Así lo ofreció el gobernador en el 2014

El Fiscal General confirmó que un comandante de esa corporación y un elemento pretendían asesinar a Manuel Martínez Garrigós y están involucrados en secuestros y otros delitos

Eleonora Valentina Jiménez Franco rendiría un informe sobre el estado que guarda dicho fondo y los recursos que se han aplicado para la reparación del daño a víctimas del delito

“Bancada del blanquiazul no será comparsa de la incapacidad e intolerancia…”: Martínez Terrazas

Reforzarán la vigilancia en las avenidas Emiliano Zapata y Morelos Norte, para evitar que camiones de carga circulen por esas vialidades

Cuernavaca, Morelos.- Residentes del fraccionamiento Rancho Tetela, ubicado al norte de Cuernavaca, denunciaron la colocación irregular de casetas de vigilancia por una asociación civil que es encabezada por una persona que identificaron como Mario Alcaraz, quien pretende cobrar a los vecinos mil 800 pesos mensuales a cambio de brindar seguridad.

Los habitantes de ese fraccionamiento, entre ellos Manuel Leví Peza, acudieron la mañana de ayer al Ayuntamiento de Cuernavaca para exigir al gobierno municipal que tome acciones y retire de manera definitiva dichas casetas.

Explicaron que incluso ya existe una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, en donde se les concede la razón legal para el retiro de las “plumas” colocadas a la entrada del fraccionamiento, ya que se afecta el libre tránsito.

Leví Peza explicó que la problemática tiene ya un año, pero se agudizó al momento en que impiden el paso de ambulancias y obligan a las personas de la tercera edad o con una discapacidad a bajarse de sus vehículos para ser revisados.

Señaló que la asociación de colonos que encabeza Mario Alcaraz no está reconocida legalmente y no obstante ello, pretenden cobrar a los más de 130 habitantes del fraccionamiento mil 800 pesos mensuales a cambio de seguridad y mantenimiento, a pesar de que el responsable de los servicios municipales es el Ayuntamiento de Cuernavaca.

“Lo único que estamos pidiendo es que se respete la ley, lo que establece la Constitución respecto al libre tránsito. En las noches cierran herméticamente y no dejan pasar ni a las ambulancias, es por ello que exigimos al Ayuntamiento que haga cumplir el Bando de Policía y Buen Gobierno”.

Leonora Valentina Jiménez Franco criticó que en el Fideicomiso de Apoyo y Asistencia a Víctimas, el gobierno estatal sólo haya depositado dos millones de los casi 30 que fueron asignados para atender a las víctimas

Cuernavaca, Morelos.- El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Rafael Rueda Moncalián, llamó a instalar una mesa de trabajo con la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia y organizaciones de abogados, para analizar los procesos judiciales y excarcelaciones de sujetos acusados de delitos de alto impacto.

Están por cumplirse cinco años de los hechos en que la víctima perdió la vida, aparentemente, a manos de elementos de la 24 Zona Militar

Cuernavaca, Morelos.- Luego de que la fiscalía del gobierno del estado no quiere colaborar con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en la identificación de los cuerpos inhumados de manera ilegal en las fosas de Tetelcingo, la opción que prevalece es la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), consideró Iván Martínez Dunker, director del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAEM.

La presidenta del DIF estalló por la difusión de un reportaje documentado de la cadena radiofónica MVS sobre presuntas anomalías en el organismo que dirige

El caso será revisado nuevamente por los diputados locales

El grupo parlamentario del blanquiazul denuncia “revanchismo político” por votar a favor del juicio político contra el gobernador Graco Ramírez

Señalan que el gabinete de seguridad maquilla las estadísticas

Las sanciones que se proponen van desde los cinco a los 20 años de cárcel, según la gravedad del daño cometido al menor

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Es la número uno a nivel nacional con el máximo nivel de habilitación de profesores de tiempo completo con doctorado

Señalan que se movilizarán el 15 de mayo; dicen tener lista la defensa legal

Hugo Bello Ocampo denuncia que el gobernador utiliza discrecionalmente los recursos asignados al área y reitera que Juan Salazar Núñez no cumple con su obligación

El coordinador del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, Hugo Bello Ocampo, acusó al gobernador de utilizar discrecionalmente el presupuesto destinado al combate a la corrupción y lamentó el desprecio que los Poderes Ejecutivo y Legislativo demuestran hacia este comité, que con recursos propios, avanza dentro de la medida de sus posibilidades en cumplir con su misión. Además, la Fiscalía Estatal Anticorrupción hasta el momento no tiene ninguna carpeta de investigación abierta.

Expresó que la Comisión de Hacienda del Congreso se comprometió el año pasado a etiquetar recursos para las funciones del comité ciudadano, y con ello dar cumplimiento a la declaratoria de la reforma a la Constitución local que creó el Sistema Estatal Anticorrupción, pero finalmente la promesa fue incumplida.

“No se dio cumplimiento (a la reforma) porque no se mandó a hacer una modificación al decreto de presupuesto de 2015, ni tampoco se hizo ninguna asignación ni transferencia alguna al de 2016. Entonces el Comité de Participación Ciudadana y también el comité coordinador (integrado por diversos dependencias) está sin ninguna asignación de recursos, lo cual pues implica que tenga poca actividad”, dijo.

Explicó que hasta ahora los gastos de operación del comité ciudadano son costeados con los recursos propios de sus integrantes, lo que incluye la renta de una pequeña oficina, papelería y otros insumos que son necesarios para atender algunas quejas, denuncias o dudas de otros ciudadanos.

Detalló que ya están listos los planes y proyectos de trabajo del comité, pero los Poderes Ejecutivo y Legislativo han rechazado revisarlos, además de negarles el derecho de audiencia y “pareciera que no quisieran que existiéramos”.

Precisó que si bien en el presupuesto del 2016 fueron destinados por el Congreso local 30 millones de pesos para la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción, los recursos fueron considerados como una “provisión”, que permite al gobernador hacer uso discrecional de ese presupuesto.

“La provisión para la implementación del sistema estatal corrupción, así le llamaron en el presupuesto, permite que el titular del Poder Ejecutivo asigne los recursos con discrecionalidad, es decir, la Secretaría de Hacienda o través de un acuerdo del titular del Ejecutivo, se pueden asignar los 30 millones a quienes ellos consideren pertinente, lo cual es verdaderamente inaceptable, porque se supone que caminar en una línea anticorrupción pues tiene que evitar la discrecionalidad y etiquetar bien los recursos para cada órgano, para cada comité, sobre todo si están creando un comité como órgano autónomo.

“Y esa discrecionalidad nos ha llevado a ser una especie de víctimas y que no tengamos ninguna asignación de presupuesto, porque quizá no seamos muy agradables o cómodos a los funcionarios del Ejecutivo ni a los del Congreso tampoco”, afirmó.

De los 30 millones previstos para el Sistema Estatal Anticorrupción, 16 fueron asignados por el Poder Ejecutivo al Tribunal de Justicia Administrativa (básicamente para gasto corriente, homologación de salarios y pago de emolumentos de dos magistrados más), cuatro millones para la Fiscalía Anticorrupción, a cargo del ex consejero jurídico del gobernador, Juan Salazar Núñez, y de los 10 millones restantes se desconoce su aplicación o destino.

Bello Ocampo lamentó la postura de los Poderes Legislativo y Ejecutivo hacia los ciudadanos que fueron designados por la legislatura anterior para ejercer labores de observación y vigilancia del sistema anticorrupción, y afirmó que está a la espera de la resolución del juicio de amparo promovido por la omisión de los diputados y el gobernador de dotar de recurso al comité y cumplir con la reforma constitucional de agosto de 2016.

“Percibo indiferencia, indolencia y hasta desprecio de las diferentes instancias, desde el titular del Ejecutivo hasta los diputados, para que el comité inicie sus funciones como marca la Constitución”, subrayó.

Inactiva, la fiscalía anticorrupción

Por otra parte, Bello Ocampo, quien fue procurador de justicia, ha ejercido diversos cargos en la administración pública y actualmente es litigante, afirmó que pese a que la Fiscalía Estatal Anticorrupción cuenta con instalaciones y presupuesto para su operación, hasta ahora no tiene ninguna carpeta de investigación abierta.

En su opinión, esta fiscalía tiene que comenzar a trabajar y absorber los asuntos relacionados con actos de corrupción que se encuentran en la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores.

Dijo que el comité ciudadano pedirá al fiscal general, Javier Pérez Durón, que emita un acuerdo para que su homólogo anticorrupción, Juan Salazar Núñez, cumpla con la misión que le fue encomendada.

“Lo que vamos a pedir es que el Fiscal General dicte un acuerdo en el que todas las carpetas de investigación las remita a la Fiscalía Anticorrupción, porque ya tiene su oficina, su presupuesto y sus facultades en la ley para conocer y continuar con los procedimiento de investigación y resolver cuáles asuntos ameritan judicializarse y cuales no ameritan el ejercicio de la acción penal. Es decir, a partir de que ya tiene su ley pues la fiscalía tiene que trabajar y no vemos ninguna actividad hasta esta fecha”, explicó.

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