encima una toga, birrete y ramo de flores, en símbolo de las vidas truncadas de los estudiantes que este año se habrían de graduar en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa para convertirse en maestros.

Señalaron que no se puede permitir que queden impunes los miles de asesinatos y desapariciones en el país. Ya están a punto de acabar esta administración gubernamental y no se ha cumplido con verdad y justicia.

Advirtieron que al acabar este sexenio no cesarán con las movilizaciones y recordaron que este emblemático caso, como el de miles de personas muertas y desaparecidas, no debe quedar impune.

De igual modo, añadieron que en el Estado continúa la violencia y tiende a incrementar, al igual que el hartazgo de la población.

José Martínez Cruz expresó que el nivel de impunidad, ha llevado a poblaciones como las de Los Altos de Morelos a organizarse para protegerse. Aseveró que la inconformidad no sólo surge por el delito del cobro de derecho de piso sino por una tendencia delictiva que crece.

Recordó que en varios estados del país, hay formas de organización en los pueblos y puso como ejemplo las llamadas rondas de la comunidad de Ocotepec en Cuernavaca, donde son electos en asamblea, cuentan con convenios con el Mando Único y son reconocidos.

Argumentó que esta dinámica es legítima e incluso tiene marco legal, ya que está reconocido el derecho de pueblos indígenas a la libre determinación.

“Aquí urgen dos cosas, que el Congreso modifique la ley para darle un marco normativo y darles sustento legal a los grupos comunitarios; y dos, que se regule la aparición de estos grupos”, para que no sean coptados por la delincuencia organizada y otros problemas.

Martínez Cruz también se pronunció en contra de la presencia del Ejército en esa zona, al sostener que las tareas de seguridad pública puestas en las manos de los militares o de los marinos, han provocado siempre mayor confrontación y a cierto plazo más violaciones a los derechos humanos.

“Lo digo claramente, que para nosotros la seguridad ciudadana implica la participación ciudadana no la militarización y está comprobado en México y en otros países, porque con la presencia del ejército en las calles en labores que no les corresponden, implica un poder de fuego… Se escala en la violencia, aumentan los enfrentamientos… cuando las armas circulan por todos lados sin control, crece la violencia”, alertó.

Añadió que las policías comunitarias que llegan por elección de asambleas del pueblo, han mostrado ser más efectivas en zonas como la ya referida de Los Altos de Morelos.  

 

 

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Este viernes, la generación de los estudiantes desaparecidos en la noche de Iguala tiene su ceremonia de graduación en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

“Esta noche esperamos a nuestros 43 compañeros… Pues mañana es su clausura”, se lee en la página de Facebook de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, plantel en el que los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, iniciaron sus estudios.

Este viernes, 73 de los 140 estudiantes de la generación 2014-2018 tienen su ceremonia de graduación en la normal ubicada en el kilómetro 14 de la carretera Chilpancingo-Chilapa.

Los rostros de Karl Marx, Lenin y Federico Engels, junto con el de ‘El Ché’ Guevara, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, quien egresó de esta escuela rural, observarán a los jóvenes que concluyeron sus estudios en alguna de las tres licenciaturas: en educación primaria, educación primaria con enfoque bilingüe y educación física.

El patio del instituto no verá a César Manuel González Hernández, estudiante proveniente de Tlaxcala, a quien su padre califica como un muchacho “muy carismático, sonriente, bromista”, ni a Leonel Castro Abarca, quien de acuerdo con su padre se encaminó a estudiar en la normal para dejar atrás la vida del campo.

Víctor González Díaz, director de la escuela, verá a una generación partida por la tragedia iniciar, entre flores rojas y azules, un nuevo capítulo de sus vidas, ahora como educadores al servicio de la comunidad.

En entrevista con Javier Risco para su columna La Nota Dura, el director describe el significado de Ayotzinapa como una mezcla de orgullo y dolor.

“(Ayotzinapa) significa hermandad, solidaridad. Ayotzinapa significa un manjar de conocimiento. Es pionera y madre por formar alumnos en la carrera docente. Ayotzinapa es resistencia, es lucha y es sobrevivencia. Es dolor, pero también es fortaleza y esperanza”.

El destino de los 43 normalistas desaparecidos siguen sin esclarecerse. Atrás quedó la ‘verdad histórica’ de Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando ocurrió el incidente, quien aseguró que la policía de Iguala detuvo y entregó a los normalistas a un grupo de sicarios que asesinaron y quemaron los cadáveres en el basurero de Cocula.

Atrás también queda el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que echó abajo la versión oficial al asegurar que no había evidencia de que los cuerpos de los estudiantes pudieran haber sido incinerados en ese lugar.

Los padres esperan la respuesta que les aclare qué pasó con cada uno de sus hijos, que puede ser uno de los objetivos de la comisión de la verdad, una de las propuestas del virtual presidente electo.

En Iguala y ante los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió la creación de una Comisión de la verdad que estaría integrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas.

 
La creación de este grupo, que fuera dictada por un tribunal colegiado, fue impugnada en junio por la PGR ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque fue el jueves que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito de Tamaulipas determinó que ninguna instancia, ni siquiera la Suprema Corte, podía bloquear la constitución de la comisión.

En el patio de una escuela en Guerrero, 73 jóvenes iniciarán una nueva etapa, una meta que 43 de sus compañeros no pudieron alcanzar.

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También exigen reinstalación de personal despedido de una fábrica de ropa.

Integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética se manifiestaron este viernes en el zócalo de Cuernavaca, como parte de la jornada nacional en demanda del esclarecimiento del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además, demandaron la reinstalación de trabajadores despedidos de la empresa Rintex ubicada en Jiutepec.

Los activistas exigieron el esclarecimiento de los hechos en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues hoy se cumple un mes más de los hechos registrados en Iguala y no se ha llegado a la verdad histórica de los hechos, y las autoridades se niegan a seguir las líneas de investigación a fondo, como lo exigen los padres de los jóvenes.

“Este caso no se olvida, ni puede ser dejado en la impunidad, señalaron los integrantes del colectivo, al insistir en que el país no será nunca más el mismo después de ese caso y reclamar la presentación con vida de los estudiantes”.

De igual modo, manifestaron su apoyo a las y los trabajadores de la empresa Rintex, ubicada en Jiutepec, quienes fueron despedidos por tratar de conformar un sindicato.

Los trabajadores, quienes pidieron resguardar sus nombres por temor a represalias, señalaron que la empresa dedicada a la fabricación y maquila de playeras para diferentes marcas, los echó sin darles oportunidad alguna.

Aseguraron que no hay causa justificada del despido y el motivo real es que buscaban organizarse para pedir que se cumpliera con prestaciones estipuladas en la ley, ya que no cuentan con beneficios y el salario es bajo. Reciben en promedio 700 pesos a la semana y los directivos argumentaban que había bajado la producción.

No obstante, ellos aseguran que el ritmo de trabajo se mantuvo, de tal suerte que no había motivos para mantener salarios bajos, sin incrementos y sin prestaciones.

Argumentaron que fueron despedidas las personas (seis mujeres y un hombre) que mostraron mayor inquietud y liderazgo para organizarse como lo permite la legislación en materia laboral.

Por ello las organizaciones integrantes del pacto expresaron su apoyo en la demanda de reinstalación de los y las obreras.

 

 

 

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Luis Raúl González Pérez se manifestó en contra de la intención de algunos funcionarios de concluir la investigación federal sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de una normal de Ayotzinapa.

Luis Raúl González Pérez, ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se manifestó en contra de la intención de algunos funcionarios de concluir la investigación federal sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de una normal de Ayotzinapa, Guerrero.

 El pasado 2 de marzo, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores, declaró que el gobierno federal podría arribar a conclusiones este mismo año sobre lo sucedido durante la denominada 'noche de Iguala'.

Al respecto, el titular de la CNDH arguyó que el gobierno tiene la responsabilidad de agotar todas las líneas indagatorias de la desaparición acontecida hace 1257 días en una comunidad de Guerrero.

 "La CNDH ha sido enfática en que se tienen que agotar todas las líneas de investigación que nos permitan conocer la verdad, fincar las responsabilidades de quienes hayan cometido estas atrocidades de desaparecer a 43 jóvenes, el que haya reparación integral del daño, y que haya garantías de no repetición", planteó en entrevista.

Además, González Pérez adelantó que la dependencia que él dirige vigilará el proceso y evaluará las resoluciones a las que llegue la investigación de la fiscalia especiacializada de la Procuraduría General de la República (PGR).

"Nosotros (la CNDH) no investigamos delitos, nosotros verificaremos que haya una procuración de justicia que responda al reclamo precisamente de justicia que demandan los padres. Los padres quieren saber el paradero de sus hijos, desconocemos la información con que cuente la PGR, pero en todo caso esa información será evaluada por la CNDH", afirmó el Ombudsman nacional.

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Conmemoraron el 31 aniversario de su enfrentamiento con la policía

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